La Fiscalía denunciará a los responsables de tramitar Castor por prevaricación medioambiental

La Fiscalía tomaba esta determinación una vez finalizados los correspondientes trámites y tras el visto bueno de la Fiscalía General del Estado. La denuncia se dirigirá, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS, concesionaria del almacén gasista.

Castor cesó su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta. El Instituto Geográfico Nacional inició un seguimiento especial debido al incremento de la actividad sísmica. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una «relación directa» entre la actividad Castor y los movimientos.

La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la zona norte de la costa de la provincia en el entorno del almacén de gas natural Castor. Tras las investigaciones realizadas, la Fiscalía de Castellón decide ahora denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto por presunta prevaricación medioambiental.

Compensación millonaria a Escal UGS

Se da la circunstancia de que el Gobierno aprobó en octubre un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento Castor y se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas mientras Enagás, operador del sistema gasista, se hacía cargo de la administración del almacén gasista. La hibernación de Castor «implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural» en el almacenamiento, cuya concesión a Escal quedó ya extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, según explicó en su momento el Gobierno.

El PP apoya la denuncia

La coordinadora general del PP en la Comunidad Valenciana y consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, considera «acertada» la denuncia de Fiscalía al tiempo que ha instado al secretario general del PSOE en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, a pedir «responsabilidades» a los miembros del PSOE, puesto que fue su partido el que «ejecutó el proyecto». «Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan la investigaciones, pero nos parece una decisión acertada que se descubra por qué se autorizó ese proyecto y por qué después, una vez en marcha, tuvo esas consecuencias que ha llevado al Gobierno a paralizarlo y a pagar la indemnización», dijo Bonig.

En esta línea, Bonig espera que Puig «pida responsabilidades políticas a los miembros del PSOE que aprobaron» esta iniciativa. Respecto a la decisión del PSOE de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el pago de la indemnización a Escal UGS, Bonig señaló que le parece «de mucha cara dura la actitud de Puig, que como diputado en el Congreso y en la Comisión de Industria pedía al actual Gobierno del PP que pusiese en marcha el proyecto Castor, que iba a ser la gran salvación no solo de España, sino también de Castellón». “Puig sabe perfectamente que si el Gobierno tiene que pagar 1.350 millones es porque el PSOE blindó las cláusulas de Castor”, sentenció.

Puig (PSOE): «debe haber responsabilidades»

Ximo Puig se mostró «convencido» de que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tomó las decisiones respecto a Castor «en beneficio del interés general». No obstante, reconoció que «claro que hubo errores» y por ello «debe haber responsabilidades«. En relación a la denuncia de Fiscalía, Puig aseguró que «cualquier avance en la clarificación de lo que ha significado Castor me parece correcto». Dicha denuncia afecta a miembros del gobierno socialista de Zapatero y, sin ambages, Puig indicó “que afecte a quien tenga que afectar». «Lo que es exigible es que se explique por qué se tomaron las decisiones», señaló. Además, el PSOE presentará un recurso al Constitucional que paralice «una indemnización sin transparencia«.

El resto de partidos también quiere que la Fiscalía esclarezca las circunstancias que rodean al Castor. El diputado autonómico de Izquierda Unida, Víctor Tormo, entregó a la Fiscalía de Castellón un informe del Instituto Geológico y Minero en relación al proyecto Castor, «por si lo considera relevante en el marco de las actuaciones por delitos medioambientales que tiene previsto iniciar en los juzgados». Asimismo, el diputado de Compromís, Josep Maria Pañella, mostró su «satisfacción» por el hecho de que la Fiscalía «se haya decidido finalmente» a presentar una denuncia aunque lamentó que esta actuación no haya tenido lugar «hace tiempo”.

Cataluña recurre ante el Constitucional

La actualidad volvía a sacudir a Castor en el mismo día. El Gobierno autonómico de Cataluña acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real decreto ley de medidas del sistema gasista que incluye la indemnización del Estado concedida a las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas Castor. En este sentido, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, explicó que el recurso se basa en la «falta de justificación y proporcionalidad de la singularidad de la regulación establecida», así como «la no concurrencia de una extraordinaria urgencia para aprobar esta norma mediante decreto-ley«.

«Tenemos argumentos jurídicos para presentar un recurso de inconstitucionalidad» contra una «indemnización multimillonaria que va a cargo de los ciudadanos», señaló Homs. Así, el Gobierno catalán considera que la resolución de la concesión del almacén Castor «implanta un régimen singular y diferente del que resultaría de la aplicación de la legislación general vigente». Un hecho que, a su juicio, «vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la Justicia». El Ejecutivo catalán se muestra así «contrario» a que los ciudadanos y las empresas «deban asumir el coste de la mala gestión de este proyecto«.