La Junta de Castilla y León se impone «líneas rojas» antes de fijar el canon a las eléctricas

En concreto, las condiciones que ha establecido son mantener el principio de seguridad jurídica -para lo que se elaborará un estudio técnico específico-, que los ingresos obtenidos por este impuesto se dediquen a fines medioambientales y sociales, que exista «garantía jurídica» de que las eléctricas no podrán repercutir el canon en los consumidores -familias y empresas- y, por último, «que no sea contraproducente para la actividad económica de la Comunidad».

Así lo ha detallado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, al término del Consejo de Gobierno que ha analizado la viabilidad de esta medida, surgida a raíz del consenso entre los grupos parlamentarios y de los recursos judiciales planteados por las eléctricas al Real Decreto que apoya el consumo del carbón autóctono.

En palabras del portavoz, el establecimiento de este canon «es muy complejo», por lo que ha adelantado que la Junta de Castilla y León se dedicará a este asunto a partir de ahora con «sosiego, prudencia, reflexión y desde un estado de ánimo frío, con el máximo respeto a todos».

El acuerdo básico alcanzado en la reunión del Consejo de Gobierno, además del establecimiento de esas «cuatro líneas rojas», ha sido crear un grupo de trabajo dentro del Ejecutivo que «profundice en el estudio» y que estará abierto a la participación y aportaciones de los grupos parlamentarios (PP, PSOE y Mixto), dado que fue de este ámbito del que partió la iniciativa.

El consejero ha detallado que se está analizando las tasas que se cobran en otras comunidades y en el caso de Galicia y Extremadura -los dos cánones más amplios- el cobro de estos impuestos a las eléctricas no se ha repercutido a los consumidores, aunque ha insistido en que lo que quiere la Junta de Castilla y León es una «garantía jurídica».

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, también presente en la rueda de prensa, ha lamentado la «difícil» situación por la que atraviesan los mineros y las empresas dedicadas a la extracción de carbón, aunque ha remarcado que las compañías están «respondiendo a sus responsabilidades».

Villanueva ha pedido al Gobierno que hable con las eléctricas para intentar resolver la situación extrajudicialmente y haciendo valer que hace poco «les ha resuelto el importante problema del déficit de tarifa».

En este sentido, el vicepresidente segundo de la Junta ha recalcado que la situación puede volverse «crítica» si las empresas mineras tienen que entrar en el procedimiento concursal al no recibir ingresos, ya que esta «dinámica muy complicada» puede llevar a que ni siquiera las administraciones públicas puedan tomar medidas que solucionen el problema.