La Junta de Castilla y León denuncia que Nuclenor queda sumida en la «indefensión»

Tomás Villanueva se ha preguntado ante los periodistas quién va a financiar las inversiones necesarias para un periodo tan corto como el establecido y ha agregado que la decisión del cierre se ha tomado al margen del procedimiento legalmente establecido.

Para Villanueva, que también es consejero de Economía y Empleo, no hay explicación de por qué se cerrará en 2013 y no en 2011 o en 2019.

La decisión, en opinión del representante de la Junta de Castilla y León, obedece a razones políticas del PSOE, a cuyos dirigentes les ha recordado que «quien la hace la paga» y les ha instado a proponer soluciones para la zona burgalesa del Valle de Tobalina, donde se asienta la central.

Por tratarse de «un disparate, técnica y políticamente», la decisión tendrá la reacción de la sociedad, ha pronosticado Villanueva, quien ha comentado que a la Junta de Castilla y León se le ha comunicado la decisión sobre el cierre «hace tan sólo unas horas; y a esto lo llaman cooperar».

«Zapatero tendrá que explicar el cierre de Garoña»

Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que el cierre de la central es un «capricho» muy grave del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que éste tendrá que explicar en qué se fundamenta.

Así lo ha declarado a los periodistas tras conocer la fecha oficial del cierre de Garoña en 2013, una decisión con consecuencias muy graves, en especial para las más de mil familias de Castilla y León cuyo empleo depende de la central.

Santiago-Juárez ha criticado que el Gobierno no haya tenido en cuenta el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, en el que se estimaba en diez años más la vida útil de Garoña, ni la voluntad de las cortes castellanoleonesas, que respaldaron hace un año por unanimidad el mantenimiento de las instalaciones.