La industria eólica sólo consigue instalar un aerogenerador durante el primer semestre del año y se queda sin pedidos para el mercado nacional

Tras la incorporación de este aerogenerador, instalado en Galicia, la potencia eólica total del sistema eléctrico nacional se situó en 22.970 megavatios (MW) a cierre del primer semestre.

Durante los seis primeros meses del año también entraron en funcionamiento los 11,5 MW de Gorona del Viento, en la isla de El Hierro, un parque experimental único en el mundo por su carácter híbrido eólico-hidráulico, con una retribución específica asignada exclusivamente a esa instalación.

La AEE, que recordó que la nueva regulación no incluye más incentivos para proyectos experimentales, consideró que la reforma energética «hace muy difícil que se acometan nuevas inversiones en el país» debido a la inseguridad jurídica y a que la norma «no garantiza la rentabilidad razonable».

«No está claro si acabarán por ponerse en marcha los 177 MW no instalados pero inscritos en el registro de preasignación», advirtió la asociación, antes de asegurar que las empresas titulares de 928 MW inscritos renunciaron a instalar la potencia asignada como consecuencia de la nueva regulación.

La «sequía de nuevas inversiones» ya tiene un impacto directo en la industria eólica, que se quedó sin posibilidades de nuevos pedidos para el mercado doméstico y se enfrenta a la disyuntiva de cerrar fábricas y quedarse o marcharse de España, afirmó la asociación.

Ante esta circunstancia, AEE consideró fundamental que el Gobierno reserve un «lugar destacado» a la eólica dentro del nuevo plan de impulso a la industria.

«La difícil tesitura en que se ha situado a la eólica como consecuencia de la nueva regulación exige que se tengan en cuenta sus nuevas y difíciles circunstancias de cara a las nuevas decisiones regulatorias en ciernes», afirmó, antes de recordar que esta tecnología ha sido la más afectada por los recortes en el sector eléctrico.

El sector teme que las órdenes ministeriales pendientes de la reforma energética, entre ellas la de interrumpibilidad o la de los pagos por capacidad, impliquen nuevos costes «con efectos devastadores» para la eólica.

«En la segunda parte de la reforma fiscal en la que trabaja el Gobierno se deberían tener en cuenta las peticiones del sector en torno a la racionalización de los impuestos autonómicos de supuesto carácter medioambiental o la eliminación de la tasa del 7% sobre la generación eléctrica«, afirmó.