Los eurodiputados apoyaron retrasar la subasta de 900 millones de permisos de emisión que estaba previsto que salieran al mercado entre 2013 y 2015, con el fin de limitar el exceso de oferta y forzar así una subida de los precios del carbono. Y rechazaron las enmiendas de la comisión de Medio Ambiente para suavizar este plan, aunque avisaron de que esta intervención en el mercado es excepcional y no debe repetirse.

El Parlamento rectificó así su votación del pasado 16 de abril, en la que tumbó las propuestas de la Comisión por considerar que perjudicarían la competitividad de la industria europea.

La comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, promotora de la iniciativa, se felicitó por el resultado de la votación porque a su juicio permitirá tener «un mercado europeo del carbono que funcione bien» y que «impulse las tecnologías con bajas emisiones en Europa». Hedegaard pidió a los Gobiernos que aprueben el plan «cuanto antes mejor».

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace expresó también su satisfacción pero avisó de que «el plan sólo tendrá un efecto temporal». «Sin más cambios estructurales, como la eliminación de permisos del sistema, la credibilidad y eficacia del mercado de CO2 no podrán restaurarse».

La asociación europea del acero, Eurofer, criticó este medida por considerar que «aumentará el coste de la energía para la industria europea del acero y la industria en general en un momento de crisis».

Para Ecologistas en Acción la decisión del Parlamento Europeo es un «parche» y pidió «más medidas urgentes y eficaces» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El grupo ecologista y otras 40 organizaciones sociales publicaron una declaración en la que rechazaron el régimen de comercio de cuotas de emisiones de la Unión Europea porque consideran que la compra venta de estos derechos para contaminar está incentivando y consolidando, en la práctica, el uso de combustibles fósiles.

Además, las organizaciones firmantes estimaron que llegó el momento de acabar con la práctica de fijar un precio justo para el carbono como política climática de la Unión Europea.

Asimismo, aseguraron que la subasta de derechos de emisión provocó el aumento de las emisiones causantes del cambio climático que está provocando «enormes» impactos sociales, económicos y ambientales.

Por ello, propusieron al Parlamento Europeo que si tiene voluntad política para aplicar políticas eficaces y justas para luchar contra el cambio climático debe promover una eliminación efectiva de las ayudas públicas a la prospección y el uso de combustibles fósiles, apoyar la disminución gradual de su uso, así como frenar la fracturación hidráulica («fracking») figuran entre las medidas a tomar.

Igualmente, señalaron que es preciso prohibir la importación de bienes en cuya producción se utilizaron fuentes de energía insostenibles y se violaron normativas medioambientales o derechos humanos.

Finalmente, propusieron interrumpir las negociaciones comerciales con Canadá y no comenzar a dialogar sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos.