Ayer se conocía por los medios de comunicación que la Comisión Europea auditará dentro del programa de reformas el problema del desfase entre los costes del suministro y los precios de la electricidad y, su consecuencia principal, el déficit tarifario, cuyas cifras de vértigo alcanzan los 30.000 millones de euros, y este año, habiendo 1.500 millones de euros previstos, rondará los 5.000 millones. Mientras, el ministro de Industria se permite el lujo de no subir la tarifa para el último trimestre y se jacta de las propuestas fiscales, vendiéndolas como virtualmente aplicadas e irrogándose como responsable de esa «no subida».

Previsiblemente, la Comisión Europea, sin intereses electoralistas de por medio, con esa frialdad y distancia que dan los ojos azules nórdicos, con una visión internacional, exterior, ajena a los frentismos internos y conscientes de que es un asunto económico y energético más que político, exigirá la subida de los precios de la electricidad, en coherencia con los costes del suministro, por otra parte decididos por las instancias políticas y administrativas españolas, pero no asumidos en sus consecuencias. Y también supervisará el hecho de que no haya retrocesos en el modelo de liberalización (por otra parte, impecablemente bien diseñado en España pero mal administrado).

Hasta ahora, la Unión Europea había mantenido un cierto silencio respecto a las vacilaciones de las autoridades españolas respecto a la liberalización (aunque bien es cierto que íbamos más rápidos que el resto de países, si no fuera por las medidas regulatorias revolventes de garantía de rentas). Esas vacilaciones están inducidas en nuestro país, por la alianza entre retroprogresivos, contrarios al mercado y a las propias Directivas Europeas, nostálgicos del Marco Legal Estable y favorables a la determinación de rentas por tecnologías por vía discrecional. Estos están bien alineados y en una fructífera unión con los emergentes en el suministro eléctrico, las empresas y tecnologías que logran beneficios regulatorios por la vía de concesión de potencia y primas sustanciosas. De hecho, incluso en algún momento, en el propio seno de la Comisión Europea, sucumbieron a la frase buenista (pero interesada) de la «revisión de costes por tecnologías», sin saber mucho en qué jardín se metían.

Los directores generales de Energía y Asuntos Económicos, Philip Lowe y Marco Buti de la Comisión Europea, responsables de esta auditoría, se encontrarán con un mercado de generación (el «pool») competitivo y que recoge las señales de precios, como las propias autoridades europeas reconocen. Y, a la vez, comprobarán en paralelo una historia lamentable, inexplicable, poco presentable, con unos costes de suministro disparados, un conjunto de defensores de la involución y la intervención en nuestro país, para establecer y garantizar las rentas reguladas, y una muy poco defendible (y, lo que es peor, poco entendible) política de sector eléctrico y costes de suministro.

La Comisión Europea se encontrará con la vulneración de principios como el de separación de actividades, aditividad y suficiencia en las tarifas. Se encontrarán con la evidencia de que el déficit tarifario es la factura acumulada no pasada a los consumidores por temores políticos, adeudada a las empresas y que en la actualidad soporta una campaña irresponsable para que sea soportado por las empresas que ahora lo financian. Es inexplicable en ningún país del mundo que haya un colectivo como el retroprogresivo de la electricidad que lo defienda. A la vez, podrán leer de primera mano un proyecto de ley de medidas en materia de sostenibilidad energética, como formato genuino español para garantizar los comportamientos disfuncionales pasados, con efectos sobre las distintas tecnologías, sobre el MIBEL, con distorsiones en el mercado, con consecuencias previsibles sobre la garantía de suministro, sobre la competitividad de la energía que usan las empresas y grandes consumidores, y a la par, sin conocer de forma precisa con qué formato se absorbe el déficit tarifario, sobre cómo quedan las tarifas de acceso y qué se absorbe a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Será complicado ante la Unión Europea, con un mercado de generación que, hasta que comenzaron los avisos de la propuesta fiscal, se situaba en la banda más barata de los precios europeos, reproducir un debate falaz sobre el «pool», en un modelo de economía de mercado. Por tanto, y con los indicadores y resultados de la competencia en el propio mercado eléctrico, será difícil que entre en el bochornoso cuestionamiento del mismo y la propensión de determinados colectivos de retroceder en el proceso de liberalización, una vez que han garantizado un volumen considerable de ingresos por vías reguladas como las primas. Será difícil de escamotear con las Directivas europeas en la mano la idea retroprogresiva de la transferencia de rentas entre tecnologías por la vía intervencionista, fiscal o de regulación de rentas.

Será difícil esconder el crecimiento de las primas en el coste del suministro y su impacto, cuestión deliberadamente escondida por el sistema político español (inclusive por este Ejecutivo), a la hora de identificar el diagnóstico del crecimiento del coste del suministro. Algo paradójicamente asociado a los esfuerzos denodados para evitar trasladar estas inconscientes decisiones a los consumidores. Si nos hallamos ante unas tarifas altas dentro de la media europea y ante la necesidad de que sean más altas y, a la vez, podemos tener precios de generación semejantes o más bajos, habrá que ahondar en el porqué, más que en la evitación de sus consecuencias, el endosamiento de las mismas o en el cuestionamiento del sistema de formación de precios. Ese trastorno va a ser evidenciado y alguien debería sentir un cierto pudor, aunque le haya parecido normal hasta el momento.

De hecho, si uno tiene delante expertos económicos con convicciones de modelo de mercado, toda la retórica alrededor de este problema se simplifica. Nadie lo comprende. Seguramente descubrirán cómo se ha ido forjando el incremento de los costes regulados y de las primas en nuestro país, cómo se han ido vulnerando los propios Planes de Energías Renovables en la capacidad de las tecnologías más primadas, como consecuencia de lo que César Molinas denomina «clase extractiva generadora de burbujas», combinado con la indolencia y la falta de capacidad de control, gestión y administración efectiva y ejecutiva. Y comprobarán los hombres de negro de la energía todas las maniobras, recovecos y mecanismos de evitación que se están dando para la realización de un ajuste serio.

Por su parte, al Partido Popular, actualmente en el gobierno, este proceso le pilla con el pie cambiado y sin visión económica del sector energético. Sin política energética, ni de suministro eléctrico o pretendiendo que el sector eléctrico cumpla varios objetivos a la vez, todos ellos diferentes al de contar con un suministro económica y medioambientalmente sostenible en condiciones de mercado y de competencia. Si bien, los populares han recibido una herencia en forma de déficit acumulado muy voluminosa, lo cierto es que el concepto déficit tarifario fue acuñado en tiempos de José Folgado como secretario general de Energía. Y además en esta nueva singladura con José Manuel Soria a la cabeza, las medidas instrumentadas este año en materia tarifaria no han hecho más que ahondar el problema.

Finalmente, el Anteproyecto de medidas fiscales presentado pretende, como único enfoque, recaudar. Su obsesión ha sido buscar presuntos equilibrios entre beneficiados y perjudicados, sin tener un modelo de sector eléctrico, de coste de suministro y sin que se conozca cuál es el diseño preciso de su absorción.

Por tanto, hay reacción en Europa, hay atención y hay preocupación por el problema del déficit tarifario español, por las consecuencias que se derivan en términos políticos, económicos, financieros, sectoriales, empresariales, de estabilidad regulatoria y jurídica, incluso por las alternativas que se producen en el seno del psicodrama interno del país: Gobierno dividido, oposición retroprogresiva y de los propios perceptores de rentas y de cómo se organizan para evitar sus consecuencias. La atención en Europa está situada en la economía española y obliga a un mayor nivel de consciencia en la política, en el Gobierno y también, dentro, en los distintos sectores y subsectores energéticos. Es la hora de la realidad y de la economía.

Vamos…, que nos están viendo.