La Junta de CYL «forzará» el recurso contra el «decretazo ideológico» de Zapatero

Así lo explicó el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, en después de la reunión del Consejo de Gobierno y aseguró que el recurso se presentará por sentido común y en defensa de los «1.000 trabajadores» de la central nuclear.

Además, recordó que la modificación en 2008 de la ley sobre las nucleares incluye la audiencia a las comunidades en las que se asienta una central, algo que no se ha producido y que también analizan los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León.

El Gobierno regional entiende que el Ejecutivo central tenía que haber pedido su opinión después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiese su informe a favor de conceder un permiso por otros 10 años a la planta.

El Gobierno central sólo escribió a la Junta para la posible presentación de alegaciones de tipo ambiental en 2008, dos años después de que la empresa Nuclenor pidiera oficialmente un nuevo permiso para la central. En ese momento, no hubo alegaciones de la Junta por entender que no existían problemas medioambientales para que la central seguirá operativa.

De Santiago-Juárez recordó al presidente del Gobierno que antes que el cumplimiento del programa electoral está el respeto a los ciudadanos, a los trabajadores de la central y a las Cortes de Castilla y León, que aprobaron una proposición a favor de que Garoña siguiera activa en caso de que el informe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) fuera favorable.

Como el Gobierno no se dirigió a la Junta de Castilla y León después de que se conociera el dictamen del órgano de expertos, el presidente Juan Vicente Herrera remitió una carta a Rodríguez Zapatero en la que exponía las razones por las que para el Ejecutivo autonómico la central debe mantener la actividad hasta 2019, conforme al informe de los técnicos del CSN, «que son los que saben», añadió el consejero portavoz.