La contrarreforma de los órganos reguladores

El término «contrarreforma» está siendo acuñado como una palabra que define un «frame» de actuación del nuevo Ejecutivo y que se quiere implantar en términos de comunicación política. Se trataría de configurar la idea de que el nuevo gobierno está practicando una política de tierra quemada consistente en el cambio de comportamiento con respecto al anterior gobierno en determinados aspectos de fuerte contenido ideológico (educación, aborto, etc…). Dicho cambio, en términos ideológicos, sería calificado de «involución» por quienes utilizan o están tratando de articular esta fórmula de comunicación política. Es lo que denominan la «revolución conservadora» como ya hemos podido escuchar al líder de la oposición y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En este sentido, y ateniéndonos a lo que hemos podido conocer de la propuesta de modificación de los órganos reguladores, podríamos afirmar que, en este caso, se ha producido esa «contrarreforma» que pretende definir ese «frame» y, ciertamente, se produce una involución, bajo la excusa de abaratar los órganos reguladores y, por tanto, depauperarlos.

Podríamos colegir que el punto de partida, la Ley de Economía Sostenible, había configurado unos órganos reguladores que, sobre el papel, eran muy presentables desde el punto de vista de sus funciones, su contenido y su correlación con sus homólogos en los países europeos. Quizá el excesivo tamaño de sus consejos y una proliferación exagerada de los mismos, en la parte formal, era su mayor defecto. Luego vino la parte factual, el esperpento que se produjo durante el proceso de renovación de sus Consejos de Administración, principalmente en el caso de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y en la Comisión Nacional de Competencia (CNC). Bien hay que señalar que en los órganos independientes no creen mucho ni el gobierno saliente ni tampoco el entrante a la luz de su comportamiento.

Quizá en esos momentos fue cuando todo se fue al garete, cuando todo se malogró sin remisión hasta donde estamos hoy. Así, fruto de cómo se materializó la configuración final de estos órganos en el último tramo del último gobierno socialista, parece que todo devenía de natural en un aquelarre necesario, la remoción de unos consejos de Administración y unos organismos que, en las postrimerías de la legislatura socialista, buscaban, como poco, ejercer de oficina de colocaciones futura para una formación política en el tobogán de caída. Pero eso no es excusa para esta solución que supone su lapidación y, lo que es peor, el alejamiento de un modelo más o menos coherente de órganos reguladores independientes, homologable con el exterior.

Por eso ahora, el Partido Popular ha hecho una operación acordeón en dos vías, la primera reducción de todos los órganos reguladores en uno solo, la Comisión de Competencia y Mercados con posibilidad de subsedes y reducción del número de consejeros (algo que se ha enfatizado enormemente: algo huele mal si este es el argumento principal, en la medida de que, a veces, lo barato sale caro). Además los convierten en meros supervisores «ex post» de muy inciertas consecuencias.

Esta voladura se ha realizado bajo la excusa de la reducción de gastos y aprovechando tres cosas: la poca convicción de las autoridades públicas en los órganos reguladores, el desastroso comportamiento que les precede tanto en su configuración (selección de sus miembros), como en la propia actuación de los mismos organismos (véase lo conocido de la CNE y que ha sido público y notorio) y el bajo, por no decir nulo, conocimiento del papel de este tipo de organismos en otros países.

Si se hubiera querido efectuar una reforma pensada, coherente y matizada, podrían haber tenido en cuenta las aportaciones (nada intervencionistas, por cierto) de los autores del blog de Fedea Nada es Gratis expresadas en dos artículos: La reforma de los Organismos de Regulación (I): Los límites a la integración y (II): mejoras en la gobernanza. Ahí, Juan Delgado, Julio García Cobos y Antón García Díaz explican de forma matizada una propuesta muy interesante al respecto, que sugerimos se tenga en cuenta en el trámite parlamentario.

La segunda cuestión es su sujeción mucho más estrecha al poder político, de forma que ahora la palabra «regulador independiente» ha pasado a un segundo plano en aras de una eficiencia asimilable al cacao del loro. Por tanto, parece que nuevamente, con los órganos reguladores, se ha producido una contrarreforma, que sigue siendo peor que la reforma y que, esta pieza, tan importante en los ordenamientos jurídicos y de los mercados, vuelve a quedar en entredicho. Vamos, que tiene pinta de que se ha vuelto a estropear para ir a peor. ¿A alguien se le ocurre que bajo este modelo la Comisión Nacional de Competencia y Mercados sea responsable de las tarifas eléctricas de forma independiente?

P.D.: ¿Alguien se imagina la opinión de los grupos políticos y parlamentarios catalanes y vascos de esta contrarreforma?