La industria eólica cree que las subastas para las renovables no resuelven la inseguridad jurídica y rebajan un 60% los incentivos

La patronal del sector eólico indica que la iniciativa del Ministerio de Industria supone un reconocimiento de que España necesita instalar más potencia eólica para cumplir con los objetivos europeos de consumo de energías renovables en 2020. En este sentido, Industria remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dos borradores de nueva normativa en los que prevé convocar una subasta para la instalación de 500 MW eólicos y 200 MW de biomasa con retribución regulada, lo que en la práctica supondrá el fin de la moratoria renovable vigente desde enero de 2012, así como un borrador con sus parámetros retributivos.

La AEE señala que al mantenerse la reforma eléctrica, normativa que permite modificar las condiciones económicas cada seis años, los inversores que se planteasen instalar nueva potencia eólica «desconocerían la rentabilidad de los proyectos que acometan más allá de ese horizonte temporal, lo que aumenta exponencialmente el riesgo de la inversión«. La patronal eólico indica además que «las trabas administrativas» para instalar nuevos parques y repotenciar los existentes «complica la situación y no contribuye a que se recupere la confianza».

Puesto que ahora es periodo de alegaciones al proceso, la AEE se muestra dispuesta «a colaborar para mejorar el sistema». Respecto a los objetivos europeos, indica que los 500 MW que el Gobierno plantea, tanto en nuevas instalaciones como la sustitución de máquinas antiguas por nuevas, «están muy por debajo de los entre 4.553 y 6.473 MW eólicos que el propio Ministerio señaló como necesarios en el avance de Planificación hasta 2020«, revelado en diciembre.

En cuanto a los incentivos a la inversión de los nuevos parques previstos por Industria en los borradores, 21 millones de euros, la AEE señala que se quiere aplicar una retribución a la inversión de 40.000 euros por MW, un 60% inferior a la de los parques instalados en 2013 y 2014, ejercicios en los que estaba aplicándose la reforma eléctrica en la que ya se decretó el recorte retributivo.

«Éste no es el único parámetro que se modifica respecto a la regulación aprobada hace menos de un año, en junio de 2014. El capex (inversión inicial de capital) es un 20% inferior a la considerada entonces; los costes de explotación, un 21% menores; y las horas medias de funcionamiento de un parque eólico, un 52% superiores. Estos datos ponen de manifiesto que, una vez más, el Gobierno no ha contado con el sector eólico, el más perjudicado por los recortes de la reforma energética, para elaborar una normativa importante para su funcionamiento», concluye AEE.

La nueva subasta es «discriminatoria»

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) tacharon de «discriminatoria» la nueva subasta que prevé realizar el Ministerio de Industria para la instalación de nueva potencia eólica y de biomasa y subrayan que es una prueba más de la «improvisación» del Ejecutivo. De hecho, UNEF está tramitando alegaciones ya que el concurso anunciado de nueva potencia renovable afecta sólo a la tecnología eólica y a la biomasa y, por ello, solicita que se incluya a la tecnología fotovoltaica en el mismo. La asociación asegura que el Gobierno intenta «erradicar» la industria fotovoltaica «sin ninguna explicación» e insiste en que es una de las tecnologías «más competitivas» del mundo.

Por su parte, APPA sostiene que la propuesta de Industria es «otra muestra más de la improvisación» con la que actúa el Gobierno. La asociación, que integra a la mayoría de tecnologías renovables, tacha de «lamentable» que desde la Secretaría de Estado de Energía se hable del consenso necesario para definir el futuro mix energético haciendo una subasta de instalaciones renovables «de espaldas al sector«. De hecho, lamenta que no haya habido con las empresas «ningún tipo de interlocución al respecto, algo que, por otra parte, viene siendo la norma habitual», y considera que la propuesta del Ministerio no se corresponde siquiera con sus propias previsiones incluidas en el documento de planificación de infraestructuras eléctricas.

Conforme a la planificación hasta 2020, está previsto que en los próximos cinco años las renovables en su conjunto aumenten su potencia instalada en unos 8.500 megavatios (MW) para cumplir con los objetivos obligatorios para 2020. A la vista de esta cifra, APPA no entiende que se saquen ahora «solamente» 700 MW, 500 de ellos eólicos y 200 de biomasa, y aparte otras tecnologías como la minihidráulica y la fotovoltaica.

Para APPA, será «difícil» que se cubran las subastas, pues «se basan en el mismo modelo de inseguridad jurídica que ha ahuyentado a los inversores del sector renovable español«. La propuesta, según la asociación, «más parece una operación de imagen cara a Bruselas y a la opinión pública, con el mensaje de que el Gobierno levanta la moratoria renovable, cuando de momento no es así». Junto a esto, APPA reclama una regulación estable y asegura que las condiciones «poco realistas» de las subastas y los plazos que contempla la Ley de Sector Eléctrico harán «difícil» que se materialicen los proyectos, para los que será «poco menos que imposible» conseguir financiación.

Esta nueva subasta para la instalación de nueva potencia eólica y de biomasa, con retribución regulada, en la práctica supondrá el fin de la moratoria renovable vigente desde enero de 2012, cuando el Gobierno aprobó una moratoria para la concesión de nuevas ayudas a las renovables, de manera que desde entonces solo se han instalado las centrales que estaban incluidas en el registro con anterioridad.