Fuentes del sector indicaron que las asociaciones fotovoltaicas de referencia celebraron este lunes una reunión con los responsables de Industria en la que expusieron la situación del sector.

En concreto, el sector deberá asumir en 2013 un recorte de retribución del 36%, el mayor de todas las tecnologías de generación eléctrica. Al real decreto ley 14/2010 aprobado por Sebastián, que recoge un recorte del 30% en las horas de producción con derecho a prima durante los años 2011, 2012 y 2013, se sumará ahora en enero el impuesto del 6% a la generación eléctrica, que los fotovoltaicos, a diferencia de las tecnologías convencionales, no podrán trasladar al consumidor final.

Ante esta circunstancia, el sector reclamó al departamento dirigido por José Manuel Soria que adelante en un año la aplicación del real decreto ley 14/2010. Dicho de otro modo, pidió que en 2013 el recorte de primas sea del 10%, y no del 30%, como establece la norma para 2014 y los años posteriores.

De esta forma, señalaron las fuentes, la fotovoltaica estará asumiendo un recorte en enero de cerca del 16%, inasumible para muchos inversores que contrajeron deudas con los bancos financiadores y que, en caso de sufrir una merma del 36%, tendrían muy difícil cumplir los pagos.

El impuesto del 6% aparece recogido en el anteproyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que se encuentra en pleno trámite parlamentario. Como parte de las modificaciones propuestas por el PP, figura lo que en Industria llaman la «enmienda tubo», que consiste en pasar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un 38% de las primas a las renovables.

Esta medida, que permite aliviar la tarifa eléctrica y que carga en los PGE un importe similar al que se recaudaría con la nueva fiscalidad, genera reticencias en el sector fotovoltaico en la medida en que los productores de energías renovables podrían sufrir retrasos en los cobros de las primas.

Por otro lado, Industria recibió ya más de 11.900 reclamaciones patrimoniales de diferentes productores fotovoltaicos en las que se exigen la restitución de los daños producidos por el recorte retroactivo de primas del real decreto ley 14/2010.

Esta norma, que fue denunciada por los inversores extranjeros y que está siendo objeto de dos arbitrajes internacionales, contempla un recorte durante tres años de primas fotovoltaicas por un importe acumulado total de unos 2.000 millones de euros.

Dentro de los frentes judiciales contra esta ley se encuentran también las reclamaciones por parte de los promotores ante la Audiencia Nacional de las liquidaciones definitivas de los distintos ejercicios de recorte, que empezarán a presentarse a comienzos de 2013. También hay en marcha recursos de anticonstitucionalidad de tres comunidades autónomas, que son Murcia, Valencia y Extremadura.