La industria dice que la fiscalidad eléctrica amenaza con «sacar del mercado a muchas empresas» y que el déficit tarifario continuará

En la sexta carta abierta de la industria al Gobierno publicada en varios medios de comunicación, bajo el título «La Industria en Riesgo (VI). No es tiempo de silencio«, la Industria aseguró que un coste añadido de 1.500 millones de euros para estos sectores «tendrá un impacto brutal en el sector productivo, sacará del mercado a muchas empresas y ahuyentará cualquier proceso de inversión industrial en España, presente o futuro».

En el caso de las empresas industriales, la reforma sobre fiscalidad energética supone «una amenaza lo suficientemente grave como para expulsarnos de los mercados internacionales antes de que se produzca el hecho impositivo».

Así, consideró que una reforma como la actual, «en la que el objetivo es incrementar los ingresos del Estado a costa de reducir los márgenes y la capacidad de operación y consumo de empresas y ciudadanos, genera, esencialmente, la sensación contraria», cuando lo «natural» es que las reformas sirvan para mejorar las cosas.

«En tiempos de crisis, en un entorno más bien pesimista y tan propenso a la acción de los gobernantes, las reformas deberían precisamente contribuir a generar confianza en las empresas y a infundir una dosis suficiente de optimismo como para hacernos pensar en que las cosas pueden mejorar, aunque sea de forma general», explicaron.

Además, subrayó que el déficit tarifario «continuará», porque no habrá empresas suficientes para compensarlo, y entonces habrá que evaluar «la utilidad» de una reforma en la que si el Gobierno aplicara los criterios de proporcionalidad y progresividad que estos sectores defienden, sí que podría atajar el déficit tarifario, «sin tener que contar luego cuántos de los dos millones y medio de empleos que se ponen en juego habrán desaparecido».

La Industria española denunció también que el Gobierno no mostró «el menor interés por escuchar ni las alternativas ni, lo que es peor, analizar las consecuencias de las medidas». «Una actitud silente e incomprensible que nadie lamenta más que cada uno de los 17 sectores que firmamos esta carta y las continuas peticiones de reunión individual o colectiva remitidas y sistemáticamente ninguneadas», añadió.

Asimismo, las principales patronales del sector apuntaron que «esta medida precede -y debería ser al revés- a la urgente y necesaria reforma de un sistema eléctrico que cada año hace que nuestro país sea menos competitivo y que se aleje el horizonte de salida de la crisis».

Por ello, espera que el Gobierno acometa reformas que impulsen el consumo y la actividad económica del sector productivo, pero, sobre todo, confió en que, para entonces, el Ejecutivo «sea consciente de que colaborando con los sectores se pueden desarrollar medidas mucho más eficaces».

La carta aparece firmada por los sectores de cogeneración (Acogen), azulejo (Ascer), papel (Aspapel), fundición (Feaf), yeso (Atedy), ladrillo (Hispalyt), madera (Confemadera), metal (Confemetal), química (Feique), alimentación y bebidas (Fiab), cemento (Oficemen), textil (Consejo Intertextil Español), siderurgia (Unesid), cobre (Unicobre), vidrio (Vidrio España), material de construcción (Cepco) y grandes consumidores (Aege).