La Comisión de Nueva York pospone su decisión sobre la compra de Energy por Iberdrola

«Debido a circunstancias inesperadas e imprevistas, dos miembros de la comisión no han podido participar en la sesión. Celebraremos una reunión especial el próximo 3 de septiembre en Albany a las 10:30 hora local (14:30 GMT)», aseguró el presidente del órgano regulador, Garry Brown, al comienzo de la reunión.

Sin embargo, durante la sesión mantenida se procedió al debate que estaba previsto, en el que los técnicos expondrán a los cinco miembros de la comisión sus observaciones sobre la operación.

La oferta, apoyada expresamente por la senadora de Nueva York Hillary Clinton y por el gobernador del estado, David Paterson, ya ha sido aprobada por el Gobierno central y por otros tres estados del noreste del país.

Por ello, si los cinco miembros de la comisión dan su visto bueno a la operación, Iberdrola tendría por fin vía libre para hacerse con el control de Energy East, catorce meses después de presentar su oferta.

El objetivo del regulador neoyorquino es garantizar que los clientes no ven incrementadas sus facturas eléctricas y, al mismo tiempo, tratar de que Iberdrola, una de las compañías más poderosas del mundo en energía eólica, no desfavorece la entrada de competidores en el sector.

Uno de los aspectos que más división generó entre los miembros de la comisión fue la forma en que Iberdrola transmitiría a los consumidores los beneficios obtenidos por la transacción que, según lo barajado ascenderían a 275 millones de dólares.

Una de las posibilidades recomendadas por los técnicos es la de compartir las sinergias y mejoras en la eficiencia con los consumidores una vez pasados los primeros 18 meses desde la integración, algo que, para Maureen Harris, miembro de la comisión, es demasiado tiempo.

«Creo que es una opción muy arriesgada y me preocupa», reiteró Harris, la integrante de la comisión que más reservas expresó acerca de la operación, del «poder vertical» que tendría Iberdrola (control sobre las distintas fases del negocio) y de la repercusión sobre la competencia y los clientes.

Sin embargo, el propio presidente de la comisión, Garry Brown, señaló al respecto que la opción barajada para transmitir los beneficios «supone exactamente el mismo riesgo que hemos estado asumiendo en los últimos diez o quince años».

Añadió que también hay que tener en cuenta que, si la operación no se consuma, se perderían esos 275 millones de dólares en beneficios para clientes.

Además señaló que, como habían destacado previamente los expertos, parece poco probable que Iberdrola tenga beneficios extraordinarios con la operación en los primeros 18 meses, aunque sí a más largo plazo.

Energy East presta servicio a cinco estados del nordeste de EEUU

Los precios de Energy East, que presta servicio en cinco estados del nordeste de Estados Unidos (Nueva York, Maine, Massachusetts, New Hampshire y Connecticut), son los cuartos más caros del país, según los analistas.

La empresa española se ha comprometido a acometer un ajuste de tarifas de más de 200 millones de dólares (una de las principales reclamaciones de la comisión), así como a reducir las tarifas inmediatamente después de cerrarse la operación.

Además, ha anunciado inversiones por 2.000 millones de dólares en energías renovables, beneficios adicionales para los consumidores como consecuencia de la desinversión en centrales térmicas y la resolución de asuntos pendientes con las cooperativas eléctricas y con la ciudad de Roochester, donde tiene instalaciones la compañía estadounidense.

El estado de Nueva York se ha establecido el objetivo de que el 25 por ciento de la electricidad que se consuma en 2013 proceda de fuentes renovables.

Uno de los principales problemas observados por los miembros de la Comisión hasta el momento es que, al integrar el negocio de Energy East, Iberdrola controlaría tanto la generación como la distribución eléctrica.

Las autoridades reguladoras se oponen desde hace años a ese control por considera que el «poder vertical» de un negocio entorpece la competencia y, por tanto, va en detrimento de los intereses de los inversores.