La Industria alerta al Gobierno de que la reforma energética pondrá en riesgo el empleo y la economía

Bajo el título «La Industria en Riesgo«, las 15 organizaciones recordaron que las naciones más ricas del mundo son aquellas que poseen los sectores industriales más potentes, porque éstos generan riqueza y porque su actividad sostiene a gran parte del sector servicios, proporciona puestos de trabajo cualificados e impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación, además de ser «el motor con el que avanzan la economía y la sociedad».

En esta segunda carta abierta del sector, publicada en la prensa, también aseguraron que el proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que crea siete impuestos para acabar con el déficit de tarifa y que actualmente en debate parlamentario, es un «instrumento exclusivamente ideado para dar solución al problema del déficit tarifario» pero «obvia que el coste de miles de millones de euros que traslada a las empresas industriales del país las deslocalizará en breve generando consecuencias irreversibles sobre la economía».

En su opinión, el anteproyecto generará una «pérdida de competitividad inmediata» en muchos sectores y «pondrá el riesgo la supervivencia del tejido industrial español y de miles de empresas», lo que tendrá «consecuencias irreversibles para el empleo».

Por ello entendieron que «si se ponen en riesgo los más de 250.000 millones de euros y dos terceras partes del Producto Industrial Bruto (PIB) que generan los sectores firmantes de este documento, si se ponen en riesgo los más de 4 millones de puestos de trabajo cualificados que proporcionan de forma directa e indirecta, y si se extingue la contribución de nuestra industria a la economía nacional, ya no habrá empresas a las que imponer una presión fiscal desmedida para acabar con el déficit tarifario«.

En las condiciones actuales de competitividad, la industria española no puede asumir un coste energético «de esta magnitud», añadió el texto, en el que se afirma que «ninguna industria de ningún país podría».

«Lo peor», indicaron, es que este encarecimiento de la energía no se producirá por las condiciones de mercado ni por que las empresas sean incapaces de competir con otras del mundo, sino que se deberá a una «iniciativa legislativa desproporcionada» que «no ha previsto que en sus actuales términos arrastrará las empresas al cierre».

Los firmantes lamentaron que el Gobierno haya impulsado una iniciativa desproporcionada que, a pesar de perseguir un objetivo «comprensible y razonable» al tratar de solucionar un problema, podría crear «otro mucho mayor» y arrastrar a las empresas al cierre.

La carta abierta es la continuación de la que publicaron el pasado viernes las organizaciones representantes de la cogeneración (Acogen), el azulejo y la cerámica (Ascer), el papel y el cartón (Aspapel), la federación de fundidores (Feaf) y los fabricantes de ladrillo y tejas (Hispalyt), y a la que se sumaron las otras 10 representaciones para esta segunda protesta.

En concreto, a estas se adhirieron las asociaciones de grandes consumidores eléctricos (Aege), madera (Confemadera), metal (Confemetal), química (Feique), alimentación y bebidas (Fiab), cemento (Oficemen), textil (Consejo Intertextil Español), siderurgia (Unesid), cobre (Unicobre) y vidrio (Vidrio España).

En la primera carta abierta, recordaban al Gobierno que desde 2008 se han «destruido el 25% de la actividad industrial y 600.000 empleos«, además de las «importantes reestructuraciones» acometidas por las empresas. En ella, avisaron que la reforma energética en sus términos actuales «traslada al tejido productivo este coste y supondría la destrucción inexorable de muchas empresas y de puestos de trabajos en un corto espacio de tiempo».

La industria aseguró que la propuesta incrementará en 1.500 millones de euros anuales el coste energético de las empresas, un sobrecoste que consideró «cercena cualquier posibilidad de competir en los mercados».

Por ello, las patronales exigieron la necesidad de abordar una «auténtica reforma eléctrica» porque «los mecanismos emprendidos son meros mecanismos de recaudación», concluyeron, antes de expresar su disposición a dialogar con el Ejecutivo porque el proyecto de ley «aún tiene solución y puede modificarse para cumplir sus objetivos sin poner a la industria en riesgo».

La industria busca apoyos políticos para suavizar la reforma energética

Las organizaciones industriales han comenzado a contactar con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para hacerles llegar sus propuestas de enmienda a la reforma energética, con el objetivo de suavizar una norma que, según el sector, minará su competitividad.

El Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética aprobado por el Gobierno en septiembre se encuentra actualmente en trámite parlamentario y con el plazo de presentación de enmiendas abierto hasta el próximo 18 de octubre.

Las organizaciones industriales han mostrado su rechazo a todos los impuestos recogidos en esta normativa, dado que consideran que encarecerán sus costes energéticos y eso repercutirá en una pérdida de competitividad y en una mayor deslocalización de las fábricas.

Por este motivo, las asociaciones y patronales han empezado a elaborar posibles reformas con las que minimizar el impacto de la normativa en sus sectores para remitirlas a los diputados y que éstos las incorporen en forma de enmiendas.

Las empresas fabricantes de ladrillos y tejas, agrupados en la patronal Hispalyt, ha presentado tres propuestas de enmienda a los diputados del Grupo Popular y CiU.

En primer lugar, Hispalyt pretende que no se aplique el impuesto para la generación eléctrica ni el «céntimo verde» al gas natural para el sector, algo que estaría permitido por la directiva europea que regula la fiscalidad de los combustibles fósiles.

En segundo, piden que no se aplique el «céntimo verde» a la cogeneración en el sector y, en tercero, que tampoco se grave con impuestos adicionales esta tecnología.

La agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) cree que la reforma «desangra» su sector y, por ello, va a pedir que se analice junto a la industria otro tipo de soluciones para el sistema eléctrico.

La patronal química Feique prepara propuestas de reforma dirigidas a minimizar el impacto de la redacción actual de la ley, estimado en 200 millones de euros, ya que considera que los «céntimos verdes» a los combustibles fósiles y los impuestos sobre cogeneración y electricidad «tocan de lleno» a la competitividad.

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) asegura que la reforma encarecerá la factura de la luz un 15%, lo que tendrá un efecto «demoledor» sobre este sector industrial.

El presidente de la asociación, Andrés Barceló, ha señalado que confía en que la ley se reforme durante el trámite parlamentario porque «la solución al problema no es que paguen otra vez los consumidores industriales», al tiempo que ha pedido un marco regulatorio estable para la inversión industrial, «uno de los pilares que van a ayudar a este país a solventar la crisis».