La jaula de Faraday

La largamente anunciada y nada negociada reforma eléctrica para acabar con el déficit tarifario tiene muy mala pinta, políticamente hablando. Y no nos referimos únicamente a su contenido (que ya hemos recogido, enumerado, explicado, detallado y comentado en Energía Diario).

Tampoco nos referimos al proceso de elaboración conducente a ella, probablemente uno de los orígenes de que hoy tenga esa mala pinta; cómo el equipo energético de Industria se metió en una jaula de Faraday, en la que no se pudiesen recibir señales del exterior, para repartir estopa a diestro y siniestro, desde una posición de superioridad y de soberbia en la selección de damnificados para no abordar la causa y el origen del problema del déficit tarifario: la política española y sus clases extractivas limitando el precio de la electricidad y, a la vez, aumentando los costes regulados, con una política energética inexistente y manirrota desde 2002.

Así, la reforma ha sido operada con poca experiencia y escaso oficio gestor y negociador en situaciones tan delicadas y complejas como la que precede, tanto en el plano internacional, como en el económico, el diplomático o el financiero. En Moncloa eso se sabe, pero las comparativas relativas a los problemas en la agenda, cambian la medida con el resto de asuntos en gestión del Ejecutivo, Bárcenas inclusive.

Ni siquiera nos referimos, con esa mala pinta, a los efectos que se han ido conociendo para los distintos sectores y subsectores del suministro eléctrico. Aunque dichos efectos influyan en ese mal aspecto, como veremos después.

Nos referimos a su estado, a su presencia, a su apariencia de ‘mala salud’. Aludimos a esa impresión que transmite la reforma de que es un “Ecce Homo”, tras su abrupta y precipitada presentación política en Consejo de Ministros, tras el incidente entre Hacienda e Industria. La resistencia y fatiga de materiales de la propuesta en menos de un mes es muy grave para el actual equipo de Industria.

Cuatro elementos se han combinado en el deterioro de sus constantes vitales. El primero, procede del término “rentabilidad razonable” que se aplica de forma oportunista y ventajista, bordeando los pronunciamientos del Tribunal Supremo como único aliado. Dicho “paradigma” se aplica a los activos que forman parte de los costes regulados: distribución y renovables, fundamentalmente.

Dicho de forma esquemática, el mecanismo consiste en fijar una tasa de rentabilidad teórica (tipo de interés de los bonos a diez años más punto y medio) a partir de la determinación de unos costes estándar que también se fijan reglamentariamente. A partir de ahí, en el caso de las renovables, se determinarán los costes estándar a los que aplicar este mecanismo de reliquidación de la toda la vida del activo. Dicho elemento confiere enorme trascendencia a los pasos regulatorios posteriores que establecerán los mecanismos de determinación del valor de los activos, mediante coste estándar. Promete ser una guerra de guerrillas.

El segundo flanco de la reforma proviene del ámbito la diplomacia económica. El conocimiento de la entrevista entre Fulvio Conti, presidente de Enel, con José Manuel Soria, ministro de Industria, es un indicador clave de que las cosas han pasado a mayores y que los escarceos de aprendiz de brujo de nuestras autoridades van a ir en serio y a pasar al ámbito de las relaciones económicas de Estado. A esto se unen los anuncios de judicialización y de un aluvión de arbitrajes internacionales, procedentes de otros países afectados por motivos financieros y de titularidad de los activos, por la batería de medidas operadas desde enero. Atención a Alemania, Estados Unidos o Japón.

Hay que recordar que los mercados tienen información perfecta y no se creen las declaraciones de los laboratorios oficiales de comunicación política con las que se adorna la presentación de las reformas a la opinión pública, para presentar la misma en términos de “daños para todos” y “caña a las empresas”. O, bueno, les da lo mismo.

En ese plano internacional, como una bomba de racimo, se ve con enorme preocupación en la Unión Europea la impericia de las autoridades energéticas españolas para no salir del esquema de las clases extractivas españolas en la resolución del problema del déficit tarifario, afectando gravemente al funcionamiento de los sectores, los mercados financieros y las empresas. Y máxime si se tienen en cuenta las maniobras previas para agravarlo por intereses de opinión pública o electorales que han amplificado el problema (como las rebajas de tarifas realizadas hace solo unos meses). Si a eso añadimos el adanismo con el que se ha tratado la cuestión, la frivolidad con la que se trata el valor de la estabilidad jurídica y regulatoria, y la falta de confianza de los agentes empresariales en las autoridades e instituciones energéticas de este Ejecutivo, el conjunto es letal.

El tercer flanco es la comprobación (incluso la propia convicción, con los números finales) de que se les ha ido la mano con determinados sectores, actividades y empresas, provocando efectos demoledores tras la combinación de las amputaciones realizadas desde enero de este año. Que esa supuesta distribución calculada y cacareada de daños, ni era tan equilibrada y ni estaba tan afinada. Que el alcance ha sido desmedido. La vesania y soberbia se han multiplicado sin mucha medición del alcance.

Y, el cuarto flanco, para rematar, es el error regulatorio de 950 millones de euros, incorporado en el último Real Decreto Ley, que ha encarecido las primas y los costes regulados. Si a esto unimos los últimos ajustes que ha detectado la CNE, señalando la sobrevaloración de ingresos por el alza de la factura en 210 millones, el panorama es pavoroso. Una grave falta de credibilidad que afecta a la aritmética y que se combina en un momento fatal para José Manuel Soria.

Parece que en la tramitación de la reforma, sus decretos y piezas separadas, va a ser necesario un ajuste muy fuerte a semejante engendro y a la escabechina que provoca. La reforma de la reforma. Incluso la retirada o fracaso completo de la misma, con el fuerte desprestigio que eso supondría para el equipo actual de Industria y para el Ejecutivo, presos en su jaula de Faraday.