La Eurocámara pide reconsiderar las ventajas arancelarias de la UE con Argentina por la crisis de YPF

Esta es la única medida concreta que incluye la resolución pactada por los principales grupos políticos de la Eurocámara -populares, socialistas, liberales y euroescépticos- sobre la crisis de YPF, en la que se «deplora» la actuación del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La mayoría de eurodiputados expresaron el apoyo de sus grupos al Gobierno español y criticaron la decisión «arbitraria» y «unilateral» de Buenos Aires por la expropiación de una empresa cuyo principal capital es «europeo».

El «popular» Jaime Mayor Oreja apeló a la «fortaleza» de la Unión Europea para tomar represalias contra medidas «arbitrarias» e «ilegítimas» y para que «la voz europea se alce cuando una injusticia de estas características pone en entredicho el futuro de las inversiones europeas».

También el socialista Enrique Guerrero mostró su «preocupación» por los pasos de Argentina y reclamó una respuesta «clara, inmediata e inequívoca», aunque advirtió de que «también ha de ser inteligente y continuada, antes que precipitada». La reacción ha de ser coordinada, añadió, y evitar «una escalada que pueda dañar la cooperación estratégica entre Europa y América Latina».

Por su parte, la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao criticó que la expropiación de YPF «vulnera la legislación internacional, practica un proteccionismo mal entendido e ineficiente para propiciar el desarrollo y porque produce una enorme inseguridad jurídica a todos los operadores europeos que están invirtiendo y colaborando con el desarrollo de la república Argentina».

Con el objetivo de que las autoridades argentinas corrijan la decisión, Bilbao pidió a la Unión Europea que «agoten todas los recursos diplomáticos y económicos de que dispongan para animar este cambio de actitud».

Para Francisco Sosa Wagner, representante de UPyD, la crisis no debe entenderse como una disputa entre Buenos Aires y una empresa petrolera sino «entre Europa u Argentina» y se mostró confiado en que los servicios jurídicos de la UE «podrán encontrar los instrumentos necesarios para neutralizar la arbitrariedad» de las autoridades del país sudamericano.

Los Verdes, representado por el catalán Raül Romeva y la gallega Ana Miranda, e Izquierda Unitaria son los dos únicos grupos del Parlamento que se desmarcaron de la resolución de consenso y defendieron la «soberanía» de Argentina para gestionar sus propios recursos. El apoyo del resto de partidos garantiza que se aprobará el viernes por amplia mayoría.

«El Gobierno (español) confunde los intereses de una empresa con los intereses de Estado», lamentó Miranda, quien dijo que Los Verdes piden a la Unión Europea que «no obstaculice» negociaciones como las que existen con el bloque del Mercosur por «incidentes aislados».

La Eurocámara «insta a la Comisión Europea y al Consejo a que estudien y adopten en defensa de los intereses europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales, incluyendo la posible suspensión parcial de las preferencias tarifarias unilaterales previstas en el sistema de preferencias generalizadas (SPG)», como represalia por lo que consideraron un problema de todos los Estados miembros y no únicamente de España.

El SPG es una herramienta de política comercial de la Unión Europea que concede ventajas unilaterales a las importaciones procedentes de países pobres. Argentina está incluida en la lista pero saldrá el 1 de enero de 2014 porque ya no se le considera un país en vías de desarrollo. La Comisión había descartado hasta ahora una suspensión anticipada de las ventajas comerciales a Argentina como respuesta al caso Repsol.

La expropiación es «incompatible» con el derecho internacional

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria, Antonio Tajani, afirmó que el anuncio del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar la petrolera YPF, filial de la española Repsol, crea una situación de «inseguridad jurídica» que es «incompatible con el derecho internacional».

En un debate extraordinario celebrado en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) para tratar la crisis abierta entre España y Argentina, Tajani subrayó que Bruselas «apoya totalmente» al Gobierno español, con el que el Ejecutivo comunitario «estudia» las medidas a adoptar.

En este sentido, dejó claro que «en estos momentos no se excluye ninguna opción» y anunció su decisión de cancelar una misión prevista la semana próxima a Argentina para avanzar en la colaboración industrial con este país: «Claramente el clima creado por la expropiación no permite que ésta pueda celebrarse». La visita al país sudamericano se enmarcaba en una gira más amplia con paradas en Brasil, Chile y Uruguay que sí se mantendrán.

Otra reunión a nivel técnico programada en Buenos Aires para este jueves y viernes fue cancelada también a petición de la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton.

Durante su intervención ante los eurodiputados, Tajani explicó que la inseguridad jurídica que provoca la expropiación es «incompatible» con el derecho Internacional, pero también puede «afectar muy seriamente a las inversiones internacionales, poniendo en entredicho su estabilidad y su protección».

El vicepresidente comunitario expresó la «seria preocupación» y la «más enérgica condena» por la actuación del Gobierno de Fernández de Kirchner porque «afecta a una empresa europea, a una inversión significativa de la Unión Europea en Argentina».

Además, en la línea de lo dicho por Ashton, Tajani reconoció «gran inquietud» por el riesgo de un «posible impacto negativo» de este caso en otros sectores a los que aludió la presidenta argentina durante el discurso en el que anunció la nacionalización de YPF.

Así las cosas, la Comisión instó a Buenos Aires a «respetar sus compromisos internacionales en relación al tratamiento y protección de las inversiones originarias de un Estado miembro de la Unión Europea» e hizo un llamamiento para que cumpla el acuerdo bilateral suscrito en 1991 entre España y Argentina para la promoción y la protección de inversiones.

El pacto cerrado entre los dos países hace más de veinte años «protege expresamente las inversiones efectuadas con arreglo a la ley, exige un tratamiento justo de las mismas y prohíbe medidas injustificadas o discriminatorias como las que se produjeron en este caso», enumeró el vicepresidente comunitario.

«La Comisión Europea exige que los derechos de los inversores europeos sean debidamente protegidos y garantizados», insistió.

Tajani cerró su intervención apelando a la «importancia de alcanzar una solución de común acuerdo, con arreglo al derecho internacional y a los principios de seguridad jurídica y de protección de las inversiones, que no perturbe las relaciones entre la Unión Europea y Argentina, ni perjudique a los inversores europeos en dicho país».

Por su parte, el ministro danés de Asuntos Europeos, Nicolai Wammen, dijo que la presidencia danesa de la Unión Europea «apoya totalmente» a España por la decisión «inaceptable» de expropiar YPF en Argentina, al tiempo que advirtió del efecto «dañino» que tendrá en los posibles inversores. Además, dijo que «no es simplemente un problema de un país o una compañía, sino que es un asunto de Argentina con la Unión Europea».

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordarán el próximo lunes la crisis con Argentina en su reunión mensual, que tendrá lugar en Luxemburgo.