Además, a partir del año que viene no podrán producirse desfases anuales superiores a 500 millones de euros ni superiores al 10% de los ingresos regulados del sistema eléctrico, según indicaron fuentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En caso de que se superase alguno de estos dos límites, se activaría «de forma automática» una revisión al alza de los peajes eléctricos, esto es, de la parte regulada del recibo de la luz, con el objetivo de compensar el desajuste y evitar la aparición de déficit de tarifa.

Si pese a ello surge un déficit de tarifa, deberá ser financiado a cinco años por el conjunto de los participantes en la actividad regulada, ya sean empresas o consumidores, ya que cualquier nuevo superávit se deberá dedicar a cubrir los déficit pendientes y, por tanto, mientras haya desequilibrios, no habrá bajadas en la parte regulada del recibo.

El Gobierno también estableció por ley que la parte de los costes de la actividad extrapeninsular que deberá asumir las cuentas públicas sea del 50%, frente al 100% al que se llegaría progresivamente con la normativa aprobada por el anterior Ejecutivo.

Además, la orden de peajes eléctricos que aprobará a comienzos de agosto el Gobierno para repercutir la nueva subida de la luz del 3,2% «saldrá en equilibrio», por lo que no se prevé la aparición de déficit de tarifa en el presente ejercicio.

Como elemento adicional para apuntalar la estabilidad del sistema, la liquidación 14 de la CNE, la última de cada ejercicio, se realizará cuando ya hayan entrado todos los ingresos del año. Además, los cerca de 4.000 millones de déficit en exceso de 2012 irán al fondo de titulización del FADE y si, de forma excepcional, hubiese déficit en 2013, lo financiarían las cinco grandes eléctricas.

En cuanto al servicio de interrumpibilidad, habrá unas subastas en las que las industrias que quieran participar deberán concurrir en competencia. Este servicio retribuye a las industrias que detienen su actividad cuando hay mucha demanda, lo que no ocurre en la actualidad.

Industria también está estudiando cambios en el mercado de la electricidad, aunque no tanto en el «pool» como en los mercados aledaños de casación o en los contratos bilaterales. Esta cuestión no necesita cambios legales, pero es muy delicada, así que se abrirá una ronda de contactos con los agentes económicos, dicen las fuentes.

El Gobierno tomará en cuenta la ganancia pasada de las renovables para calcularles el 7,5% de rentabilidad

El nuevo mecanismo para la retribución de las renovables, que acaba con el modelo de primas, tomará como base el coste de inversión en cada proyecto individual y luego medirá las rentabilidades tanto pasadas como futuras, con el objetivo de que el resultado final sea, para toda la vida útil, un retorno del 7,5%.

Industria sostiene que la fórmula no es «retroactiva sobre el conjunto» y que la rentabilidad razonable está garantizada. Este 7,5%, que es antes de impuestos y fruto de sumar 300 puntos básicos a los tipos del Tesoro, se revisará cada seis años para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La idea es que las plantas reciban el precio de mercado y un complemento de pago fijo a principio de año para alcanzar la rentabilidad establecida. Si ya se les calculó una rentabilidad para toda su vida útil superior al porcentaje, se quedan sin complemento, pero si no llegan, se les paga hasta alcanzar la referencia.

Lo que se calcula es el coste de inversión del proyecto, sin tener en cuenta el coste de las deudas del proyecto. «Se retribuye el proyecto en sí, la inversión en el activo, por lo que no se tiene en cuenta la rentabilidad en función de la estructura del pasivo», dijo Industria.

Con esta solución, el Gobierno entendió que, si el proyecto no tiene problemas de funcionamiento técnico muy importantes y la estructura de inversión es «normal», esto es, si no hay un excesivo apalancamiento, no debería haber problemas de viabilidad.

El real decreto ley pondrá el marcha el mecanismo, pero de forma transitoria las instalaciones irán cobrando a cuenta la retribución conforme al real decreto 661/2007, si bien deben saber que es un cobro provisional.

Industria fijará un estándar de rentabilidad para cada tecnología y para cada año. Cada tres años, se hará la estimación del proyecto para saber si está por encima o por debajo de la rentabilidad establecida.

