La industria de biodiésel acusa a Fabrizio Hernández de parar una orden que evitaría la «condena a muerte» del sector

Según la patronal, «el mercado español de biocarburantes estaba totalmente desprotegido contra la competencia desleal. Si no se actúa ya, las importaciones se harán irremisiblemente en breve con la totalidad del mercado español de biodiésel».

La norma tiene como objetivo contrarrestar esas «importaciones desleales» de biodiésel por parte de países como Argentina e Indonesia, que gravan en menor medida la exportación de este combustible que la materia prima, de modo que en España resulta más barato comprar el producto final que la soja o la palma para fabricarlo. Para APPA, esta normativa «aseguraría la supervivencia de la industria nacional de biocarburantes».

En concreto, la orden ministerial asigna cantidades de producción de biodiésel a plantas españolas y europeas por un total de 5 millones de toneladas, por encima de los 1,3 millones de toneladas de la demanda total del país. El sector reconoce que esta medida podría elevar el precio al que las petroleras compran ahora el biodiésel, pero advierte de que no necesariamente tiene por qué producirse este efecto.

El director de Appa Biocarburantes, Manuel Bustos, calificó de «grave» el «incumplimiento» de Industria y negó que la norma se haya paralizado por presión de las petroleras. Según dijo, hay «indicios indirectos de que el nuevo secretario de Estado debe de considerar que el proyecto es intervencionista o no entra dentro de su ortodoxia económica», puesto que se está «incumpliendo el compromiso adquirido por el Ministerio de ultimar su aprobación por el procedimiento de urgencia, lo que habría permitido que la orden estuviera ya en vigor».

Por su parte, el presidente de la asociación, Roderic Miralles, dijo que «no hay motivo para pensar que la asignación de cuotas provoque un aumento de precios», ya que el volumen contemplado supera en varias veces la demanda española y da cabida a plantas europeas que podrían ejercer presión competitiva y contener los precios.

Miralles precisó que lo que pide el sector «no son medidas proteccionistas», sino que se aplique en España un sistema de asignación de cuotas ya utilizado por otros países europeos.

En todo caso, el sector denuncia una situación «límite» en la que el 95% de las plantas ya ha dejado de funcionar y las importaciones «desleales» equivalieron en 2010 a cerca del 60% de la demanda. Solo de Argentina e Indonesia llegan unas 700.000 toneladas anuales cuyo valor podría rondar los 650 millones de euros.

La avalancha de biodiésel procedente de Argentina e Indonesia tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) que aplican ambos países. Así, el Gobierno argentino viene gravando desde hace varios años la exportación de aceite de soja con una tasa del 32% mientras que el biodiésel producido con dicha materia prima sólo soporta una tarifa bruta del 20%. Por su parte, el gobierno indonesio grava actualmente la exportación de aceite de palma con una tasa del 25%, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite sólo sufre una imposición del 10%.

«Siendo Argentina e Indonesia los principales productores mundiales de aceite de soja y palma, respectivamente, son ellos los que marcan los precios de referencia de estas materias primas. La aplicación de las citadas tasas diferenciales les sitúa en una posición de ventaja competitiva desleal respecto a los productores del resto del mundo, permitiéndoles incluso llegar en ocasiones a exportar biodiésel a un precio inferior al de venta en el resto de países de las materias primas que ellos utilizan», explicó.

Esta distorsión comercial se ve agravada, además, por el «injustificado trato preferencial que la UE da al biodiésel argentino e indonesio, que están exentos de pagar el arancel del 6,5% aplicable con carácter general a toda importación comunitaria de biodiésel por considerarse ambos países en vías de desarrollo dentro del llamado Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas», concluyeron desde APPA.

Para ilustrar la situación, el directivo de Infinita Renovables Rafael Lorenzo explicó que su grupo ha invertido 300 millones de euros en dos plantas y que, ante «el absurdo de que el biodiésel importado sea más barato que la materia prima», se comunicó la semana pasada la parada de producción y un ERE temporal para la plantilla encargada de esta actividad.

Por otro lado, la asociación acusa al Gobierno de «poca ambición» en la introducción de los biocarburantes, lo que se aprecia en aspectos como la reciente decisión de Industria de rebajar del 5,83% al 4,78% los objetivos de introdución de los biocarburantes en términos energéticos. A su juicio, la reciente rebaja de la obligación de 2010 y la poca ambición de los objetivos para 2011, 2012 y 2013 «confirman la falta de voluntad política de apoyar seriamente a los biocarburantes».

En la actualidad existen en España 48 plantas de biodiésel con una capacidad instalada que supera los 4,2 millones de toneladas al año. El sector, indica APPA, aporta al año al PIB cerca de 350 millones de euros.