La Comisión Europea cree que las medidas contra el déficit de tarifa español generan «incertidumbre»

«En conjunto, los esfuerzos de España para reducir su déficit tarifario han sido sólo parcialmente exitosos», destacó el Ejecutivo comunitario en un informe en el que analiza la situación del déficit tarifario en once países europeos.

El déficit tarifario español, la diferencia entre el precio que se paga por la electricidad y el coste real de su producción, alcanzó unos 30.000 millones de euros a finales de 2013, pese a las reformas energéticas introducidas por el Gobierno español en ese año con el objetivo de eliminar el desvío.

«No hay dudas de que el déficit tarifario hubiera sido incluso mayor sin las reformas», apuntó la Comisión, «por otra parte, las múltiples y a veces caóticas iniciativas para eliminar el déficit tarifario han creado incertidumbre sobre el sistema eléctrico español», añadió.

La Comisión recordó que la agencia de calificación Fitch considera que las medidas no han supuesto una «solución creíble o predecible» al déficit tarifario y rebajó la calificación de las titulizaciones del déficit tarifario eléctrico español en enero de 2014.

En el informe, la Comisión analizó la evolución del desvío español y su aumento gradual desde el año 2000, hasta representar cerca del 3% del PIB del país y colocarse a la cabeza de Europa.

Bruselas mostró su preocupación en reiteradas ocasiones y pidió a España que elimine de manera gradual los precios regulados de la electricidad que se aplican a los hogares para contenerlo.

La Comisión analizó el impacto de diferentes factores económicos y energéticos en la acumulación del déficit tarifario.

Entre los factores que aumentan la probabilidad de acumular déficit tarifario, la Comisión Europea apuntó al desarrollo de las renovables a través de esquemas de subvenciones que suelen resultar «costosos», aunque la institución señaló que no todos los países que sufren este tipo de desvío tienen un sector de energías limpias muy desarrollado.

También influyó la «efectividad del gobierno y la calidad de la regulación», según la Comisión, que consideró que «los gobiernos tienden a influir en los procesos de establecimiento de las tarifas, lo que puede generar una mayor propensión a tener déficit tarifarios».

«Esto indica que, aunque los reguladores son formalmente independientes, están sujetos a la influencia política debido a razones políticas o de financiación», añadió el informe.

Otros factores son la falta de crecimiento económico, la regulación de los precios minoristas, un menor nivel de competencia en el sector eléctrico y el aumento de los precios del petróleo traducidos en un mayor costo de la producción energética.