La industria nuclear asegura que es «técnicamente viable» operar las centrales durante más de 40 años con la misma seguridad y fiabilidad

Este jueves PSOE, IU, PNV, Equo, ERC, BNG, Compromís, Amaiur y Nueva Canarias firmaron un pacto en el Congreso de los Diputados en el que se comprometen a «no reabrir» la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) «tan pronto las circunstancias legislativas lo permitan» y a apostar por un nuevo modelo energético que «deje atrás la energía nuclear tras un periodo de transición». No votaron a favor ni el PP, ni UPyD, ni CiU, así como los diputados de UPN y Foro Asturias.

Así, Cornadó respondió que la operación a largo plazo del parque nuclear constituye una «garantía de independencia y diversificación del abastecimiento energético», al tiempo que mantiene la capacidad tecnológica de la industria en España y proporciona «estabilidad» al funcionamiento del sistema eléctrico y «respeto por el medio ambiente».

Al mismo tiempo, recordó que en España el funcionamiento de un reactor «no tiene plazo fijo» y que las autorizaciones de explotación concedidas en los últimos años se conceden por diez años y se renuevan periódicamente. A este respecto, apuntó que en los nuevos reactores de tercera generación, «uno de los requisitos considerados en su diseño es el de autorizar la explotación durante 60 años desde la puesta en operación de las mismas».

El representante del sector nuclear defendió que si en España se operaran los reactores durante 60 años, estos generarían la electricidad de todo el país durante cinco años, evitarían la importación de 100 millones de barriles de petróleo y la emisión a la atmósfera de entre 30 y 40 millones de toneladas de CO2.

Cornadó también expuso que los «requisitos adecuados» para que se considere operar «a largo plazo» una planta pasan por que se garantice la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria con decisiones sobre el modelo energético que «se basen en un consenso de futuro-país acordado por todos los agentes involucrados».

Además, añadió que también se requiere seguridad y fiabilidad adecuada a través de la modernización de los reactores, un equipo humano formado cualificado y «motivado», así como una adecuada supervisión técnica por parte del organismo regulador, y una integración social y aceptación pública e institucional que permita la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos con «transparencia y consenso social».

Para el presidente del Foro Nuclear en la actualidad la vida de diseño de 40 años, prevista inicialmente para una central nuclear «ha resultado ser una previsión conservadora» y agregó que con las mejoras técnicas introducidas en los equipos y componentes han «probado» que la planta experimenta «menos situaciones en condiciones severas de funcionamiento que las previstas inicialmente».

Finalmente, señaló que esta operación a largo plazo ya es una realidad en el 75% de las centrales nucleares de países como Estados Unidos. «La práctica internacional reconoce que el continuo y exhaustivo seguimiento de comportamiento de los equipos conlleva que se puedan ampliar la vida de dicha instalación con garantías de seguridad y correcto funcionamiento», concluyó.

Los ecologistas celebran el acuerdo de la oposición sobre Garoña

Por su parte, Amigos de La Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/ BirdLife y WWF calificaron de «paso muy importante» que la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso hayan reclamado el cierre definitivo de Garoña.

Los ecologistas señalaron que «el amplio rechazo social y político a cualquier intento de reapertura de Garoña contrasta con la intención del Gobierno español de reabrir esta central», ya que así se recoge en la Planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, que incluye la vuelta a la actividad de la instalación.

Las organizaciones reclamaron a los partidos políticos que suscribieron la declaración que «se mantengan firmes y en oposición activa ante el intento del Gobierno de ampliar la vida de las centrales nucleares a 60 años, tal y como reclaman las compañías eléctricas».

Además, solicitó que se dirijan directamente a Iberdrola y Endesa, propietarias de la central nuclear de Garoña a través de la sociedad Nuclenor, para hacerles llegar su rechazo a la ampliación de la vida operativa de «esta obsoleta y peligrosa central nuclear que ya lleva dos años cerrada y desacoplada de la red eléctrica sin que haya significado problema alguno para la seguridad del suministro eléctrico».

A este respecto, recalcaron que el reactor de Garoña es gemelo al reactor número uno de la central de Fukushima, protagonista del accidente nuclear acaecido en Japón en 2011.

«Garoña es la central nuclear más antigua de la Unión Europea y la quinta del mundo, una nuclear envejecida presenta serios riesgos para la población y el medio ambiente y existen muchas alternativas más seguras como las energías renovables«, indicaron.

Las organizaciones medioambientales subrayaron los riesgos derivados del envejecimiento de Garoña son «insalvables», ya que ciertas partes esenciales de los reactores nucleares no pueden ser sustituidas, los reemplazos y las actualizaciones introducen nuevos riesgos por las diferencias en la compatibilidad, la pérdida de personal experimentado conduce a la desaparición de unos conocimientos de vital importancia y por el aumento del almacenamiento del combustible nuclear gastado.

Por último, las ONG abogaron por que se ponga en marcha el plan de reactivación económica de la zona próxima a Garoña, acordado en la anterior legislatura con el fin de «buscar alternativas económicas sostenibles, limpias y seguras».