La industria siderúrgica muestra su «profundo descontento» con la subasta de interrumpibilidad y espera las medidas del Gobierno

Estas subastas sirven para asignar entre los grandes consumidores de electricidad el llamado servicio de interumpibilidad, por el que estas empresas obtienen un incentivo a cambio de comprometerse a reducir su consumo cuando lo requiera el sistema eléctrico. La reciente puja para 2015 ocasionó un coste por este servicio de 350 millones de euros, frente a los cerca de 500 millones de euros previstos por el Gobierno.

Por este motivo, la patronal siderúrgica consideró que el resultado del reciente proceso de subastas del servicio de interrumpibilidad tuvo resultados «muy insatisfactorios» para esta industria, que advirtió, puede ver seriamente amenazada su posición competitiva, y es que la interrumpibilidad era hasta ahora la «herramienta» para «alinear» el coste de la energía de la siderurgia española con la de los principales países europeos.

En este sentido, lamentaron que el sistema de subasta, diseñado para minimizar la retribución por la prestación del servicio, haya ocasionado una drástica reducción de la misma, lo que unido a la «gran» volatilidad de los precios en España «dificulta, cuando no impide, un mínimo de planificación industrial».

El sistema eléctrico se caracteriza por «un precio spot errático en función de las condiciones meteorológicas y unos costes regulados imputados a la industria «cuatro veces más caros que en Alemania», afirmó.

Se produce además «una falta de visibilidad en el precio a largo plazo, con frecuentes cambios normativos y mecanismos como el de subastas de interrumpibilidad, que hace que no se pueda planificar más allá de un año», lamentó la asociación, antes de considerar que el Gobierno debe afrontar estas circunstancias tratándolas como «un problema de política industrial».

Como ejemplo, citó Unesid, Alemania aportó este año alrededor de 300 millones de euros a la industria electrointensiva para la compensación de los costes indirectos de CO2 mientras en España el presupuesto era de 1 millón y no se materializó.

Asimismo, recordaron que cuando el Gobierno decidió modificar el sistema de gestión de la interrumpibilidad, Unesid ya manifestó su preocupación y advirtió de los efectos «perversos» que tendría el nuevo sistema sobre la supervivencia de la industria que consume mucha electricidad, y en particular sobre la industria siderúrgica en España.

Unesid recurrió entonces las disposiciones normativas que se han ido modificando y el recurso está pendiente de resolución por parte de los tribunales.

Por otro lado, Unesid insistió en que «la industria siderúrgica es uno de los pocos sectores económicos que no tiene ninguna ayuda pública, ya que está expresamente excluida de las ayudas, con algunas excepciones regladas», y añadió además que sabe desarrollar su negocio «sin necesidad de recurrir al bolsillo del contribuyente».

Sin embargo, aseguró que la industria siderúrgica necesita poder competir en los mercados internacionales sin estar lastrada por decisiones administrativas.

Por ello, reclamaron que se libere a la industria siderúrgica del pago de cargas que no se corresponden con los costes inherentes a la generación de la energía eléctrica, tal y todo hacen otros países y con plena sujeción a la normativa de competencia europea.