La «discriminación positiva» de fomentar el autoconsumo

Uno de los problemas del sector institucional español (energético o no) es que nadie hace lo que debe hasta llegar al extremo de la perversión del funcionamiento de los mecanismos previstos en la ley. El que debe elaborar una política energética no define una política energética. El que debe regular no regula. El que debe inspeccionar no inspecciona. El que debe supervisar no supervisa. El que debe garantizar el funcionamiento de los mercados de forma competitiva no lo garantiza, porque aborda las cuestiones de manera segmentada, en forma de «agenda setting», y toma el rábano por las hojas. O, simplemente, porque esta función se le ha encomendado a personas que proceden del Antiguo Régimen, en su versión retroprogresiva, tendente a la regulación discrecional de rentas y, directamente, no creen en el mercado.

Así, en el día de hoy, tenemos un gobierno que no define una política energética, sino un acercamiento más o menos zafio al problema del déficit tarifario, provocando daños que van más allá de lo pensable. El regulador independiente no es ni regulador, ni independiente. El supervisor supervisa lo que le dejan (y luego le supervisan a él, vía la expectativa de permanencia, lo que es paradójico, al menos). Y cuando el regulador-supervisor independiente tenía que garantizar el funcionamiento de los mercados, éste era definido por consejeros que eran antimercado y contra la liberalización. Y los titulares de la política energética se llaman liberales y determinan la regulación de rentas de las actividades de modo intervencionista. En el punto en el que estamos, y dado que no ha habido una renovación doctrinal ni teórica en lo económico en el sector energético, volvemos a la ideología del tardofranquismo, el falangismo y las tesis retroprogresivas, que son todas lo mismo.

Sirva este preámbulo para analizar el fallo de la CNC respecto al autoconsumo, en la medida que considera «discriminatorio el denominado peaje de respaldo». Además considera que esta forma de ampliación de la oferta de generación eléctrica distribuida puede incrementar la competencia en el sector eléctrico, abriendo los codos en un momento en que los costes del suministro han crecido.

Dicho así, es discutible el análisis de la competencia en la generación de electricidad que hace el organismo regulador, porque pasa de ser completamente ausente a buscar los lugares comunes del supuesto oligopolio por la vía de la distribución y comercialización (abstracción hecha, claro de está, del trasfondo de la insuficiencia de tarifas), dado que no le interesa analizarlo seriamente para conseguir lo que quiere demostrar (el mercado de generación es competitivo dentro y fuera de España). De hecho, nadie ha dicho que gracias al mercado de generación competitivo español se ha retardado la apreciación del incremento de costes regulados, ejerciendo de adormidera política.

Y, por otro lado, el análisis del crecimiento de los costes regulados y su origen se efectúa por el procedimiento de taparse la nariz y mirar hacia otro lado, habilitando de esta forma un canal para que todos los que generaron esos costes puedan escaparse por otra vía, dejando al consumidor final que no pueda invertir en autoconsumo con la patata caliente de todos los subsidios autorizados en el pasado. Es lo que pasa con los organismos sin memoria.

Sobre todo, porque tampoco es especialmente sofisticado el análisis sobre la discriminación, desde el punto de vista de la teoría fiscal y de la Hacienda Pública. Por eso, la CNC renuncia a tratar la discriminación de los impuestos a la generación que soportan el resto de tecnologías, con respecto al autoconsumo, que queda libre de polvo y paja «como un consumidor más», lo que es falaz, dado que es más que un consumidor.

En eso coincide con la Comisión Nacional de Energía a la hora de promover, favorecer y fomentar el autoconsumo mediante una «discriminación positiva», un subsidio cruzado (si lo sufragase el Presupuesto sería una subvención). Pero es una medida de fomento, un incentivo; es, en sí, una discriminación, positiva o no, según se mire.

Por eso, en lo que llega al paroxismo, es en sugerir, sin rubor, al Gobierno que ejerza la «discriminación positiva» a favor del autoconsumo para aumentar la «independencia energética», un concepto cuasi salazarista o autárquico del suministro. Y, eso, además, de forma gratuita y sin atender a las condiciones de exceso de oferta de nuestro país. Es decir, la Comisión Nacional de Mercados y la Comisión Nacional de Energía sugieren al Ejecutivo la política energética a seguir.

Conclusiones: dado lo mal que se han tomado su devastación (peor que los asistentes a la ansiada celebración de la candidatura de Madrid 2020 que acabó en funeral), y a la vista de su extralimitación, desenfoque y mezcla gratuita de papeles, no es de extrañar que los fusionen y hagan uno solo. Se lo llevan buscando años. ¿Para qué más?