La Eurocámara aprueba reforzar la seguridad en las perforaciones petrolíferas y gasistas en alta mar

Las empresas petrolíferas y de gas serán plenamente responsables de los daños medioambientales que causen a las especies marinas protegidas y a los hábitats naturales. Y deberán demostrar que tienen suficiente capacidad financiera para cubrir las consecuencias de un posible incidente.

Antes de empezar cualquier perforación, los operadores tendrán que realizar un análisis de riesgo completo y preparar un plan de emergencia de respuesta, que será examinado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Y la actividad sólo podrá empezar tras la aprobación por parte de una autoridad nacional independiente.

Las empresas que operen en aguas comunitarias deberán demostrar además que su política de prevención de riesgos se aplica también fuera de la Unión Europea. Los Estados miembros se comprometen a promover los mayores estándares de seguridad en las perforaciones en el ártico, aunque la Unión Europea no tenga aguas allí.

La Unión Europea dispone de casi un millar de instalaciones de gas y petróleo en alta mar. La mayoría de ellas son propiedad del Reino Unido (486) y Holanda (181), mientras que España tan solo dispone de cuatro, localizados principalmente en el golfo de Cádiz y en la costa de Tarragona y del País Vasco.

La Eurocámara rechazó una enmienda en la que se pedía prohibir perforaciones en áreas cercanas a zonas turísticas. Para el eurodiputado del PP Gabriel Mato, este resultado supone un aval para Canarias de cara a los futuros sondeos para comprobar si existe petróleo en aguas situadas entre las islas y Marruecos.

«Me alegro del avance que supone este acuerdo, y especialmente en un momento en el que el debate está abierto en Canarias, porque algunos con responsabilidades políticas pero con una actitud irresponsable tratan de impedir cualquier actividad sin más argumentos que sus propios intereses políticos y electorales«, dijo Mato, al criticar la actitud del Gobierno canario.

Los Estados miembros tienen ahora un plazo de dos años para incorporar esta norma -que ya fue pactada con el Consejo- a sus legislaciones nacionales. Las instalaciones ya existentes dispondrán de hasta 5 años para adaptarse a las nuevas normas.

Oceana denuncia que se protege a la industria petrolera

Oceana, por su parte, denunció que la nueva directiva para reforzar la seguridad de perforaciones en alta mar «protege a la industria petrolera y a intereses nacionales», lamentado que «la visión cortoplacista haya vuelto a sacrificar la prevención en beneficio de una industria multimillonaria».

La organización lamentó que la Eurocámara «no haya aprovechado esta oportunidad para endurecer la normativa medioambiental y de seguridad, mejorar la supervisión independiente y la transparencia, y establecer una cultura de la seguridad en alta mar para toda la Unión Europea».

Oceana estimó que el texto aprobado es «tan laxo que apenas asegura protección efectiva en caso de una catástrofe similar a la de la Deepwater Horizon» y lamentó que se hayan ido «suavizando las obligaciones hasta crear un vacío legal que permite a las compañías petroleras europeas efectuar operaciones fuera de aguas de la Unión Europea y aplicar estándares bajos en países en desarrollo, por ejemplo».

«Esta nueva directiva sobre la seguridad de las prospecciones en el mar es fruto de concesiones políticas para proteger a la industria petrolera y a intereses nacionales, y sólo reportará mejoras menores a la seguridad de las operaciones en el mar», reiteró Oceana.