La media distancia

Por tanto, algún día habría que tratar la construcción institucional de la democracia española especializada en extender sus tentáculos desde la política hasta los distintos ámbitos e instancias civiles, sociales y económicos hasta desactivarlos totalmente en su misión y en su esencia y pervertirlos completamente transformándolos en un engendro.

En esencia, la reforma de los órganos reguladores que se ha incorporado en la Ley de Economía Sostenible asea estos organismos, pero para las construcciones teóricas también es necesario que se sometan al test de estrés de la realidad política española y a las propias miradas torvas de un país que se halla sumido en varios procesos turbulentos que impiden la definición de un proyecto colectivo o de dotar de densidad institucional al país.

En el caso que nos ocupa, esto se basa en extender a los órganos técnicos y reguladores independientes un juego político extraordinariamente táctico antes que pensar con una mayor altura de miras exigible. Por tanto, una solución de tiralíneas para la Comisión Nacional de Energía hubiera sido que los grandes partidos sentados en una mesa, extrajeran el nombre de un conjunto de buenos técnicos, solventes que aportasen cada uno conocimientos de índole económico, tecnológico, jurídico, de mercados, partiendo de un ‘pool’ de nombres aceptables por todos los grupos, incluyendo la figura presidencial resultante. Bajo este modelo, en realidad, se podría conocer o no el nombre del grupo político proponente o no de cada nuevo consejero. Eso sería lo de menos. Lo importante sería que el resto de partidos lo acepten.

En definitiva, si se hubiera colocado como restricción previa que las propuestas de consejeros partieran de los partidos políticos pero intrínsecamente no tuvieran marcado cariz político (es decir, que no se tratara de hombres del aparato o de la estructura política, con origen en partidos nacionales o partidos nacionalistas). En caso contrario, la alternativa es volver a la situación previa pero con dos consejeros menos y haciendo ingobernable y sectario un organismo necesario, pero totalmente malogrado. Un nuevo desiderátum.

A cambio, y tras la propuesta de nombramiento de Idoia Zenarruzabeitia (con un marcado cariz político) y Tomás Gómez San Román, lo que hay es una confrontación más abierta si cabe entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español y los aparatos de los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria, con una amenaza latente de desmantelamiento tras las elecciones de 2012. Nada edificante hasta el momento, más bien inquietante.

Las propuestas conocidas para ocupar el puesto de presidente a partir del próximo 6 de junio, son dos, según lo que se ha podido conocer. En primer lugar, la candidatura de Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda, impulsada desde el Ministerio de Economía, amplifican la distancia con el propio Partido Popular al tratarse de un hombre de partido, dando razones para el divorcio letal en este organismo y su futuro, dejándolo con plomo en las alas. Por otro lado, el nombre de Tomás Gómez San Román, tapado de Miguel Sebastián y recién propuesto como consejero, sería una reedición matizada de Juan Ignacio Pérez Arriaga, se torna de facto imposible por motivos jurídicos y políticos.

Además, la aportación del entorno catalán al organismo está inmersa en una batalla donde están presentes nombres próximos a Convergencia Democrática de Catalunya y a Unió Democrática de Catalunya (el inefable «El Mundo Today» hablaba en días pasados de un nuevo partido político catalán resultante de la integración de Durán y Lleida). De esta conjunción, en todo caso, sólo se están produciendo nombres para ser triturados y todavía no se arroja luz suficiente sobre su aportación.

Hoy más que nunca, tras esta última etapa, es preciso contar con un organismo renovado, estable, profesionalizado y con prestigio. Es necesario contemplar esta situación con perspectiva y atendiendo a la media distancia como necesidad colectiva y de proyecto para un sector tan relevante como el energético en nuestro país, con importantes cuestiones por resolver. Por eso, a la luz de todo lo que se está transparentando, quedan preguntas hasta ese 6 de junio, apenas un mes y medio. ¿Serán capaces desde todas estas instancias políticas de encarrilar la reconstrucción necesaria de un organismo, como la CNE, hoy pasto de la chatarra o acabarán saboteándola? ¿Triunfará nuevamente la hegemonía?