La Comisión Europea prevé continuar el próximo miércoles su expediente a España por la opa sobre Endesa

La Comisión Europea tiene previsto aprobar el próximo miércoles el segundo paso de un procedimiento de infracción contra España por las condiciones impuestas a la opa que Acciona y Enel lanzaron sobre Endesa, indicaron fuentes comunitarias.

El Ejecutivo comunitario debatirá enviar a España un dictamen motivado, el segundo y penúltimo paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Las fuentes indicaron que los servicios de la Comisión presentaron con carácter «urgente» la propuesta de decisión para el orden del día de la próxima sesión del colegio de comisarios. Con el envío del dictámen motivado, la Comisión da un plazo de dos meses tras los cuales, si no recibe una respuesta que considere satisfactoria, podría llevar el caso ante el Tribunal de Luxemburgo.

Sin embargo, el portavoz de Competencia en la CE, Jonathan Todd, dijo que no podía confirmar que el Ejecutivo comunitario vaya a tratar este asunto en su reunión de la próxima semana.

La decisión de la Comisión se aceleró después de que el presidente del Tribunal de Primera Instancia de la UE rechazase el recurso presentado por España que pedía la suspensión de una decisión de la CE de diciembre de 2007, que declaraba las condiciones «ilegales» según el derecho comunitario.

Ante la negativa de España a retirar las medidas, la Comisión abrió un procedimiento en enero y congeló la continuación del expediente hasta la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Tras la decisión del presidente del Tribunal, Marc Jaeger, el portavoz Todd señaló que el Ejecutivo comunitario estaba «reflexionando sobre los próximos pasos a dar».

La Comisión Europea determinó el pasado 5 de diciembre que algunas de las condiciones impuestas por las autoridades españolas a la opa de Acciona y Enel sobre Endesa eran ilegales, por lo que pidió su retirada.

Entre las medidas que Bruselas considera ilegales figuran: mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de distribución de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa; obligar a la adquisición de carbón nacional para sus centros de generación y conservar dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares.

Tras la decisión española de no retirar esas medidas, el Ejecutivo comunitario inició en enero pasado un procedimiento de infracción. Según el reglamento europeo de concentraciones, la Comisión tiene competencia exclusiva sobre estas fusiones y los estados miembros sólo pueden prohibirlas o condicionarlas para proteger intereses distintos a la competencia.

La seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales son los únicos intereses considerados legítimos por Bruselas e incluso en esos casos las medidas deben ser proporcionadas y compatibles con las leyes europeas.

El Gobierno español argumentaba que, con sus restricciones, primero a E.ON y luego a Enel y Acciona, su único objetivo es garantizar la seguridad energética nacional.