La deuda de Maite Costa: unas declaraciones que no tienen precio
La semana pasada en su alocución en el Forum Nueva Economía Maite Costa depositó uno de esos regalos envenenados al sector energético, cuyo órgano regulador preside desde hace algo más de tres años. En sus declaraciones afirmó que se trata de un sector que está “muy endeudado”. Parece que no fue un ‘lapsus’, porque la conferencia versaba sobre la crisis y el sector energético y fue casi lo único que se pudo sacar en claro y en lo que hubo coincidencia por parte de los medios que asistieron a la charla de Maite Costa.
Primero, hay que tener en cuenta que ésta “afirmación” (de ser cierta, de ser seria) tiene una serie de efectos sobre los analistas financieros y sobre la banca de inversión que, obviamente, no son inocuos en un momento en que la realidad económica y financiera es fuertemente inquietante. En todo caso, parece que la presidenta de la CNE sigue fiel a su costumbre de ser fuertemente generadora de desconfianza para el sector, justo probablemente lo contrario que debe ser un regulador en el sector. Sólo hay que remontarse a las amenazas en aquel ya mítico programa en TV3 para el sector de la distribución de hidrocarburos donde avisaba de un importante arrastrar de cadenas y de una macroinvestigación y sanciones cuantiosas a troche y moche. O la forma de resolver las preguntas de los periodistas por las informaciones aparecidas esa mañana en referencia a los problemas en la factura eléctrica derivada de su “mensualización”.
Volviendo al hilo argumental de este artículo, el endeudamiento de las empresas energéticas españolas, hay que tener cierta indulgencia y cierta tranquilidad, porque los analistas financieros, primero se basan en evidencias y balances, y segundo, descuentan la confiabilidad del emisor de una opinión de esas características. Lo que tampoco se entiende es como Maite Costa ha conseguido llegar a tener esa percepción (o esa consigna), que no hace sino embadurnar más su controvertida gestión. Lo que está claro es que, como responsable de un organismo regulador, no tiene precio en función de sus declaraciones.
Señalemos dos o tres cuestiones previas en referencia al marco de estas declaraciones y al concepto de endeudamiento aplicado a este sector. En términos de “endeudamiento”, el sector energético español no tiene una situación que se pueda tildar de peligrosa, al menos objetivamente, por sus propios ratios y por la historia de las operaciones corporativas realizadas, ninguna con un componente de apalancamiento sustancial para ninguna empresa.
En realidad, la única cifra peligrosa y significativa dentro de este “endeudamiento” es el déficit tarifario pendiente de liquidación, que aún permanece en los balances de las empresas eléctricas españolas. Habría que recordar el papelón realizado por la Comisión Nacional de Energía en las sucesivas subastas de déficit tarifario (el fracaso de la última al menos tenía la coartada de la crisis financiera y de crédito). Y más si se conocen los intersticios de las mismas en relación a las gestiones para conseguir (o, mejor dicho, no conseguir) avales institucionales en las instancias financieras del Estado, Banco de España y Dirección General de Seguros.
Las empresas energéticas españolas (y, en general, las empresas energéticas) por su propia actividad, tienen que mantener un ciclo de inversión importante y, por ello, la composición de los balances en términos de deuda tienen que entender el modelo de negocio en términos del ciclo inversión-financiación. Por otra parte, la evolución de los tipos de interés ha hecho reducir más todavía los costes de la deuda financiera de las empresas. Además, las operaciones corporativas de las empresas españolas se han realizado con poco recurso a la financiación ajena, lo que deja una situación de endeudamiento muy razonable.
Por otra parte, la CNE a la hora de estudiar estas operaciones había contado con los efectos sobre la garantía de suministro y las actividades reguladas de las operaciones, en términos de endeudamiento, incluso utilizando ratios de endeudamiento máximo. La única diferencia sustancial es, por tanto, el déficit tarifario acumulado, cuestión que debe resolverse y que los analistas y expertos tienen en cuenta en el análisis de las empresas y del sector energético español (y cuyas negociaciones siguen con enorme interés). Cabría señalar la ironía de que las causas de un apalancamiento nocivo en este sector, de existir, con empresas que gestionan de forma razonable, estribarían en las actuaciones del propio regulador, lo que confirma la tendencia al harakiri del propio organismo.
Sólo hay una situación latente, que a lo mejor tenía en cuenta la presidenta de la Comisión Nacional de Energía. Y es la operación en ciernes de adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural. Una operación en la que los analistas cada vez destacan en mayor medida los riesgos de la misma, el importante precio pagado por Gas Natural (que evidentemente no puede soportar ninguna desinversión) y que por la diferencia entre el momento en que se acuerda y el momento en que se efectúa va a traducirse en un fuerte endeudamiento para la gasista. Y más, si tiene que entrar en la puja por las filiales de Unión Fenosa, como Unión Fenosa Gas, que son propiedad compartida al 50%.
También habló de costes reconocidos. ¿Eso sí sería otro lapsus? ¿Otro harakiri?



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