La Comisión Europea renuncia a legislar sobre fracking y se limita a recomendar estudios de impacto

Las recomendaciones sobre fracking (extracción de gas mediante la facturación de rocas) forman parte del paquete de medidas sobre clima y energía presentadas por el Ejecutivo comunitario. Bruselas justificó la falta de legislación porque se le pidió actuar de forma urgente y las recomendaciones pueden aplicarse de forma más rápida. Se imponen así las tesis de los países más favorables al gas no convencional, como Reino Unido o Polonia, que rechazaban la intervención de la Unión Europea.

La experiencia en la Unión Europea es limitada y se restringe en su mayoría al denominado «fracking de bajo volumen», aunque su amplia utilización en Estados Unidos está haciendo que muchos operadores evalúen la extracción «de alto volumen» en Europa.

A diferencia de Estados Unidos, donde la «revolución» del fracking redujo considerablemente su dependencia energética, en Europa todavía no hay producción comercial de gas pizarra. Un total de 10 Estados miembros concedieron licencias de prospección o exploración en los últimos tres años, entre ellos España, pero estos trabajos sólo se iniciaron en Dinamarca, Alemania, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido, aunque por el momento no hay producción comercial del mismo, según los datos de Bruselas. Asimismo, también se concedieron licencias para este tipo de extracción también en Hungría, Holanda y Portugal.

En Polonia ya se realizaron pruebas piloto de producción y el Ejecutivo comunitario consideró que la producción podría empezar entre 2015 y 2017 en países como la propia Polonia o Reino Unido.

«El gas pizarra está dando esperanzas en algunas partes de Europa, pero también es motivo de preocupación entre la opinión pública», dijo el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik.

«La Comisión está respondiendo a los llamamientos para actuar con principios mínimos que los Estados miembros están invitados a seguir para abordar las preocupaciones en materia de medio ambiente y salud y dar a los operadores e inversores la predictibilidad que necesitan», se justificó ante la falta de normas de obligado cumpliendo.

En particular, la recomendación de Bruselas invita en primer lugar a los Estados miembros a planificar con antelación los desarrollos y evaluar posibles efectos acumulativos antes de conceder licencias, así como a examinar cuidadosamente los impactos y riesgos medioambientales de las explotaciones. Deberán garantizar además que la integridad del pozo de extracción se ajusta a los estándares más altos de buenas prácticas.

El Ejecutivo comunitario recomendó además a los Gobiernos verificar la calidad del suelo, el aire y el agua del lugar antes de que empiecen las operaciones, con el objetivo de controlar cualquier cambio y poder hacer frente a los riesgos que se planteen. También planteó controlar las emisiones de gases nocivos al aire, incluyendo los de gases de efecto invernadero, capturando los gases.

Por lo que se refiere a la transparencia, los Gobiernos deberán informar a la opinión pública sobre las sustancias químicas utilizadas en cada pozo de extracción y deberán controlar que los operadores apliquen las mejores prácticas durante todo el proyecto.

Los Estados miembros deberán aplicar los principios sugeridos por la Comisión en un plazo de seis meses y, a partir de diciembre de 2014, informar cada año a Bruselas sobre las medidas que hayan puesto en marcha. El Ejecutivo comunitario controlará la aplicación de las recomendaciones con un marcador público que comparará la actuación de los diferentes países. Y en un plazo de 18 meses revisará si este enfoque es suficiente o se requiere legislación.

A pesar de admitir los «retos» medioambientales del fracking, como la contaminación del entorno, reconoció sus potenciales beneficios para reducir la dependencia energética de Europa y para generar ingresos públicos.

En concreto, destacó que la producción no convencional de gas natural a partir de gas esquisto podría compensar la caída en la producción convencional: en el mejor de los casos podría cubrir un 10% de la demanda total de gas en 2035.

Las actividades relacionadas con el gas esquisto podrían generar además beneficios, por ejemplo, a través de inversiones en infraestructura, oportunidades de empleo, e ingresos vía impuestos, según Bruselas.

De ahí, que el documento busque también sentar las bases para garantizar la igualdad de condiciones en esta industria y establecer un marco más claro para los inversores.

El Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo criticó que la Comisión haya eludido establecer una legislación con límites al fracking y pidió que se suspendan todas las exploraciones y extracciones de gas de esquisto hasta que esté regulado a nivel comunitario.

«La incapacidad de la Comisión de proponer la regulación vinculante de la Unión Europea no sólo es imprudente, sino que es potencialmente catastrófica, todos los Estados miembros deben adoptar medidas de emergencia, suspender las actividades en curso y establecer una moratoria sobre nuevos proyectos«, dijo la eurodiputada francesa Sandrine Belier.

Las empresas de «shale gas» ven positivo la posición de la UE

Por su parte, la asociación Shale Gas España consideró «positivo» que la Comisión Europea haya presentado unas propuestas sobre el sector en las que considera que la regulación a nivel comunitario acerca de la exploración de recursos no convencionales es suficiente, por lo que no es necesaria legislación adicional.

Para Shale Gas España, esta propuesta, en la que se indica que compete a los distintos Estados miembro la decisión acerca de cómo poner en práctica las directrices marcadas por la Comisión, supone «un paso adelante».

Al valorar la comunicación y recomendación sobre la exploración y producción de gas no convencional en la Unión Europea realizada por la Comisión, la asociación consideró además que las recomendaciones «reflejan muchos de los principios y prácticas que la industria ya lleva a cabo de manera habitual en Europa».

Las empresas señalaron que, en el caso de España, la nueva regulación contempla la realización obligatoria de estudios de impacto ambiental para los proyectos de fractura hidráulica.

Esta medida significa, a su juicio, que todos los proyectos «serán sometidos al máximo nivel de control» y que «la documentación presentada por las empresas será analizada por técnicos cualificados de la Administración, ayuntamientos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, ONG y ciudadanos».

Los ecologistas recuerdan que el fracking destruye ecosistemas

Finalmente, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción censuraron que la Comisión Europea haya renunciado a legislar sobre la fractura hidráulica para la extracción de gas de esquisto y se haya limitado a emitir una recomendación a los Estados miembro.

Amigos de la Tierra recalcó que la extracción de gas de esquisto mediante fractura hidráulica «aumenta el riesgo climático y destruye los ecosistemas locales».

Ecologistas en Acción subrayó que la Comisión Europea «abre las puertas a una técnica extractiva que implica graves riesgos y se enfrenta a la oposición social» y además «permite que se inviertan recursos que deberían destinarse a medidas de ahorro, eficiencia y renovables, las únicas herramientas válidas para la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad».