La CNMC ve positivo el decreto sobre renovables porque minimiza el coste al usuario, pero lamenta no poder evaluar su alcance económico

No obstante, el superregulador advirtió al mismo tiempo en su informe sobre este real decreto de la imposibilidad de evaluar el alcance económico de la propuesta, «a falta del desarrollo reglamentario que concrete los parámetros retributivos a aplicar».

Esta imposibilidad se debe a que el real decreto debe quedar completado por un desarrollo reglamentario en el que se indiquen cómo son las diferentes instalaciones tipo en función de las que deben establecerse los nuevos parámetros retributivos, según se señaló el informe sobre la propuesta de real decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos remitido por Industria y aprobado la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC.

El principal cambio que introduce el Gobierno es que la retribución a la producción de régimen especial se definirá teniendo en cuenta los costes de inversión de acuerdo con la potencia instalada, en lugar de ser proporcional a la energía producida, como ocurría hasta ahora.

En caso de ser necesario, podrá existir un término de retribución a la operación que cubra la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos procedentes del mercado, así como un incentivo a las instalaciones que permitan reducir el coste de generación en los territorios no peninsulares.

Otro componente adicional de retribución será el correspondiente a la operación extendida, pensado para las instalaciones que alcanzaron el fin de su vida útil regulatoria y «aplicable bajo determinadas circunstancias a determinar mediante una futura orden».

Para el organismo regulador, el nuevo sistema retributivo aplicable complementa los ingresos que estas instalaciones perciben por la venta de energía en el mercado; establece una retribución a la inversión que cubra los costes de inversión que no puedan recuperarse vía mercado y, si es necesario, una retribución a la operación, que cubra la diferencia entre los costes de explotación de la instalación y el precio obtenido del mercado.

Además, aseguró que este sistema de retribución no se establece de forma individualizada para cada instalación concreta, sino que pivota sobre el concepto de instalación tipo que se determinarán por medio de una orden ministerial en función de la potencia, tipo de tecnología, antigüedad y sistema eléctrico, así como de acuerdo con otras posibles características relevantes. Cada instalación tipo representa un conjunto de instalaciones homogéneo, y el régimen retributivo específico calculado sobre ella resulta aplicable a todas las instalaciones pertenecientes a dicho conjunto.

En su informe, la CNMC sostuvo que la justificación de estas retribuciones es para «corregir los efectos externos negativos derivados de otras formas de generación», y así se permite «competir» con las fuentes de producción tradicionales de origen térmico.

La metodología planteada prevé una serie de actualizaciones y revisiones cada tres y seis años, a fin de corregir posibles desviaciones respecto a las previsiones iniciales; el objetivo es lograr una mayor estabilidad y predictibilidad del sobrecoste de estas tecnologías de generación.

En su informe, el organismo advirtió además de que el nuevo diferencial sobre los tipos del Tesoro a diez años para calcular la retribución a las renovables podría ser «demasiado rígido» en su metodología de cálculo, ya que obliga a emitir informes con demasiada antelación, con lo que puede quedar desfasado. En un primer momento, el diferencial será de 300 puntos básicos.

En su opinión, los incentivos económicos deben estar basados en unos adecuados parámetros de «eficacia y eficiencia» que permitan lograr los objetivos marcados en energías verdes al menor coste posible. Para ello, abogó por fomentar inversiones competitivas en nueva capacidad y minimizar el coste de financiación de los proyectos, lo que, en definitiva, «reduce el coste final para el consumidor», tanto en costes directos como indirectos.

Además, el organismo presidido por José María Marín Quemada consideró además que es necesario hacer compatibles los incentivos «que reconocen los méritos medioambientales y socioeconómicos» de las renovables con el «sostenimiento económico del sistema».

Las primas alcanzarán los 9.322 millones de euros

Por otro lado, indicó que el régimen especial equivale al 45% de los costes regulados, o peajes, después de un «fuerte incremento» medio anual del 101% entre 1998 y 2012 y recordó que el coste de esta partida representó el 43,8% de los costes de acceso del ejercicio 2012.

No obstante, el superregulador consideró que esta partida alcanzará un valor de 9.322 millones de euros en el conjunto de 2013, frente a los 9.380 millones de euros calculados por el Ministerio de Industria. En la última liquidación, la correspondiente al cierre de octubre de 2013, la CNMC cifró la cantidad destinada al pago de la prima del régimen especial en 8.188 millones de euros, un 3,8% inferior a lo previsto y un 9,35% más elevada que la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La CNMC dijo en el informe que el método de primas al régimen especial empleado hasta ahora ha «tensionado» significativamente los peajes debido a que su retribución es el coste que más contribuyó al «desvío» entre los costes de acceso previstos y los reales, sobre todo a partir de 2007, coincidiendo con el boom de la energía solar.

Estas primas, al formar parte de los peajes y abaratar al mismo tiempo el mercado, se vieron incrementadas en 100 millones de euros por cada euro por megavatio hora (MWh) en el que se reduce el precio del mercado.

Asimismo, la CNMC advirtió de un «posible retraso en los pagos» de las primas a las renovables correspondientes al segundo semestre de 2013, que es el periodo al que afecta el real decreto ley de la reforma energética anunciada en julio.

Para evitar las consecuencias de estos retrasos, el regulador estimó necesario que Industria considere en el real decreto este «incumplimiento normativo» y aplique algunas modificaciones. Para ello, propuso añadir una disposición transitoria decimosexta en la que el pago de posibles reliquidaciones del ejercicio 2013 se supedite a la disponibilidad de fondos del año 2013 o a la ejecución de las liquidaciones a cuenta y la liquidación de cierre definitivo de ese ejercicio.

