La Junta de Castilla y León reclama al Gobierno que aclare el plan de cierre de la minería en el año 2018

El Ejecutivo regional exigió el trámite de audiencia y la remisión oficial del Plan, en lo que afecte a las unidades de producción de Castilla y León, al considerar que puede suponer una violación competencial ya que no se tramitó en coordinación con las comunidades autónomas afectadas.

Así, el Gobierno de Castilla y León pidió participar de forma activa en cualquier decisión que se adopte para el sector.

La reclamación de Castilla y León se efectuó mediante una carta del consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, al secretario de Estado de la Energía, Fabrizio Hernández.

En la misiva también mostró el malestar del Gobierno regional en relación con la elaboración y envío por el Instituto para la Reestructuración del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del «Plan de cierre de las unidades de producción españolas de carbón».

En la carta, Villanueva advirtió al Ministerio de la posible impugnación y suspensión cautelar del citado Plan al considerar que puede suponer una violación competencial ya que no fue tramitado en coordinación con las comunidades autónomas afectadas.

Castilla y León podría solicitar la suspensión cautelar del documento en tanto la Comunidad Autónoma no se pronuncie al respecto, para lo que analizará tanto la dimensión como las características de un sector minero que está atravesando una dura reconversión, según las mismas fuentes.

El Plan de Cierre afecta no sólo a la planificación y objetivos marcados por la política económica general del Estado, sino a la competencia ejecutiva que se deriva del Art. 76.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, sin perjuicio de otras competencias autonómicas.

En Castilla y León, el carbón genera empleo para un total de 2.900 trabajadores de forma directa.