La Comisión Europea solicita información a España sobre las prospecciones en aguas canarias
La Comisión Europea pidió a España información sobre las prospecciones petrolíferas que Repsol lleva a cabo en las Islas Canarias para determinar si son compatibles con la legislación medioambiental comunitaria, después de recibir quejas de organizaciones ecologistas. Si se confirmara que las exploraciones en alta mar violan las normas europeas, Bruselas abrirá un procedimiento de infracción contra España, según fuentes comunitarias. El Ejecutivo comunitario ya investigó este caso en 2012, pero decidió cerrarlo al considerar que no existía ninguna infracción de la legislación comunitaria, según recordaron las mismas fuentes comunitarias.
Sin embargo, en septiembre Bruselas recibió una serie de quejas de diversas organizaciones que denunciaban irregularidades en la evaluación de impacto medioambiental del proyecto sobre la fauna y la flora del lugar, y decidió reabrir la investigación. «La Comisión está ahora en contacto con las autoridades españolas para verificar la compatibilidad del proyecto con la legislación medioambiental europea», explicaron las fuentes, que no pudieron precisar si España ha dado ya algún tipo de respuesta ni si existe una fecha antes de la cual deba pronunciarse.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea en octubre que amplíe la investigación de este caso para ver si hay nuevos datos que puedan ser útiles. En noviembre, eurodiputados de IU, PSOE, Podemos, ICV y Primavera Europea pidieron a la Comisión que actúe para detener las prospecciones petrolíferas en Canarias, al considerar que incumplen las directivas europeas. El director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Karl Falkenberg, se reunió con los representantes de esta plataforma, así como con expertos independientes que aseguraron que la evaluación de impacto que se realizó infravalora los impactos.
«Estamos presentando informes técnicos completamente independientes que demuestran que el estudio de impacto ambiental no es válido», afirmó entonces la investigadora de la Universidad de la Laguna en Biología Marina Natacha Aguilar, quien recalcó que la Comisión Europea debería detener las perforaciones hasta que se solucionen estos problemas. Repsol comenzó el pasado martes las prospecciones en busca de petróleo en aguas próximas a Canarias, que fueron autorizadas por el Gobierno español, que asegura que son positivas pese a la indignación del Ejecutivo regional de Canarias.
Investigarán la queja de WWF
WWF España presentó en junio una queja ante la Comisión Europea por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), realizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que autorizaba a Repsol la investigación de hidrocarburos en Canarias. La ONG entendía que la DIA presentaba «graves deficiencias y vulneraba la normativa europea«. En su queja, WWF España denunciaba que el proyecto no habría podido ser autorizado si el Lugar de Interés Comunitario marino Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura hubiera estado declarado a la fecha del proyecto, como debía haber ocurrido, por la afección que el proyecto causa a las Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves, así como a la fauna protegida.
La organización ecologista WWF también mencionó la vulneración de la directiva relativa a la evaluación de impacto de proyectos sobre el medio ambiente, al no especificarse, según la ONG, «ni las características del proyecto a realizar ni el estudio de la riqueza ambiental del lugar y, en consecuencia, el desconocimiento de los impactos y de las medidas necesarias para evitarlos«.
En varias ocasiones, WWF España indicó que la propuesta de este LIC «debía ser mucho más amplia y que el recorte en sus límites estaba exclusivamente motivado para evitar que entrara en colisión con el proyecto de Repsol, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea exige que para la delimitación de los espacios de la Red Natura 2000 solo se tengan en cuenta criterios científicos y no políticos». De hecho, los estudios científicos que posee WWF España para la declaración del LIC reflejan que la zona de los sondeos, contigua al área protegida, tiene su misma relevancia, por lo que WWF lanzó una campaña para que la zona sea declarada Santuario para ballenas y delfines.
El pasado 12 de septiembre, la Comisión Europea informó a la organización de que la queja había sido registrada. Ahora señala que investigará los permisos y se pondrá en contacto con las autoridades españolas para solicitar más información sobre los incumplimientos denunciados por WWF España. «Nos alegra que la Comisión Europea investigue las graves deficiencias del proceso de evaluación ambiental; el lugar de las prospecciones de Repsol posee una excepcional riqueza ambiental y es totalmente incompatible con la explotación de hidrocarburos que pretenden Repsol y el Ministerio de Industria», señaló el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.
«Pueden afectar favorablemente al turismo»
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que los sondeos petrolíferos iniciados el pasado martes «pueden afectar favorablemente» a las perspectivas turísticas en Canarias, por la llegada y el gasto de los trabajadores y sus familiares y la actividad económica que genere. Así lo señaló Soria en una entrevista en la Cope, en la que defendió la contribución al turismo que puede suponer el desarrollo de los sondeos petrolíferos de Repsol frente a las costas canarias.
En este sentido, el ministro recordó que «desde hace muchos años llega una plataforma de las que operan en la costa oeste africana y está dos o tres meses en el Puerto de Las Palmas o en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife». En este tipo de plataformas, apuntó Soria, llegan trabajadores que permanecen durante el tiempo que dure la reparación en los puertos y «en la mayor parte de los casos, vienen muchos familiares que gastan en hoteles, restauración y transporte». A esto se suma la contribución que lleva consigo la reparación y atención a este tipo de unidades de explotación, «que supone mayor actividad para los astilleros, la industria auxiliar naval, logística e industria mecánica y eléctrica«.
