Sicre criticó la ausencia de diálogo del Gobierno con el sector y llegó a lamentar la adopción de unas medidas «dictatoriales y equivocadas» que no solo suponen un «grave error» al dañar especialmente a la eólica, sino que también son, a su juicio, ilegales.

Debido a la «gravedad» de las medidas, todos los colectivos eólicos decidieron «unir sus fuerzas» para evitar que se «destruya» lo que queda del sector, según anunció Sicre, que añadió que la AEE acudirá «si es necesario» a los tribunales nacionales e internacionales para denunciar los recortes, a pesar de que la judicialización «no es el mejor camino y no es bueno para nadie». Las últimas medidas «son retroactivas, quiebran el principio de rentabilidad razonable y generan inseguridad y pérdida de confianza», dijo la presidenta de la AEE.

Para evitar este conflicto, animó al Congreso a votar en contra del real decreto ley en el que se elimina la revisión con IPC de actividades reguladas y se impide a las renovables ir al mercado más prima, limitando el cobro de la retribución a una tarifa regulada, puesto que van a «destruir» al sector, que, según sus cálculos, dejará de ingresar 600 millones de euros en 2013 y 6.000 millones hasta 2020.

Además, la asociación «iniciará acciones en la Unión Europea» y, de hecho, «ya se ha dirigido» a las instituciones comunitarias al entender que se está produciendo una infracción de las directivas comunitarias en las que se obliga a incentivar las renovables.

«España ha pasado de ser un ejemplo internacional a un motivo de preocupación» dentro del sector eólico, lamentó Sicre, quien advirtió del temor en Bruselas de que la incertidumbre en el país pueda provocar un «efecto contagio» entre los socios comunitarios.

El nuevo impuesto del 7% a la producción y los últimos recortes se suman a la reducción del número de horas con derecho a prima aplicada a la eólica en 2010, que supuso un descenso del 35% en su retribución, indicó la presidenta de la asociación.

El sector esperaba la finalización de este recorte de 2010 el pasado 31 de diciembre de 2012, e incluso mantuvo una reunión con el exsecretario de Estado de Energía, Fernando Marti, en la que se le dio a entender este aspecto e incluso se le enseñó un borrador normativo que lo confirmaba.

«No vamos a recuperar» este recorte del 35%, lamentó Sicre. «Nos dijeron que a lo instalado no lo iban a tocar, que no iba a haber nada más, y había incluso un borrador en el que se decía que se recuperaba» en 2013, aseguró.

La eólica, que fue la primera fuente de generación eléctrica durante el último trimestre, ya perdió 15.000 empleos desde 2008 y ahora teme una merma similar, con lo que la actual fuerza de trabajo de 17.000 trabajadores acabaría diezmada. «El sector llegó a emplear a 41.000 trabajadores y ahora lucha por su supervivencia», explicó Sicre.

Prueba de la situación es que los parques construidos en los últimos tres años no repartirán dividiendo y que incluso «algunas empresas tienen problemas para pagar la deuda y los bancos empiezan a estar preocupados», aseguró la presidenta de la AEE, quien también recordó que hay empresas de renovables cotizadas que han sufrido caídas en Bolsa de «dos dígitos» tras los últimos recortes. «Los números no salen y no hay opción para nuevas inversiones», indicó.

Las autonómicas apuestan por recursos de anticonstitucionalidad

Sicre estuvo acompañada de los presidentes de las distintas asociaciones autonómicas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Galicia), quienes describieron las acciones que desarrollan para denunciar los recortes y animaron a los gobiernos autonómicos a presentar recursos de anticonstitucionalidad, no solo en las comunidades no gobernadas por el PP, como Canarias, Andalucía o Cataluña, sino en otras como Galicia, que son críticas con estos recortes pese a su color político.

El gerente de la catalana Eoliccat, Jaume Morrón, dijo que la próxima semana se reunirá con el consejero catalán de Industria de la Generalitat para plantear la posibilidad de presentar este recurso, «siempre que haya garantías de éxito», y pronosticó que las autoridades catalanas tratarán «con cariño» esta reivindicación.

Mariano Barroso, de la andaluza Aprean, indicó que se estaban estudiando medidas con la Junta de Andalucía, mientras que Iñigo Muniozguren, de la gallega EGA, aclaró que el recurso de inconstitucionalidad no solo puede venir de comunidades no gobernadas por el PP, ya que la Xunta ya presentó una denuncia de este tipo contra la moratoria de 2012.

Los canarios de Aeolican, representados por Rafael Martell, pusieron en valor el «ahorro» que supone «para toda España» la producción eólica en Canarias, mientras que el vicepresidente de la castellanomanchega Aprecam, Juan Fernando Sánchez, lamentó que el Gobierno autonómico haya paralizado «totalmente» un concurso eólico de 1.200 megavatios (MW).

El real decreto ley, aprobado el 1 de febrero por el Gobierno, incluye que las primas a las renovables, hasta ahora indexadas al IPC, se actualicen en función del IPC subyacente, así como que los productores elijan entre cobrar una tarifa regulada o el precio de mercado. Hasta ahora, podían elegir entre tarifa o precio de mercado más prima y podían cambiar periódicamente de elección.