La Comunidad de Madrid abre expediente a las eléctricas por información deficiente y facturar consumos estimados

Según informó la Comunidad, el expediente se ha abierto además al estimar que estas compañías vulneran los derechos de los consumidores a recibir una información eficaz y suficiente, para instarles a facturar siempre de acuerdo a una lectura real y para que las facturas sean más claras.

La Comunidad de Madrid añadió que la apertura de expedientes sancionadores se basa en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que, según recuerdan, «califica como abusivas y por tanto, prohibidas y sancionables, las estipulaciones contractuales que prevean el cobro de servicios o productos no usados o consumidos de manera efectiva».

Indicaron que la ley madrileña sanciona como infracción de consumo «la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos».

Con estos expedientes se pretende que las compañías eléctricas vuelvan al antiguo sistema de facturación bimestral; que realicen lecturas mensuales «que certifiquen que al consumidor se le cobra por la electricidad consumida» o que sigan facturando mensualmente sólo por los costes fijos.

Como ejemplo citan el alquiler de contadores, cuya cuantificación es independiente del consumo eléctrico realizado en los meses en los que no se efectúe la lectura del contador.

La Comunidad quiere sancionar asimismo a las eléctricas por no expresar claramente los periodos de consumo facturados o no explicar cómo se realiza la regularización de consumo para adecuar la facturación a la lectura real, lo que al final da lugar a «una factura incomprensible para la mayoría de los consumidores reclamantes».

Según datos e la Administración regional, el cambio de normativa impulsado por el Ministerio de Industria que impuso la facturación mensual estimada ha dado lugar a más de 14.000 reclamaciones de los consumidores madrileños.

La mayoría de ellas hacían referencia al sector de la electricidad, que en 2008 tuvo 798 reclamaciones; en 2009 tuvo 10.880 (un 1.263 por ciento más) y en 2010 registró más de 1.600 reclamaciones.

El Gobierno regional mantuvo el año pasado varias reuniones con las comercializadoras de electricidad para exponerles las quejas de los consumidores por la falta de claridad en las facturas y la confusión que causa el método de estimación e instarles a que cobraran sólo los consumos reales realizados.

Indicaron también que han denunciado «reiteradamente» que el Ministerio de Industria impuso el año pasado la facturación mensual «con el objetivo de camuflar la subida real de la electricidad» y que la Consejería de Economía y Hacienda ha calculado que las tarifas de la luz fijadas por el Gobierno han subido un 50% de media en los últimos años.

La liberalización del sector eléctrico en España, según la Comunidad de Madrid, provoca «indefensión y confusión» en los consumidores y «no responde a las directrices de Bruselas, pues el mercado sigue intervenido por una política gubernamental plagada de errores y quien lo paga, y cada vez más caro, es el consumidor».

Beteta: «Claridad y concisión»

En todos estos aspectos incidió el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, que explicó que «la Comunidad lleva tiempo analizando las miles de denuncias de los consumidores con relación a la factura eléctrica».

«Hemos llegado a la conclusión de que era necesario abrir un expediente porque entendemos que no son conforme a la Ley general del consumidor las actuaciones que se están llevando a cabo«, manifestó el consejero.

Beteta dijo que «la ley prohíbe dar los nombres individualizados de las compañías y por eso no los doy», añadió, para después precisar que el expediente se encuentra ahora en «trámite de alegaciones».

«Pensamos que el consumo estimado no es razonable. De generalizarse, las compañías telefónicas podrían decir: «y por qué no también vamos a hacer una estimación de consumo y cobrar cada 15 días o cada semana», o el resto de las ‘utilities’. Cuando uno está pagando un servicio va a acompañado el impuesto del valor añadido. Cómo es posible que paguemos un impuesto por un bien que no hemos consumido«, añadió.

Según el consejero madrileño, «hay razones fiscales de derecho del consumidor que ponen de manifiesto que no hay un sustento legal en relación con la actuación que se está llevando a cabo».

«El objetivo es la eliminación del consumo estimado. Creemos que los recibos tienen que ajustarse al principio de la claridad: que la persona que vea el recibo sepa cuánto ha gastado, por qué, y tiene que corresponderse con lo que ha consumido. Tiene que haber esa claridad y esa concisión«, concluyó.

Facua considera positivo el expediente sancionador de Madrid

Por su parte, la organización de consumidores Facua calificó como «positivo» el expediente sancionador abierto por la Comunidad de Madrid a tres eléctricas y anunció una «batería de denuncias» contra el sector ante las direcciones generales competentes en materia de protección de los consumidores en otras comunidades para que realicen acciones similares.

La asociación de consumidores afirmó además que el actual modelo de facturación mensual «implica el cobro de consumos no reales en la mitad de los recibos», basado en la energía consumida en el mismo periodo del año anterior, y en los casos en que las estimaciones suponen más kilowatios/hora de los realmente consumidos, las compañías cobran cantidades que descuentan en el siguiente recibo cuando realizan las lecturas de los contadores, una práctica prohibida por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Según Facua, el expediente sancionador del Gobierno madrileño es una consecuencia de ese modelo de facturación «impuesto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que fue rechazado desde el principio por las asociaciones de consumidores».