Como ejemplo, el modelo puede ser más perjudicial para las instalaciones eólicas que lleven muchos años funcionando con rentabilidades por encima del 7,5%, ya que ahora, una vez comprobado que a lo largo de su vida han superado el porcentaje, no recibirán el complemento que las acerque a la rentabilidad fijada.

En cambio, si el proyecto es reciente y no estuvo recibiendo fuertes rentabilidades en el pasado, no tiene por qué resultar especialmente afectado por el nuevo mecanismo, según los argumentos de Industria.

Habrá topes de renta en el bono social y las eléctricas tendrán que financiarlo

Asimismo, el Ministerio de Industria incluirá topes de renta familiar para acogerse al bono social de la electricidad, que seguirá protegiendo como hasta ahora a familias numerosas, los pensionistas con prestaciones mínimas, familias en las que todos sus integrantes se encuentran en situación de desempleo y los clientes domésticos de residencias con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios.

De esta forma, se evitará que, por ejemplo, una familia numerosa con altos ingresos disfrute de esta ayuda, puesto que esta partida tiene un coste de unos 200 millones de euros. Como referencia, el tope para una familia de cuatro miembros se situará en torno a los 29.000 euros al año, si bien la cifra es orientativa y aún deben definirse aspectos como la forma en que se transmitirá la información de la renta.

El límite se fijará en función del número de miembros de la familia. Para un miembro se fijará un valor en función del salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se irá incrementando por cada familiar adicional.

El Gobierno prorrogará el bono social, dentro del real decreto ley de medidas urgentes del sistema eléctrico, e incluirá la obligación de que, de nuevo, sean las compañías eléctricas las que financien la ayuda.

Una sentencia del Tribunal Supremo eliminó la obligación de que fuesen las empresas las que financien el bono social, pero ahora Industria hará una motivación adecuada de su aplicación y le dará un rango legal suficiente, con lo que salvará los posibles recursos.

El Ejecutivo prevé que la reforma entrará plenamente en vigor en 2014, ya que requiere el desarrollo de ocho decretos además del proyecto de ley.

Según la CNE, a finales de 2012 disfrutaban del bono social, que supone una rebaja del 23% frente a la Tarifa de Último Recurso (TUR), unos 2,6 millones de hogares.

Esta tarifa se disfruta por un periodo de dos años. Para volver a beneficiarse de ella debe acreditarse de nuevo que se cumplen los requisitos. El bono social está en vigor desde el 1 de julio de 2009 y es un mecanismo creado por el Gobierno para proteger a los ciudadanos de determinados colectivos.

La subida de la luz del 3,2% se aplicará desde agosto

Asimismo, la subida de la luz del 3,2% contemplada en la reforma energética que aprobó el Consejo de Ministros se aplicará en los primeros días de agosto y permitirá, sólo en 2013, ingresar unos 400 millones de euros, cifra que ascenderá hasta los 900 millones de euros en 2014. Tras el incremento, los precios serán similares a los de julio del año pasado, según fuentes del Ministerio de Industria.

Sobre los cambios para beneficiar a las primeras residencias frente a las segundas y las vacías, indicaron que lo que se hará es cambiar la distribución de costes fijos y variables de los peajes.

A pesar de que los peajes se revisan anualmente, el real decreto ley habilitará al Gobierno para redactar una nueva orden de peajes, que se enviará a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para su informe en los próximos días y para que la próxima Comisión Delegada de Asuntos Económicos pueda aprobarla.

De esta manera, Industria irá dando progresivamente un mayor peso al término fijo del recibo, en detrimento del variable. Si ahora la relación es de 70% de variable, en función de la energía, y 30% de fija, dentro de poco se igualará al 50%.

Industria dijo haber hecho un gran esfuerzo en la reforma energética para evitar que el coste de las medidas caiga sobre el consumidor, frente a la posición de algunas eléctricas, que llegaban a pedir subidas de peajes del 40%, aseguran las fuentes.

Frente al anuncio de Unesa de que se pueden producir despidos en el sector, el Gobierno argumentó que cada euro que cuesta de más la electricidad supone para las empresas consumidoras una presión añadida para reducir en costes laborales.

Asimismo, indicaron que la estimación del Ejecutivo es que para pagar a las eléctricas los 26.000 millones de euros que acumulaba el déficit tarifario hasta finales de 2012 harán falta 15 años.