Prioridad de acceso y potencia pico fotovoltaica

El organismo también analizó la eliminación del actual límite de 50 megavatios (MW) en la potencia instalada que permitirá que «las instalaciones hidráulicas de potencia superior a 50 MW y los ciclos combinados que cogeneran con alta eficiencia, hasta ahora situados en el régimen ordinario, podrán tener los derechos» hasta ahora limitados al régimen especial, entre ellos el de prioridad de evacuación a la red.

Además, la CNMC está de acuerdo con Industria de que, en el caso de la energía fotovoltaica, se tenga en cuenta para el nuevo esquema retributivo la potencia pico, en lugar de la potencia del inversor, «porque aquella refleja mejor la potencia realmente instalada y presenta una mayor correlación con la energía a producir por la instalación».

Respecto al mecanismo para la determinación del valor del diferencial sobre el rendimiento de las Obligaciones del Estado, la CNMC señaló que «podría considerar demasiado rígido» la fijación por ley del mecanismo para la determinación del valor del diferencial sobre el rendimiento de las Obligaciones del Estado. En su lugar, propuso como «más razonable» que se determine la metodología para la fijación del valor, de forma que éste pueda calcularse poco antes del comienzo del periodo regulatorio.

La AEE tacha de «decepcionante» el informe de la CNMC

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) consideró que el informe de la CNMC sobre el real decreto de renovables es «muy decepcionante» ya que no se pronuncia sobre los temas más importantes y acepta el sistema del Gobierno sin entrar en el fondo.

Fuentes de la asociación lamentaron que el informe no haga referencia a cómo puede afectar a las instalaciones existentes con efectos retroactivos, así como que no cite «ni una sola vez» el término retroactivo o retroactividad «a pesar de ser uno de los aspectos más preocupantes de este real decreto».

En este sentido, la AEE subrayó que el informe no hace ningún juicio sobre el modelo retributivo propuesto, con el que el sector eólico no está en absoluto de acuerdo ni menciona que la normativa «se ha lanzado sin que se pueda evaluar el impacto económico para las instalaciones renovables y sin haber sido consensuado con el sector».

Además, consideraron que la CNMC insiste en que los incentivos económicos deben ir ligados a criterios de eficacia y eficiencia, sin entrar a juzgar el tipo de tecnologías.

No obstante, la AEE valoró que la CNMC apunte a que sería más adecuado ligar la retribución al criterio de WACC (coste medio del capital) que al del bono a diez años.

UNEF: «El informe de la CNMC pone en entredicho su independencia»

La asociación empresarial Unión Española Fotovoltaica (UNEF) aseguró que el informe elaborado por CNMC sobre el decreto de renovables contiene «conclusiones injustificadas y sin base objetiva» y deja en entredicho su independencia.

Según señalaron fuentes de la patronal, el informe supone «un notable viraje» respecto a los informes elaborados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional de Competencia (CNC), ahora integrada en la CNMC, el pasado mes de septiembre, circunstancia que pone en cuestión la independencia y el rigor del organismo y «no se justifica en ninguna parte» del nuevo documento.

Para UNEF, la CNMC «se aventura» al calificar positivamente el texto, al tiempo que, paradójicamente, reconoció que es imposible calcular las consecuencias económicas que tendrá hasta que el Gobierno no publique la orden ministerial que servirá de base para realizar los cálculos y fijar la retribución de las plantas renovables.

La patronal fotovoltaica también criticó que el organismo que preside José María Marín Quemada no se refiera a la ruptura de la seguridad jurídica que implica esta norma, cuando entre sus cometidos está la defensa de la certidumbre regulatoria.

Por último, señaló que se manipularon los datos al acusar al régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) de ser la partida que más se desvió en 2012, cuando en realidad fueron los costes extrapeninsulares.

Anpier dice que el decreto beneficia a los especuladores

Asimismo, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) consideró que el superregulador avala un marco para las renovables articulado sobre «conceptos abstractos que condenan a los pequeños productores», entre ellos los de «ingresos estándar», «precio medio estimado» o «empresa bien gestionada».

En este sentido, Anpier alertó de que los mayores perjudicados serán las 55.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica que, bajo la «promesa» del Estado de unos retornos ciertos, invirtieron «todos sus ahorros» para desarrollar y producir energías limpias y «ahora se les quiere expulsar del sistema eléctrico con un nuevo marco legal retroactivo que se articula sobre conceptos abstractos que vulneran claramente el principio de seguridad jurídica».

Debido al cambio que introduce la norma por el que las retribuciones se definirán en función de unos «estándares» de los costes de inversión según la potencia instalada, Anpier afirmó que los beneficiados serán los grandes especuladores ajenos al sector, mientras que los pequeños productores «serán expulsados del sistema» ya que sus rentabilidades serán «ínfimas o negativas» y, por lo tanto, se les podría considerar ‘empresas mal gestionadas’.

Además, consideró que la CNMC está validando un real decreto «idéntico al que la desaparecida Comisión Nacional de la Energía (CNE) desaconsejó poco antes de su extinción», tras considerar que los productores de energía se enfrentarían a balances negativos en su actividad.

Es «sorprendente» que el nuevo regulador afirme que «es necesario compatibilizar el mantenimiento de los incentivos que reconocen los méritos medioambientales y socioeconómicos de estas formas de producción de energía eléctrica con el sostenimiento económico del sistema», algo que, hace unos días, resultaba «inoportuno» para la Comisión Nacional de Energía.