La Junta de Castilla y León defiende la legalidad de las autorizaciones eólicas denunciadas

Tras conocerse la información publicada por el diario El País, en la que se habla de un informe que la Agencia Tributaria ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción sobre la existencia de supuestos pagos de comisiones en Castilla y León por importe de 110 millones de euros, Villanueva lamentó que la AEAT no haya pedido información a la Junta sobre este caso. De hecho, el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, indicó que van a remitir de forma urgente a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes sobre las autorizaciones de los parques eólicos en la comunidad, y que el consejero va a comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para informar sobre este asunto.

Villanueva explicó que su departamento ha hecho un primer análisis sobre la concesión de autorizaciones en los periodos y a las empresas aludidas en la información periodística, aunque no descartó la posibilidad de extenderlo a todos los procedimientos aprobados por la Junta de Castilla y León para abundar en la «transparencia y colaboración» que ha ofrecido a los tribunales de justicia. Villanueva distinguió el procedimiento de autorización de la instalación, en el que sí interviene la Administración autonómica, de las operaciones que, según la Agencia Tributaria, se produjeron después entre las empresas, lo que el consejero considera «relaciones entre particulares«.

El titular de Economía señaló que «nunca» ha habido denuncias ni impugnaciones de empresas por supuestos tratos de favor a otras compañías en procedimientos de este tipo, ya que las únicas alegaciones que se tramitaron tenía una naturaleza medioambiental, debido a que estas autorizaciones se sometían a examen de impacto ambiental. Preguntado si le consta que uno de los supuestos beneficiarios, en aquel momento consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, era titular de una de las compañías que al parecer se vio involucrada en estas prácticas supuestamente fraudulentas, según la información de El País, Villanueva respondió que «evidentemente no me consta», ya que «se hubieran tomado medidas».

Sobre otro de los citados, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, fuera del departamento desde el inicio de esta legislatura, Villanueva señaló que tiene «el mayor respeto» hacia una persona «muy preparada», aunque negó tener contacto con él desde hace cuatro años. Villanueva reconoció que estas informaciones generan «alarma» y la sociedad «necesita una aclaración», pero reclamó «respeto» por los tiempos de la Justicia, a la que trasladó su «plena confianza» y ofreció su colaboración.

El consejero, que ya anunció que deja el cargo al final de la legislatura, asumió que le hubiera gustado «que no hubiera problemas» de este tipo, pero argumentó que como integrante del Gobierno «hasta el final hay que dar aclaraciones«. «Lo mejor es la transparencia y la colaboración», remarcó Villanueva, quien vinculó estas informaciones al «periodo electoral», en el que «todo se fracciona», pero confió en que «la gente valore» a su partido «por lo que ha hecho en Castilla y León, que es mucho».

Iberdrola defiende sus proyectos eólicos

Iberdrola Renovables de Castilla y León (Ibercyl) aseguró que los proyectos eólicos que puso en marcha en esta comunidad se desarrollaron «siempre en el marco de la más estricta legalidad«. De este modo Iberdrola reaccionó a la información publicada por El País en la que se apunta a que la Agencia Tributaria denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto pago de comisiones por importe de 110 millones de euros para facilitar la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, vinculando esta práctica con altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo.

Según este diario, la mayor operación eólica que investiga Hacienda es una realizada entre Iberdrola Renovables en Castilla y León y la empresa San Cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva, quien fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Fuentes de Iberdrola aclararon que las operaciones de compraventa que ha realizado su filial en Castilla y León, Ibercyl, «siempre se materializaron en base a valoraciones de mercado«.

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