La liberalización eléctrica, pendiente del mercado minorista y la comercialización

Coincidente con el trámite de la ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética, se ha conocido la intención de proceder a la liberalización del mercado minorista del suministro de electricidad que da lugar a la comercialización para segmentos de potencia por debajo de los 10 kW hasta los 5 kW, incluso se ha llegado a afirmar que hasta los 3 kW, opción que parece en primera instancia descartada. De hecho, la liberalización minorista en la actividad de comercialización llegaba hasta los 10 kW, afectando sobre todo a los consumidores empresariales. Las primeras estimaciones señalan que afectará a un número de consumidores cercano a los 7 millones.

La liberalización de la tarifa regulada es y ha sido una cuestión pendiente en la configuración del suministro eléctrico en nuestro país, muy avanzado en la separación de actividades con respecto a los países de nuestro entorno. De hecho, esta cuestión pendiente incidía en la percepción torcida de los problemas sectoriales asociados al suministro eléctrico. El hecho de que los precios del kilowatio no reflejen la realidad, es decir, de que se eliminen señales en una economía o en un suministro, siempre es negativo. Y, por otra parte y en consecuencia, dicho ocultamiento ha provocado la ausencia de percepción de señales adecuadas a tiempo, siendo el origen de un número importante de problemas y burbujas a las que estamos asistiendo.

La liberalización de un mercado es fuente de competitividad en la oferta y los precios de un bien, un servicio, un producto o un suministro. La liberalización, por tanto es origen de eficiencia y también, claramente, en el sector eléctrico. De hecho la liberalización en la actividad de generación ha permitido contar con los precios más bajos de Europa en esta actividad, merced al exceso de capacidad, recogiendo estas señales en un mercado de generación marginalista, muy eficiente, con un número creciente de operadores, muy competitivo y muy participativo.

Sin embargo, en el ámbito de la comercialización esta liberalización minorista se ha venido percibiendo como lo contrario, por el perverso problema del déficit tarifario y de la intervención pública en la tarifa para «proteger» a los ciudadanos de las decisiones políticas en términos de crecimientos de los costes regulados y de las primas. Por tanto, la fantasía de unos precios manipulados políticamente ha producido resistencias a continuar con el proceso de liberalización minorista y el desarrollo de la comercialización. Eso ha generado muchas renuencias orientadas a su aplazamiento, de forma que en ese retraso han influido muchas fuerzas y tendencias, que en sí se autolimentaban.

Por ejemplo, hasta el momento, la ausencia de liberalización en el mercado minorista y el desarrollo incipiente de la actividad de comercialización era la excusa perfecta y demagógicamente impecable a la que apelaban intervencionistas y retroprogresivos del sector eléctrico como coartada para apoyarse y reclamar de forma cínica más competencia que, por otra parte, ¡no querían!. Y así, caían en la paradoja de negar la competencia y, a la vez, reclamar más competencia, sin desearlo. Intervencionistas denunciando la no existencia de competencia, por decisión administrativa. De nota.

También han influido los temores de las distintas autoridades, amedrentadas por este mismo colectivo retroprogresivo que serían expuestas a sus propias vergüenzas derivadas de las decisiones discrecionales de distribución de ingresos en ciertas tecnologías que tendrían derecho a ser «kilowatios de caviar», en el lenguaje pescadero de sus defensores. Y, consecuencia de ello, gracias a ese mecanismo, se permitía seguir a los distintos ejecutivos promoviendo tropelías en términos de costes regulados. Bastaba con decidir a posteriori un control en los precios y la generación de una deuda, denominada déficit tarifario, para resolver momentáneamente una ecuación imposible por un procedimiento político.

Por tanto, esta liberalización será un mecanismo de autorregulación para las Administraciones Públicas a la hora de decidir el crecimiento de los costes regulados y sus componentes. Queda el problema de la situación actual de las tarifas de acceso y sus ingredientes, de forma que los usuarios y consumidores se encontrarán con el «pastel» de unas tarifas de acceso muy crecidas y delirantes por la evolución reciente de sus costes regulados y primas. Y, de hecho, como veremos mañana, a cuenta de los consumidores industriales, esto es una cuestión muy importante que no se puede abordar con propuestas frívolas.

Por otra parte, la idea de que sean penalizados aquellos usuarios que no pasen a mercado libre es positiva porque acelerará su proceso de inclusión en el mercado y la generación de mercado minorista. Entender que la tarifa regulada, una protección basada en el espejismo y la mentira piadosa en los precios, se convierte en «derecho» es algo torticero. Dar liquidez y crear mercado es positivo porque aparecerán nuevos competidores y ofertas, como ya han aparecido en el suministro liberalizado actual.

Pero hay dos efectos positivos más añadidos. El primero es que la tarifa eléctrica dejará de perder atención en el proceso de decisiones políticas que, trimestralmente, ya supone mucha fatiga en su desenlace. Y, el segundo es que se trata de un paso más en el alejamiento del modelo retroprogresivo basado en la intervención de los mercados y de los precios. Cada vez es más difícil el retorno a los mecanismos de planificación centralizada e intervención en el desarrollo de la actividad, del sector y del suministro eléctrico y en el desarrollo longitudinal de sus actividades.

Es, por tanto, un buena noticia que se avance en lo que estaba pendiente. Adelante.