Hasta ahora, la Ley del Sector Eléctrico de 1997 establecía en su artículo 34 un sistema de limitaciones de voto por el que ningún accionista podía tener más del 3% de REE ni más del 1% en el caso de las empresas del sector eléctrico y de inversores con más del 5% en estas empresas del sector. La suma de sujetos del sector no podía superar el 40% de REE.

Además, esta ley de 1997 excluía a SEPI de estos límites y obligaba al «holding» público a mantener una participación de al menos el 10% de REE. SEPI tiene un 20% del operador del sistema eléctrico y el Gobierno anterior llegó a estudiar la venta de la mitad de esta participación, hasta quedarse en el mínimo del 10% exigido por la ley.

A partir de ahora, todas estas limitaciones desaparecerán con la nueva ley del sector eléctrico, lo que a efectos prácticos podría permitir una mayor entrada de agentes del sector en el capital de REE o la retirada total de SEPI de su capital.

No obstante, se fijan nuevas limitaciones. El artículo 30 del anteproyecto indica que ninguna persona física o jurídica podrá ejercer control de forma directa o indirecta sobre una empresa de generación o comercialización de electricidad y gas y, al mismo tiempo, ejercer de forma directa cualquier derecho dentro de REE.

En sentido contrario, tampoco se podrá ejercer control de forma directa o indirecta sobre REE y, al mismo tiempo, ejercer derechos o control en una empresa de generación o comercialización de gas y electricidad. Dicho de otro modo, el inversor tendrá que elegir dónde ejercer sus derechos, porque no lo podrá hacer simultáneamente en las dos sociedades.

Además, ninguna persona física o jurídica con control o derechos en sociedades del sector tampoco podrá participar en el nombramiento de los miembros del consejo de administración de REE. Si tiene asiento en el consejo de una empresa del sector, tampoco lo podrá tener en el operador.

Las limitaciones de la nueva ley afectará a los derechos de voto en relación con los órganos de administración, con la designación de los miembros del consejo y con la posesión de participaciones accionariales mayoristarias conforme al artículo 42.1 del Código de Comercio.

En la actualidad, el capital de REE se desglosa a razón de un 20% para la SEPI y un 80% de «free float». Al margen de la existencia de fondos de inversión con participaciones en el operador y en empresas energéticas, SEPI no dispone de inversiones destacables en el sector energético, una vez vendida su participación en Endesa como parte del proceso de OPA sobre la eléctrica.

Sin embargo, otra entidad estatal, el FROB, que controla BFA-Bankia, sí tiene participación indirecta en Iberdrola. El año pasado, al analizar el caso de Enagás, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no vio problemas en la participación de SEPI en el gestor gasista y del FROB en Iberdrola.

SEPI y FROB tienen una separación jurídica y diferentes adscripciones departamentales, al tiempo que el Banco de España, que propone a cuatro miembros de la comisión rectora del FROB, desarrolla su actividad con autonomía con respecto a la Administración General del Estado.

REE cifra en 100 millones el impacto de medidas contra el déficit

Por su parte, el operador del sistema eléctrico cifró en 100 millones de euros el impacto en sus cuentas de este año de las medidas aprobadas el pasado viernes por el Gobierno para acabar el déficit de tarifa y recogidas en un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

REE explicó que este ajuste supone un «impacto negativo relevante» que se suma a los recortes aplicados por el Ejecutivo desde abril de 2012 y que supusieron para la compañía otros 400 millones de euros.

La compañía que preside José Folgado detalló que los impactos de las anteriores medidas son recortes se vinieron materializando en el retraso de un año de los ingresos derivados de las puestas en servicio, que tuvieron un efecto en la caja de REE de casi 200 millones de euros en el 2012 y en torno a 100 millones de euros en 2013.

Además, hay que considerar otros 45 millones de euros de menor retribución en cada uno de los ejercicios 2012 y 2013 motivados por el cambio de modelo, basado en activos netos, y 50 millones de euros adicionales por diversos conceptos.

«La aportación de todos estos ajustes a la reforma energética del Gobierno por parte de Red Eléctrica entre 2012 y 2013 se elevan a casi un 18% de la retribución de la compañía», reconoció la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, REE valoró que la eliminación definitiva del déficit de tarifa redundará en un «menor riesgo regulatorio» y una valoración «adecuada» de su negocio a medio y largo plazo.

Además, el operador del sistema eléctrico expresó su confianza en que su «sólida base de partida operativa y económica» permitirá mitigar los efectos de los ajustes y afrontar los demás retos del futuro referentes a la eficiencia, capacidad de anticipación, flexibilidad y solidez financiera.

El real decreto publicado el sábado fijó el método de retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para lo que queda de 2013 y 2014.

Según las primeras estimaciones efectuadas por REE, la retribución que recibirá por la actividad de transporte, fijada inicialmente en 1.628 millones de euros para 2013, se verá recortada en unos 100 millones de euros. En 2014, la tarifa de transporte se situaría alrededor de 1.600 millones de euros, según la misma fuente.

La nueva retribución tendrá «carácter definitivo para ambos ejercicios, sin perjuicio de que en su momento se calculen y aprueben las cantidades relativas al incentivo de la disponibilidad, a la retribución a la inversión y a la operación y mantenimiento asociadas a las inversiones singulares».

La compañía añadió que el Ministerio de Industria elevará en breve al Gobierno para su aprobación un real decreto que regulará el modelo de futuro de la retribución de la actividad de transporte.