El anuncio del siempre particular y simpático José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, de la retirada de los peajes progresivos, que estaba presente en el último proyecto de orden de tarifas, es una buena noticia. Es la desaparición de una figura no nata. A nuestro juicio, tiene varias lecturas. La primera es casi evidente: la de la volubilidad y el azarismo con el que se mueve la mecánica de la elaboración de las tarifas de acceso que, por cierto, resulta inexplicable.

Inexplicable, porque en un modelo aditivo bastaría con sumar los distintos componentes para determinar la tarifa resultante de forma que resulte suficiente para sufragar el coste del suministro, sin mucho más escándalo. Tal evidencia es en la que incide la Comisión Nacional de Energía en su informe y la que emana de la ley y, por ende, de la doctrina judicial del Tribunal Supremo en sus sentencias.

En realidad, si eso fuera así, las tarifas serían un ejercicio aritmético y una asunción de la política energética y de retribución de costes regulados resultante. Una especie de páseme la cuenta. Y, entonces, se lograría limitar el debate sobre la tarifa eléctrica resultante a los componentes que la forman, o la encarecen, o de si determinados componentes deben formar parte de la tarifa o de los Presupuestos Generales del Estado en lugar de una tertulia justicialista de si es cara o barata, o es mucho o es poco.

Pero, en realidad, eso no se produce así, por las disfuncionales componendas políticas empleadas para evitar el resultado aritmético, mediante compensaciones, absorciones o manipulaciones entre tarifas de acceso o incluyendo la rebaja del coste de la energía a la que hemos venido asistiendo en el pasado según el resultado trimestral para su compensación. Y, para ello, el debate se envenena con afirmaciones sin correlato económico, financiero, jurídico o de mercado.

La segunda lectura tiene que ver con la presentación pública del renuncio. Así, su traslación en la noticia del digital El Confidencial quizá estuvo presidida por el exceso de dramaturgia y de carga emocional verbal. Incluso de histrionismo. Para no presentar la decisión como un reconocimiento del fracaso desde el Ejecutivo de una extravagante propuesta se articula una estrategia de un intervencionismo demagógico de derechas con retórica antiempresarial chavista. «Las empresas no se van a ir de rositas en la crisis (¿?)» atribuyendo el comentario a Moncloa, señalando que las empresas se perderán esos 280 millones que se estimaban por los delirantes peajes progresivos.

Y, de hecho, la crítica a los peajes progresivos fue casi unánime en sus alegaciones por todos los miembros del Consejo Consultivo de la Electricidad en su trámite y por la propia Comisión Nacional de Energía, recibiendo críticas por el modelo de progresividad propuesto y su complejidad. Sólo hay que acudir a las hemerotecas y a los documentos públicos. La simplificación «progresividad=justicia social», como elemento de comunicación política, era una verdadera frivolidad en el caso del consumo de electricidad.

En paralelo, las noticias sobre el verdadero impacto de las primas a las renovables en las tarifas de acceso, una vez que se van cerrando los números del año pasado, son más espeluznantes y estremecedoras, por su evolución. Los números globales, sin necesidad de comentarios, arrojan luz sobre la tiniebla de la campaña dirigida a ocultar este grave y voluminoso problema (mientras tanto, el programa «Salvados» dedicado al sector eléctrico dedicó unos diez segundos a las renovables en su artificial inventiva y polémica tendenciosa).

De hecho, desde 2005 esa desviación ya supera los 5.900 millones de euros y se ha convertido en una riada desbordada e imprevista por decisiones políticas de aumento de potencia y retribución sin control. En conjunto, el importe total de las primas ha alcanzado un montante de 8.000 millones de euros hasta noviembre de 2012 y creciendo y absorbiendo un pico importante de la tarifa, casi el 40% de los ingresos, principalmente por las tecnologías cuya eficiencia como rendimiento entre suministro y prima es menor, por tener las retribuciones más elevadas y por el «incremento del ritmo de puesta en funcionamiento de instalaciones» que dice Soria, amparándose en el lenguaje inexorablemente procedimental.

La tercera lectura, seguramente, más lógica y, con todo, la más esperanzadora: el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, está estudiando números, economía y leyes y se ha dado cuenta ya de que las cosas no son fáciles y empieza a arreglar, esforzadamente, los destrozos de los últimos meses.