La Comisión Europea cree que los sondeos cumplen sus directivas y el Gobierno canario considera que «no entra a valorar el fondo» del asunto

En respuesta a una pregunta del eurodiputado Ramón Tremosa, de CiU, a la Comisión Europea, que adelanta el diario La Provincia, el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, explicó que la Comisión abrió una investigación sobre este asunto a raíz de varias iniciativas parlamentarias y quejas, con el fin de comprobar si las autorizaciones concedidas a Repsol cumplían la legislación europea.

«En el marco de esa investigación», dijo Potocnik, «las autoridades españolas informaron de que el proyecto era objeto de una evaluación completa de impacto ambiental de conformidad con las disposiciones de la directiva 2011/92/UE».

La Comisión, añadió el titular de Medio Ambiente, ha dado por terminada esa investigación y, «según la información más actualizada disponible», tiene constancia de que «el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de ese proyecto ha concluido y en junio de 2014 las autoridades españolas competentes» hicieron público su dictamen, favorable a que se llevaran a cabo esas prospecciones.

«Sobre la base de la que dispone la Comisión, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se ha llevado a cabo de conformidad con la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental«, añadió Potocnik.

Bruselas «no entra a valorar el fondo» del estudio

El comisionado del Gobierno canario para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, habitual portavoz del gabinete de Paulino Rivero (CC) en la controversia legal abierta por las prospecciones petrolíferas, restó valor a esa contestación del comisario europeo: «Únicamente traslada la opinión y posición del Gobierno de España al respecto y no valora el fondo del asunto».

En este sentido, apuntó que la «supuesta» investigación que «dice haber abierto la Comisión Europea concluyó» cuando el Gobierno central indicó que el proyecto «era objeto de una evaluación completa de impacto ambiental de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2011/92/UE».

De todos modos, Ríos anunció que el gobierno canario «volverá a activar las quejas presentadas ante la Comisión Europea», tomando como referencia el voto particular de los dos magistrados del Tribunal Supremo que discrepan de la sentencia que convalidó los permisos.

Esos magistrados sugerían que, antes de pronunciarse sobre este asunto, el Tribunal Supremo debería haber consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el procedimiento seguido por el Gobierno Español para recuperar las autorizaciones concedidas a Repsol hace ya 13 años respetaban o no las directivas comunitarias.

El gobierno canario defiende que no es así y que las prospecciones «vulneran hasta ocho directivas comunitarias, entre ellas, las de Hábitat, Aves, Hidrocarburos o Proyectos y Programas».

Por otro lado, Ríos se refirió a la «soberbia» del Ministerio de Industria que, señaló, «impedirá que se tengan en cuenta las graves deficiencias» del procedimiento aunque espera que «esta vez sí contesten a las alegaciones formuladas».

De todas formas, informó de que el Gobierno de Canarias recurrirá a los tribunales en caso de que el Ministerio rechace el recurso de alzada, ya que son los «únicos que pueden garantizar imparcialidad al proceso».

Ríos subrayó que «la pasada sentencia del Tribunal Supremo se pronunció sobre la autorización activada hace dos años pero que, en ningún caso, se ha manifestado en torno al procedimiento seguido por el Gobierno en ese tiempo».

El Ejecutivo autonómico, el Parlamento de Canarias y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura expresaron reiteradamente su rechazo a que se busquen hidrocarburos en esa zona del Atlántico, al considerar que ese proyecto pone en riesgo el rico patrimonio ambiental de la zona y la principal industria de las islas, el turismo, así como el suministro de agua a la población, que en buena parte depende de las desaladoras de la costa.

Rivero cree que la UE confirmará el estudio como ilegal

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), insistió en que su Ejecutivo espera que la Unión Europea confirme que la evaluación de impacto ambiental de las prospecciones petrolíferas de Repsol ha vulnerado varias directivas comunitarias y no es válido.

«Hay hasta ocho directivas comunitarias que se han vulnerado, desde nuestro punto de vista, y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Tribunal Supremo«, ya que «los votos particulares presentados por dos magistrados (disconformes con el pronunciamiento favorable a dicha declaración) van en esa línea, de vulneración de la normativa europea», defendió.

Rivero consideró que el comisario europeo «dice una cosa muy clara», que «el Gobierno de Madrid que han tramitado correctamente la declaración de impacto ambiental», de modo que «Bruselas lo que hace es trasladar lo que dice Madrid».

«Ahora, nosotros queremos saber qué es lo que opina Bruselas, qué es lo que opina la Comisión Europea», una cuestión sobre la que no se ha hecho pronunciamiento alguno todavía, añadió Rivero.

El presidente del Gobierno canario recordó que, por ello, en el último debate celebrado sobre este asunto por el Parlamento autonómico se pidió a «la Comisión Europea que fiscalice y que verifique si se están cumpliendo las directivas comunitarias».

«Y esperamos que la Comisión Europea, desde la oficialidad de esta petición del Parlamento de Canarias y del Gobierno de Canarias, se dirija al Tribunal de Luxemburgo para clarificar si, de verdad, se está cumpliendo la normativa europea», insistió.

Rivero precisó que en su Ejecutivo existe «la convicción de que no» se han cumplido las directivas europeas y que por ello creen que la noticia de hoy es para «intentar confundir a la opinión pública».