La minería es el sector que recibe un «mayor aporte de recursos públicos», según datos de Soria
En declaraciones al programa «Contrapunto» de la emisora Punto Radio, Soria se refirió a las reivindicaciones del sector de la minería para defender que el Gobierno «no tiene margen de maniobra». No obstante, el titular de Industria señaló que la minería es el sector de la economía española que cuenta con un mayor aporte de recursos públicos.
«No hay otro sector en España, ni la agricultura, ni el de servicios, ni el energético, que reciba una cuantía tan elevada como esos 655 millones de euros y que «podrían haber sido superiores si el Gobierno no tuviera que haber hecho un ajuste del déficit». Por poner un ejemplo, el sector de la automoción, que representa el 10% del PIB, recibe 220 millones de euros», explicó.
A pesar de esto, reconoció que los recursos destinados en los presupuestos al sector de la minería supusieron una «bajada importante».
Soria expuso que el acumulado de ayudas aportados al sector desde 1990 alcanza los 22.000 millones de euros y que los empleos en la minería bajaron de 45.000 a 4.000 en veinte años. También indicó que se puede acceder a las prejubilaciones desde los 40 años con ocho trabajados.
El ministro pidió a empresas y sindicatos que se sienten a dialogar con el Gobierno el plan para la minería de 2013 a 2018, ya que en enero de 2019 Europa obliga a que todas las empresas que hayan recibido ayudas desde 2011 «cierren o devuelvan lo recibido».
Asimismo, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, Soria reiteró que «la prioridad número uno que tiene el Gobierno en relación al sector de la minería y del carbón, y que reiteramos cada día, es que lo antes posible nos sentemos con sindicatos y empresarios para negociar el plan» y concretar «la hoja de ruta para desarrollar literalmente ese plan de cierre» que el gobierno socialista remitió a Bruselas.
Estas declaraciones las hizo en respuesta al portavoz de La Izquierda Plural, Cayo Lara, quien pidió al ministro que «se comprometiera seriamente con la solución del problema» y de «más esperanza» a los mineros que iniciaron una marcha desde las comarcas mineras hasta Madrid en protesta por los recortes.
Para el diputado de IU «no es comprensible que tengamos 100.000 millones de euros para tapar el agujero de la banca y no haya 190 millones de euros para resolver el conflicto del sector de la minería», como tampoco es, a su juicio, justificable, que se sacrifiquen miles de empleos por el ajuste del déficit «mientras se den amnistías fiscales a los grandes defraudadores».
«No es coherente que se acuse al Gobierno anterior de no cumplir los planes y lo utilice como excusa para reducir al sector de la minería. Es su obligación cumplir los compromisos sellados por los anteriores gobiernos«, añadió.
La diputada socialista por León, Helena Castellano, preguntó a Soria «qué plan pretende negociar si el sector con los presupuestos de este año no llega a octubre», y apuntó que «cuando no haya mineros, no habrá ningún plan que negociar».
Castellano también reprochó al ministro «que niegue a los trabajadores lo que le corresponde por derecho» y le reclamó «que trabaje para encontrar una solución al conflicto».
Asimismo, reclamó al ministro que visite las cuencas y los pozos donde hay mineros encerrados y le recordó la marcha minera iniciada hace seis días. «No se vaya muy lejos este verano porque los mineros vienen para quedarse», añadió.
En su intervención, la diputada socialista por Asturias, María Luis Carcedo, subrayó que el problema afecta «a todo el modelo energético español» y no sólo a la minería. A su juicio, se trata de un tema «de mucho calado» por lo que advirtió al ministro de que el conflicto «no se va a cerrar» con el trámite del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados.
«Está en juego el modelo energético», insistió Carcedo que apuntó que España es un país «muy deficitario» en autoabastecimiento y depende en más de un 77% del suministro de importación.
Además, la diputada dijo que el recorte del 63% a las ayudas del carbón está «anticipando un requerimiento de la Unión Europea de la disminución de ayudas en 2018 a 2012». «Cuando volvamos al siguiente periodo de sesiones estaremos asistiendo al cierre de explotaciones lo que será su responsabilidad», añadió.
Carcedo defendió el carbón como un recurso energético de futuro porque su consumo «va a ir en incremento» y las investigaciones en la combustión limpia del carbón «están avanzando», aunque lamentó que el Gobierno haya rebajado el presupuesto en el proyecto de investigación de captura de CO2 que, según apuntó, pasó de 369 millones a 28 millones de euros.
«Eso es lo que quiere hacer con el carbón. No necesita investigar porque va a acabar con ello por lo que prácticamente ha eliminado el funcionamiento del centro de investigación», agregó.
El ministro de Industria, por su parte, contestó que «el plan es el que elaboró el Gobierno del PSOE en agosto de 2011», y añadió que «es legítimo que el Partido Socialista tenga hoy una opinión distinta en relación a la minería y el carbón, que aquella que remitieron a Brusleas» hace casi un año», pero agregó que «si el PSOE plantea que se cambie el plan tendrá que traer una propuesta distinta a esta cámara y entonces el Gobierno actuará en consecuencia», añadió.
Soria también hizo hincapié en que, según el programa, el volumen de ayudas conseguidas por un Estado miembro deberá seguir una tendencia decreciente que no deberá ser inferior al 25%. «Es verdad que en 2012 la reducción ha sido del 39,2% pero no del 60%», concluyó.
Los sindicatos piden más ayudas al PP
Precisamente, los sindicatos UGT y CCOO se reunieron con representantes del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados para buscar una solución que contemple más ayudas al sector de la minería del carbón y asegure su viabilidad.
A la reunión asistieron por parte del PP el portavoz en la Comisión de Energía, Antonio Eiras; el diputado Rafael Hernando, y una delegación sindical encabezada por los secretarios generales de las Federaciones de Industria de UGT y de CCOO, Antonio Deusa y Felipe López, respectivamente.
Los sindicatos denunciaron que el PP «no se quiere sentar a dialogar» y que le «falta voluntad política» para encontrar una solución a una situación que «está abocada al cierre de las explotaciones mineras por la falta de dotación en los presupuestos generales del Estado», indicaron.
En la reunión, pidieron a los populares un plan de actuación que asegure el futuro de la compañía hasta, al menos, 2018, al tiempo que indicaron que el problema «no es económico», ya que se trata de un «coste asumible».
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, dijo que su grupo manifestó «su disposición de diálogo para buscar una solución» y que la reunión se mantuvo en un «clima positivo y bueno».
Por su parte, los empresarios mineros de Aragón dijeron que aguantarían «el golpe» y podrían hacer un esfuerzo si las ayudas bajaran sólo un 30% y no el 63% que fijó el Ministerio de Industria en los Presupuestos Generales del Estado, motivo por el que los mineros están en huelga indefinida desde el 30 de mayo.
Según Arturo Aliaga, consejero de Industria de Aragón, los empresarios indicaron a la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, que su petición para poder sobrevivir es que el Ministerio recorte las partidas a la minería en la media de los recortes del departamento, un 30 %, y que lo compense autorizando la producción de más toneladas subvencionadas.
El consejero, además, explicó que los empresarios están muy interesados en que se incremente la autorización para que puedan producir más, en tanto en cuanto la minería aragonesa es la más rentable de España, genera el 30% de la producción y sólo recibe el 8,7% de las ayudas.


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