«La actividad económica que se favorece fundamentalmente es al sector industrial, pero también a la hostelería y al sector del turismo; y eso es en definitiva empleo», opinó Soria, quien subrayó que «en Canarias no estamos sobrados de empleo«. A este respecto, recalcó que «desgraciadamente» se trata de una de las comunidades autónomas con mayor tasa de desempleo de toda España, al alcanzar el 33%, y «en el caso de gente joven, puede llegar aproximadamente al 50%» e incluso «en algunas islas por encima de esas cifras». «No estamos para permitirnos determinados lujos», sentenció Soria.
Esta semana el presidente de Repsol, Antonio Brufau, destacó que las prospecciones próximas a las costas del archipiélago canario en busca de petróleo en la zona son «seguras» para el ecosistema. En una primera fase de investigación que durará 45 días y supondrá la inversión de 280 millones de euros, el barco subcontratado por Repsol, el Rowan Renaissance, ya inició el martes pasado las tareas con el fin de determinar la posible existencia de crudo.
Greenpeace quiere recuperar su barco
El portavoz de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, indicó que el equipo jurídico de esta organización ultima un recurso ante la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Fomento, en el que pedirá que el barco Arctic Sunrise deje de estar retenido en Lanzarote. Fomento incoó un expediente sancionador contra Greenpeace por una presunta infracción contra la ordenación del tráfico marítimo, tipificada con hasta 300.000 euros de multa, después de los incidentes del pasado sábado entre lanchas de la Armada y activistas de Greenpeace.
En ese expediente figura la retención del barco de Greenpeace hasta que esta organización deposite un aval o garantía de 50.000 euros y designen un domicilio en España para recibir notificaciones. En este sentido, Miguel Ángel Soto avanzó que Greenpeace presentará próximamente un recurso en el que solicitará que el barco pueda navegar por considerar «desproporcionado» el aval de 50.000 euros. «Esperamos que el Gobierno entre en razones y podamos llegar a un acuerdo», añadió.
Soto indicó que Greenpeace cuenta con domicilio jurídico y el barco está abanderado en Holanda, y mostró su disconformidad con el pago de la fianza, no así con el de la posible multa. «Nosotros siempre pagamos las multas y si las autoridades finalmente consideran que se trata de una infracción, se pagará. Pero no tiene sentido ese aval o garantía para una organización que tiene sede y barco en la Unión Europea. Si somos declarados culpables, no habrá ningún problema en abonar la multa», apuntó.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Fomento confirmaron que la ONG sigue sin presentar alegaciones al expediente abierto por la Dirección General de la Marina Mercante porque los activistas de Greenpeace invadieron la zona de exclusión de una milla sobre el barco contratado por Repsol. Asimismo, explicaron que el plazo para alegar es de 22 días, por lo que concluirá alrededor del 10 de diciembre, si bien la Marina Mercante dispone de un máximo de un año para emitir una resolución sobre el expediente.
«Asaltar» el barco de Repsol
La activista de Greenpeace que resultó herida el pasado sábado en el incidente con la Armada portaba material de asalto para abordar el Rowan Renaissance . La miembro de la organización ecologista, cuando cayó al agua, llevaba puesto un arnés de escalada, así como un garfio, una escala y comida. Así consta en el informe que realizó la Armada sobre el incidente y que sirve de base para el documento que trasladó el Ministerio de Defensa a la Abogacía del Estado y al Ministerio de Fomento.
En dicho texto se hace un relato pormenorizado del incidente entre activistas de Greenpeace y efectivos de la Armada, así como de lo ocurrido durante las horas previas. A las 23.30 horas del 14 de noviembre, el patrullero Relámpago y el buque subcontratado por Repsol alcanzan la denominada zona de exclusión económica determinada por el Estado y allí encontraron que ya estaba el barco Artic Sunrise de Greenpeace. Previamente, desde el patrullero Relámpago, según el informe, ya se le habían lanzado al Artic Sunrise varios mensajes avisándole que se encontraba en una zona de exclusión y que debía abandonarla. Estos avisos, según indicaron varias fuentes, se repitieron durante horas en el transcurso de la noche.
El informe de la Armada afirma que a las 7:01 horas del 15 de noviembre, el buque de Greenpeace arría tres lanchas neumáticas, lo que provoca que el Relámpago haga lo propio con sus dos embarcaciones. Mientras, continúan los avisos de que abandone la zona. A las 7:18, las embarcaciones ecologistas ponen la proa pegada al buque de Rowan Renaissance. Esto se considera el inicio de un intento de abordaje por parte de la Armada ya que, aseguran fuentes consultadas, con este procedimiento se consigue estabilizar la lancha y permitir a las personas que hay en ellas iniciar los movimientos para acceder al barco superior.
Ante esta situación, la Armada intercepta a las embarcaciones de Greenpeace con sus lanchas, cayendo al agua la activista, rescatada por personal de la Armada que iba en las lanchas y trasladada al Relámpago. En el informe, se asegura que se informó al Artic Sunrise del tratamiento que aplicaban a la activista para estabilizarla, de que iba a ser evacuada al hospital de Las Palmas por un helicóptero militar y que se invitó, y así ocurrió, a que alguien la acompañase en su evacuación. A las 7:50 horas, el Artic Sunrise abandonó la zona de exclusión y se situó a 2,5 millas náuticas. Previamente se produjo una última comunicación en la que el capitán del Artic Sunrise dijo al Relámpago: «Muchas gracias por la atención«.

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