«Depende de los Estados miembros decidir si quieren o no producir energía nuclear», señaló el comisario europeo de Energía, Günter Oettinger, que precisó que «hay 132 reactores nucleares en funcionamiento en la Europa actual. Nuestra tarea en la Comisión es asegurarse de que a la seguridad se da la máxima prioridad en todos y cada uno de ellos».

Una de las novedades más destacadas es la obligación de que las centrales pasen revisiones formadas por expertos de los otros países europeos (revisiones interpares o «peer reviews») cada seis años para comprobar que se cumplen con los estándares de seguridad ante situaciones extremas, como catástrofes naturales, y en las que participarán expertos de otros Estados miembros para garantizar su objetividad.

Al contrario de las conclusiones de la ronda de pruebas de resistencia voluntarias puestas en marcha por Bruselas a raíz del desastre de la planta japonesa de Fukushima, los países tendrán que cumplir con estas recomendaciones o plantear medidas alternativas pero equivalentes para reforzar la seguridad.

De no ser así, una «misión de supervisión especial» viajará al país para estudiar el caso concreto y, en caso de que se concluya que éste está incumpliendo la nuevas exigencias legislativa, la Comisión Europea podrá abrir un procedimiento de infracción que en último extremo podría conllevar la imposición de una multa si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla en contra del país denunciado.

Además de las inspecciones a escala europea cada seis años, Bruselas también pide revisiones nacionales «cómo mínimo cada diez años» que, en el caso de centrales a las que se quiere ampliar su periodo de vida útil, deberá completarse con una evaluación «específica», apuntó el comisario.

La propuesta también plantea el establecimiento de nuevos objetivos y requisitos en cuestión de seguridad, según el borrador del texto, que en última instancia buscan impedir que en caso de accidente haya fugas de radiactividad que afecten al medioambiente y, por tanto, a los ciudadanos.

Bruselas quiere, además, asegurar una mayor transparencia sobre la seguridad del parque europeo nuclear para que la opinión pública sea informada no sólo en caso de accidente, sino también sobre el funcionamiento habitual de las plantas.

También se pretende reforzar la independencia de los reguladores nacionales atómicos, que asumirán poderes como decidir si se prolonga la vida o no de una central nuclear o la concesión de licencias de construcción de instalaciones atómicas, un proceso en el que la nueva directiva establece que se deberá «consultar» a los ciudadanos.

Las decisiones de los reguladores deberán responder sólo a criterios técnicos y de seguridad, «no a razones políticas o económicas», según fuentes europeas, y los países tendrán que asegurar para ello que cuentan con los recursos y el personal especializado suficiente para llevar a cabo su tarea.

Sobre las nuevas centrales nucleares (hay unos 16 reactores nuevos planificados en la Unión Europea), el cambio de la normativa supondría la exigencia de que su diseño garantice que si el núcleo del reactor sufre daños, no tendrá consecuencias fuera de la instalación.

Por último, se pedirá a cada central nuclear que cuente con un centro de respuesta a emergencias que esté protegido contra la radiactividad y los terremotos o inundaciones y que aplique directrices estrictas en materia de gestión de accidentes.

Desde los servicios de la comisaría europea de Energía afirmaron que no es un intento por retirar competencias a los gobiernos europeos, que conservan plena competencia en materia nuclear, sino de ganar un papel de observador para acompañar y verificar que se cumplen las normas. «En los últimos 50 años no hemos recibido la menor información de ningún país sobre el estado de la seguridad», se quejaba un experto comunitario, para explicar la importancia de que la propuesta de Oettinger.

«Estamos europeizando la seguridad nuclear. Queremos que los controles europeos sean los importantes, que no sean sólo nacionales, sino que haya expertos internacionales y los controles sean en profundidad», explicó el comisario europeo de Energía.

La propuesta deberá ser analizada por los Estados miembros pero no por el Parlamento Europeo, que sólo podrá expresar una opinión no vinculante, y tendrá que recibir el visto bueno de los mismos por mayoría cualificada para su entrada en vigor.

Los servicios del comisario Oettinger confían en que la propuesta logre el apoyo de los Estados miembros y se apruebe el año próximo, lo que permitiría su aplicación un año y medio después, que es el tiempo que daría a los gobiernos para trasladar a la norma a su legislación nacional.

A Bruselas le bastaría el apoyo de una mayoría cualificada de Estado miembros para que prospere la norma, pero los países necesitarían una decisión por unanimidad para introducir algún cambio en la misma, según fuentes comunitarias.

Esto «hace bastante difícil que los Estados miembros rechacen la propuesta», aunque sí podría crearse una minoría de países que bloqueen su aprobación, lo que llevaría a iniciar un sistema de votación más complicado, previsto en los Tratados.

Los ecologistas acogieron con decepción la propuesta de Bruselas porque la consideran insuficiente y porque aseguraron que no evitaría que se repitiera en Europa la situación de crisis que se dio en Fukushima hace dos años.

En opinión de Greenpeace, las revisiones cada seis años sólo permitirían un examen «parcial» y dejarían partes de las instalaciones sin revisar «durante décadas» y los objetivos de seguridad que define Bruselas no han tenido en cuenta elementos de riesgo importantes. «Las nuevas reglas ignoran el factor humano, el riesgo de atentado terrorista o de sabotaje», criticó el experto en energía nuclear Jan Haverkamp.

Por el contrario, la industria nuclear europea, a través de FORATOM, expresó su «preocupación», porque considera que la nueva norma es «demasiado detallada» y «mina la autoridad de los reguladores de seguridad nacionales».

Además consideró que Bruselas se precipitó al plantear esta revisión antes de conocer los resultados de la evaluación «post-Fukushima» emprendidos por otros órganos internacionales, como la Organización Internacional de Energía Atómica.