La normativa renovable coloca a España como el cuarto país con más arbitrajes internacionales

Actualmente, España cuenta con diez casos abiertos en el Ciadi, nueve relativos a la regulación renovable y uno del ámbito de la construcción presentado por el grupo inmobiliario Inversión y Gestión de Bienes (IGB) en 2012.

De esta manera, España es el cuarto país con más casos abiertos en este organismo, en el que se dirimen controversias entre empresas y países del que no son originarios, sólo por detrás de Venezuela, que suma 26; Argentina, con 22, y Egipto, con 12.

Las demandas basadas en cuestiones renovables se sucedieron desde 2013, presentadas por diversas empresas y fondos que invirtieron en plantas eólicas o solares.

La normativa renovable española, que colocó al país como uno de los destinos de inversión más atractivos del mundo en este ámbito, sufrió numerosos cambios desde 2010, con los que se redujo progresivamente la retribución de las plantas.

Así, entre otras cuestiones, se redujo el periodo de tiempo con derecho a prima, se bajaron las subvenciones y se acotaron las ayudas a la solar fotovoltaica a un determinado número de horas anuales.

Posteriormente, ya con el actual Gobierno, se estableció un impuesto a la generación eléctrica y más tarde se sustituyó el mecanismo de primas por una «retribución razonable» a lo largo de la vida útil de cada planta que, en la práctica, ha supuesto un recorte.

La primera demanda renovable, presentada por el fondo RREEF en noviembre de 2013, tiene constituido su tribunal desde julio de 2014 y ya celebró varias reuniones.

Tras ella llegaron las reclamaciones de los fondos Antin -en noviembre de 2013, con tribunal constituido en agosto de 2014- y Eiser -en diciembre de 2013, con tribunal constituido en julio de 2014-.

En 2014 se registraron cinco nuevas demandas: Masdar -empresa propiedad de Abu Dabi-, en febrero (constituyó su tribunal en julio); NextEra, en mayo; InfraRed, en junio (con tribunal constituido en noviembre); Renergy, en agosto, y RWE, en diciembre.

La última, registrada la semana pasada, fue presentada por un grupo de empresas alemanas entre las que figuran Stadtwerke München GmbH y la propia RWE.

Frente a estas reclamaciones internacionales, el Gobierno se mostró «muy tranquilo» en todo momento, en palabras del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ya que, a su juicio, la normativa no discrimina entre empresas españolas y extranjeras.