Esta cuarta carta abierta de la industria al Gobierno aparece firmada por un total de diecisiete asociaciones empresariales: la cogeneración (ACOGEN), grandes consumidores de energía (AEGE), azulejos (ASCER), papel (ASPAPEL), madera (Confemadera), metal (Confemetal), textil (Consejo Intertextil Español), fundición (FEAF), química (Feique), alimentación y bebidas (FIAB), ladrillo y tejas (Hispalyt), cemento (Oficemen), siderurgia (Unesid), cobre (Unicobre), vidrio (Vidrio España), construcción (CEPCO) y yeso (ATEDY).

La carta, aparecida en varios medios impresos, denunció la «falta de voluntad de revisar a fondo» la normativa por parte del Ministerio de Industria y «otros departamentos gubernamentales».

El primero de los errores que denuncian las patronales consiste en que, pese al anuncio de que la reforma se hace «por y para la industria», las empresas españolas no solo no han sido consultadas, sino que con la aplicación de la norma perderán competitividad y resultarán «expulsadas» de los mercados internacionales.

Las industrias de Alemania, Francia, China o Estados Unidos «probablemente» sí estarán satisfechas con la reforma eléctrica, ya que les hará ganar competitividad en detrimento de la industria española, ironizan las patronales.

El segundo error consiste en la aserción de que la norma es «equilibrada» e «impacta a todos por igual», cuando en realidad «el mayor impacto recaerá principalmente sobre los consumidores industriales».

El tercer error parte de la idea de que la reforma «solventará el problema del déficit», cuando en realidad no hará sino «recaudar y exprimir a la industria», que se verá «asfixiada» y condenada al cierre. «Las empresas que no existen no pagan impuestos» y, por ello, no pueden solventar el déficit de tarifa, afirmaron.

Por último, dudaron de que la reforma sea «imprescindible», al menos tanto como la necesidad de que el país cuente con una industria «fuerte y competitiva que permita dejar atrás la crisis».

El Gobierno aprobó en septiembre un proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad del sector energético que recoge varios impuestos para la generación de electricidad, y que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.

Las organizaciones industriales denunciaron en varias cartas abiertas que el traspaso de estas tasas a la factura de la luz comprometerá su viabilidad y puede conllevar deslocalizaciones.

Sin embargo, sus costes energéticos se podrían ver reducidos gracias a la orden ministerial preparada por el Gobierno para elevar de 20 a 35 euros el megavatio hora (MWh) los pagos por «interrumpibilidad», un mecanismo que permite cortar el suministro eléctrico en caso de necesidad para el sistema.