La industria fotovoltaica «no espera nada» de los «parches» que se van a introducir en el decreto que recorta sus primas

Durante un desayuno del Foro de la Nueva Energía, organizado por Nueva Economía Fórum, Javier Anta explicó que esta iniciativa forma parte del frente judicial abierto por la asociación después de constatar que ni el Congreso ni el Senado a través de enmiendas a la Ley de Economía Sostenible han detenido la aplicación del real decreto ley.

«No espero nada del legislativo, y tengo noticias de que CiU y PNV retiraron las enmiendas que defendían con tanto ardor», de modo que «sólo queda la vía judicial», aseguró Anta, quien, en todo caso, calificó las modificaciones estudiadas por la Cámara Alta de «parches» que «se van a quedar en nada».

Esas enmiendas son sólo «paños calientes» que no solucionan el verdadero problema: la falta de confianza que ha introducido el Gobierno al aplicar medidas retroactivas en la financiación que reciben las plantas fotovoltaicas. «Nadie se imaginaba que el Gobierno se atreviera a quebrar así el principio de confianza», dijo.

«Eran convenientes y estaban muy bien trabajados, pero por la información que tengo se van a quedar en nada», señaló, antes de considerar que al giro en la posición de los grupos nacionalistas se suma la posición del PP que ha rechazado de plano el texto y que, a pesar de ser «favorable», «ni es pragmática ni ayuda, pese a ser respetable. Su posición no nos ayuda», señaló.

Anta sostuvo que, en las negociaciones con el Gobierno, antes de que este aprobara el decreto, «les indicamos formas de obtener los ahorros que querían, de 740 millones al año; se podían hacer muchas cosas; todo menos lo que se ha hecho», defendió.

Para el presidente de esta patronal, es preciso dar tiempo al conjunto del sector eléctrico para que asuma el cambio de paradigma que supone la introducción de las renovables. «No se puede poner puertas al campo. El sector tradicional se tiene que dar cuenta de que estamos aquí y adaptarse al nuevo escenario», sostuvo.

Recurso ante el Tribunal Supremo y cita con la Defensora del Pueblo

Ante esta circunstancia, ASIF ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en contra del real decreto 1565/2010 de noviembre que reduce a 25 el número de años con derecho a prima e intentará que prospere algún recurso de inconstitucionalidad, ya sea a través de la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, (con la que se reunirá el lunes), de los distintos organismos autonómicos de este tipo, de 50 parlamentarios o de las propias demandas de daño patrimonial de los productores fototovoltaicos.

Sobre este último aspecto, Anta explicó que la asociación ha creado junto a KPMG una plataforma para que «todos los individuos que quieran puedan reclamar un daño patrimonial ante el Tribunal Supremo, para lo que deberán recurrir mes a mes las liquidaciones de primas» que realiza la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El presidente de ASIF señaló además que, a pesar de que «hay factores positivos que empujan a la inversión», el momento actual está marcado por la posibilidad de que en agosto o en septiembre se empiecen a producir «embargos» a promotores incapaces de responder a las exigencias de financiación de las plantas. «Estoy hablando del gran inversor, pero también hablo de la señora María, que se hipotecó con el banco», dijo.

Además, lamentó la «campaña mediática» contra la fotovoltaica en la que se presenta a los productores como «timadores» y subrayó que en las inspecciones de la CNE se analizan especialmente las plantas «sospechosas», de modo que los resultados no pueden extrapolarse al conjunto del sector. En ese sentido, dijo haber preferido que el Gobierno .

El presidente de Asif criticó, además, la falta de «valentía decidida» del Ejecutivo contra el fraude en la industria fotovoltaica. «Lo ha intentado atajar de forma tímida y sin mandar un mensaje claro. Nos hubiera gustado que «luchara de forma más decidida contra el fraude» y que hubiera inspeccionaran todas las plantas y les hubiera quitado la tarifa» a aquellas que no cumplieran, declaró.

En cualquier caso, Anta consideró que tampoco es acertado hablar de «descontrol» en la fotovoltaica, sino valorar que, simplemente, «algunos papeles se dieron demasiado rápido».

Explicó que la rapidez de desarrollo de esta tecnología, la facilidad de los créditos que se concedieron (que, ahora, supone un problema para muchos inversores) y la abundancia de primas contribuyeron a que el objetivo de 400 megavatios planificado para 2010 se multiplicara por diez.

Por otro lado, Anta replicó a las afirmaciones del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, acerca de que en el sector fotovoltaico se había producido una burbuja similar a la de otras actividades económicas en el pasado. En su opinión, se trató meramente de unas circunstancias favorables que acabaron por introducir desequilibrios y tensiones en el sector eléctrico.

En este sentido, reconoció que un crecimiento tan fuerte como el que tuvo la fotovoltaica en 2008 no fue óptimo. «Ahora vemos que era insostenible», dijo.

«Es necesario que haya un mejor Gobierno»

Junto a esto, consideró «fundamental» que haya «un mejor Gobierno», y con esto «no quiero decir de otro partido; puede ser de este mismo, o incluso este mismo. Pero tiene que hacer las cosas distintas; hay que remediar lo que el Gobierno ha hecho», que «abandone las posiciones actuales» y que «remedie lo que ha hecho» el actual.

Anta defendió, en este sentido, la necesidad de que se refuerce el equipo ministerial encargado del régimen especial (renovables y cogeneración) y que se abandonen posturas «agresivas y discriminatorias» entre tecnologías renovables «hermanas». Una actitud que, añadió, tampoco comprende la Unión Europea, que ha arremetido contra la retroactividad de las medidas del Ejecutivo español.

El Ejecutivo, señaló, debe aprobar además «urgentemente» una simplificación de procedimientos administrativos, para que sean más ágiles y menos caros, ya que España es el «último de la clase» en Europa en este aspecto, señaló.

Otras de las medidas que conviene aplicar, a juicio de Anta, es la «legalización del autoconsumo» fotovoltaico y un «reforzamiento del equipo ministerial que se ocupa del régimen especial», de forma que Industria abandone «sus posiciones discriminatorias y agresivas» contra la fotovoltaica.

Reivindicó, asimismo, la importancia de una industria que consta de más de 54.000 instalaciones, emplea a más de 28.000 personas y ha movilizado, en los últimos cuatro años, una inversión de 25.000 millones de euros, de los cuales cerca de 10.000 millones son inversión extranjera.

Destacó, además, la fuerza con la que otros países europeos están apostando por esta energía, en especial Alemania (supone cerca del 80% de la inversión europea en esta industria actualmente), pero también Italia y Francia.