La gran industria pide precios de la electricidad más competitivos y lamenta que en España se pague hasta un 23% más que en Alemania

«La industria electrointensiva necesita precios equiparables a los de sus competidores» internacionales, afirmó el director general de AEGE, Fernando Soto, durante las jornadas «Asuntos clave de la energía en Europa«, organizadas por Enerclub.

Soto señaló que a la hora de comprar electricidad a futuro en España el megavatio hora (Mwh) se paga a 52 euros frente a los 42 euros por Mwh que pagan las industrias de Alemania, casi un 24% más, a pesar de que el país sufre «una crisis y una demanda eléctrica con valores similares a los de 2005».

El director de AEGE apuntó como causa de estos mayores costes de la electricidad en España la falta de interconexiones y al impacto de las últimas medidas fiscales aprobadas para la generación.

El precio de producción de la electricidad supone un factor clave para la industria, a la vista de que este coste supone cerca del 40% del total para las grandes industrias y puede alcanzar el 50%. Por este motivo, se necesita una regulación que procure «un precio final competitivo», más aún cuando estas empresas son fuente de empleo e innovación, señaló Soto, quien reclamó que el «precio de la energía responda también a la competitividad».

Además, añadió que puede resultar «perjudicial» que los costes de electricidad se fijen nacionalmente. «Necesitamos precios equiparables a los de nuestros competidores», apuntó.

Por otra parte, Soto también aludió a la insularidad eléctrica como uno de los factores que encarecen el recibo, y a los impuestos eléctricos en vigor desde enero como un aspecto que «penaliza al consumidor industrial». «Hay que diseñar una política energética al servicio de la industria», en línea con el interés de la Unión Europea por que este sector alcance un peso del 20% en el PIB, sostuvo.

«Todos los países le dan un trato especial a sus industrias electrointensivas que se traduce en precios más competitivos». En España, el apoyo viene a través del servicio de interrumpibilidad, en el que las empresas se comprometen a detener su actividad en momentos críticos para el sistema eléctrico, lo que «mejora la eficiencia y ayuda a la integración de las renovables», dijo Soto.

Soto defendió este servicio de interrumpibilidad, con el que las industrias reciben cerca de 700 millones de euros al año, en un momento en el que la parte regulada de los costes eléctricos de las grandes empresas se duplicó en apenas cinco años.

Además, pidió a la Unión Europea que «vincule la política climática y energética a la competitividad industrial», ya que existe un riesgo de deslocalización de grandes empresas, lo que puede acabar provocando un efecto «muy dañino», al disparar las emisiones de CO2 a nivel internacional.