Esta subida en el coste de la energía está en línea con la tendencia al alza de los mercados eléctricos en las últimas semanas, provocada en parte por los nuevos impuestos al sector, entre los que figuran un gravamen a la producción del 7% y diferentes tasas a la nuclear, el gas, el fuel y el carbón.

No obstante, desde el sector eléctrico consideraron que «no se ha trasladado toda la nueva carga impositiva» a la subasta y, por ende, a los consumidores finales».

Junto a este incremento de la tarifa, a partir de enero entrarán en vigor los nuevos peajes progresivos, por los que los usuarios con potencias contratadas entre 3 y 10 kilovatios y que sobrepasen en más de un 10% determinados consumos medios deberán hacer frente a recargos que podrían encarecer su recibo de la luz entre el 1% y el 8%. Por su parte, las asociaciones de consumidores advirtieron de que este nuevo mecanismo encarecerá un 3% el recibo medio.

El coste de la energía supone alrededor de la mitad de la TUR, a la que están acogidos 17 millones de hogares y pymes, mientras que la otra mitad corresponde a los peajes de acceso, con los que se pagan costes regulados como el transporte, la distribución, las ayudas al carbón o las primas a las renovables.

Como ya hiciera en octubre, el Gobierno decidió congelar los peajes de acceso con la intención de que la evolución de la TUR, que se revisa trimestralmente, dependa únicamente del resultado de las subastas que determinan el coste de la energía, denominadas Cesur.

La subasta celebrada este viernes se cerró con un precio para el producto base de 54,18 euros el megavatio hora (MWh) y de 61,15 euros para el producto punta, lo que supone incrementos del 10% y del 12,7%, respectivamente, respecto a los del trimestre anterior.

En total, se subastó una carga base de 3.000 megavatios para cada hora del trimestre y de 345 megavatios de carga punta a tres meses para cada hora entre las 08.00 y las 20.00 horas de todos los días naturales, excepto sábados y domingos, durante el primer trimestre del año 2013.

La vigesimoprimera subasta entre comercializadoras de último recurso, se cerró con un incremento del 9,1% en el precio del producto base para el primer trimestre de 2013, si bien los ajustes técnicos posteriores, relacionados con conceptos como servicios de ajustes, apuntamiento, pagos por capacidad, pérdida o prima de riesgo, arrojaron un alza final del 6,9%.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reafirmó la determinación del Gobierno a congelar los peajes y aseguró que su departamento intentará intervenir de forma «mínima» en la parte regulada del recibo.

Ante este resultado, desde el sector eléctrico, consideraron «inaudito» que Soria, afirme que «va a congelar los peajes de acceso», cuando el déficit de tarifa en octubre se sitúa en 4.030 millones de euros, 2.530 millones por encima del límite legal de 1.500 millones para el conjunto del año.

Desde julio de 2009, la TUR es la única tarifa eléctrica que fija el Gobierno y a ella sólo tienen acceso los usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios.

A lo largo de 2012, la TUR subió en abril (4%) y julio (7%), mientras que en octubre bajó el 2,4%, una rebaja que quedó anulada por el incremento del IVA en septiembre (del 18% al 21%).

Además, a estos conceptos hay que sumar las refacturaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a revisar al alza y con carácter retroactivo los consumos desde octubre de 2011.

Regulación para contener el déficit de tarifa

A lo largo del ejercicio, el Ejecutivo impulsó tres cambios regulatorios para poner fin al déficit de tarifa, un agujero de 24.000 millones de euros que se genera porque los ingresos que se obtienen vía recibo de la luz no son suficientes para cubrir todos los costes que se pretende remunerar con ellos.

La última de estas iniciativas, consistente en la creación de siete impuestos energéticos, recibió el visto bueno del Congreso con los únicos votos del PP y el rechazo de las eléctricas, tanto tradicionales como renovables, así como de gran parte de la industria, que auguró que las compañías trasladarán a sus precios los nuevos gravámenes lo que les restará competitividad.

El déficit se genera desde el año 2000, cuando el Gobierno decidió no subir la luz en la proporción necesaria para cubrir todos los costes que soporta el sistema y generar, por la diferencia, una deuda con las eléctricas que los usuarios deberán pagar durante 25 años.

El Ejecutivo prevé que con las medidas adoptadas el déficit de tarifa se deje de generar en 2013, año en el que reformará el sector para que el precio de la luz reflejo sólo el coste de generar, transportar y distribuir la electricidad y no otros conceptos.

Entre esos otros costes figuran las primas a las renovables, el sobrecoste del suministro a las islas, las ayudas al carbón, la moratoria nuclear o los intereses por el déficit de tarifa acumulado.

En concreto, el ejercicio 2012 se cierra con un exceso de déficit de casi 2.000 millones de euros sobre el tope legal de 1.500 millones de euros para el año y con la incertidumbre de que el desajuste sea incluso 1.200 millones de euros mayor si los Presupuestos Generales del Estado no asumen los costes extrapeninsulares del sistema.

Industria trasladó el excedente de déficit de casi 2.000 millones de euros a la tarifa de 2013, y pese a ello mantiene su compromiso de acabar con la generación de deuda eléctrica durante el próximo año. Para ello, confía en recaudar 3.000 millones de euros con los nuevos impuestos y en que las cuentas públicas asuman cerca de 5.700 millones de euros.

La OCU estima una subida del 5,8% el 1 de enero

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió de que tras la subasta Cesur y los cambios en la tarifa se producirá una subida de la luz en enero del entorno del 5,8%, lo que supondrá una subida de 44 euros al año para un recibo medio.

A la subida del 3% a partir del 1 de enero, hay que sumar el nuevo recargo propuesto por el Gobierno, que la OCU calculó que supondrá una subida de la factura de un 2,8%.

La OCU recordó que la subida acumulada del precio de la luz desde 2008 es de un 70% y criticó la «falta de transparencia y competencia en la fijación del precio de la electricidad, situación que se puede ver aún más agravada si el Gobierno decide eliminar la Tarifa de Último Recurso».