En el primer caso, Bruselas denunció que los tres países en cuestión sólo llevaron parcialmente las directivas sobre Electricidad y Gas a su legislación nacional.

Esas normas debían estar transpuestas íntegramente en los ordenamientos de los Estados miembros antes del 3 de marzo de 2011, según recordó la Comisión Europea.

Por ello, el Ejecutivo comunitario solicitó multas diarias de entre 4.224 euros y 148.177 euros por cada una de las directivas no adaptadas correctamente hasta que sean bien transpuestas, cantidades que varían en función de la gravedad del caso.

«Los retrasos en la implementación de las reglas del mercado interior de la energía tienen efectos negativos en todos los actores y no son aceptables», señaló el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger.