La Comisión Europea descarta que las empresas y eléctricas españolas se lucraran de ayudas irregulares

El pasado 4 de febrero, la Comisión decidió cerrar sin sanciones la investigación en profundidad que abrió en enero de 2007 para estudiar si las tarifas eléctricas reguladas, para que se mantuvieran «artificialmente bajas» para la industria, suponían una ayuda de Estado ilegal a grandes y medianas empresas y a los operadores eléctricos tradicionales en España, lo que supondría una ventaja indebida frente a sus rivales europeos.

«Cabe la posibilidad de que estas tarifas reguladas hayan supuesto cantidades importantes de ayuda a dichas empresas y, en cierta medida, a los operadores tradicionales en el sector eléctrico, que podrían haber recibido una compensación excesiva del Estado español y haber conseguido un beneficio anómalo» gracias a este sistema, apuntó la Comisión Europea con motivo de la apertura de la investigación en 2007.

La investigación, que no concernía a las tarifas reguladas para las empresas pequeñas y las viviendas, se centró en concreto en las medidas para paliar el déficit de la tarifa eléctrica que España acumulaba en 2005, un total de 3.800 millones de euros, señaló entonces la Comisión.

Sin embargo, tras el proceso de investigación, el Ejecutivo comunitario consideró que este sistema no incumple las normas de competencia europeas.

En particular, las tarifas reguladas en cuestión se suprimieron en 2009 y España puso en marcha un mecanismo para financiar el déficit de 2005 que exigía a los grandes usuarios de electricidad cubrir con posterioridad la brecha creada. De hecho, las tarifas eléctricas se aumentaron con posterioridad para cubrir el déficit. Además, el Gobierno español se comprometió a que las empresas usuarias paguen un «interés razonable» a la hora de devolver el déficit.

«El mecanismo empleado entonces por España para financiar el déficit tarifario suponía que los usuarios cubrieran a posteriori el déficit creado, de manera que, en la práctica, las tarifas eléctricas se aumentaron para reembolsarlo», explicó Colombani.

Además, las pruebas recopiladas durante la investigación formal mostraban que los contratos de un año que cubrían de diciembre de 2004 al mismo mes de 2005 en el mercado libre «fueron cerrados a precios similares de los de las tarifas reguladas para los usuarios industriales», explicó.

«La Comisión concluyó, por tanto, que no se concedió ninguna ventaja a los usuarios de electricidad«, recalcó Colombani.

El portavoz rechazó también las «especulaciones» que apuntan a que la Comisión Europea se habría visto «influenciada por otras consideraciones relacionadas a la política industrial o la reciente crisis económica» en su decisión, unas críticas «sin fundamento».

«Las decisiones sobre ayudas de Estado de la Comisión Europea, así como su revisión por parte de los tribunales comunitarios, se asientan en argumentos económicos y legales relevantes, que se basan en los hechos que sucedieron en 2005», dijo Colombani.

El Ejecutivo comunitario lanzó una investigación similar sobre Francia y también la cerró con una decisión positiva el 12 de junio de 2012.