La CNMC multa a Nuclenor con 18,4 millones de euros por el cierre de Garoña en 2012 «sin autorización»

El organismo regulador consideró que se trata de una infracción muy grave porque «no se puede reducir la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica sin la correspondiente autorización».

El consejo de Nuclenor, sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa y que gestiona la central, acordó «la adopción de las medidas necesarias para la extracción definitiva del combustible nuclear irradiado en la central y su descarga en la piscina de combustible gastado, con el consiguiente cese definitivo de la central con anterioridad al 31 de diciembre de 2012».

Por este motivo, acordó el cese de explotación de la central burgalesa el 16 de diciembre de 2012, casi seis meses antes de la fecha inicialmente fijada por orden ministerial, que era la del 6 de julio de 2013, según la Orden IET 1785/2009.

Iberdrola y Endesa decidieron parar Garoña en respuesta a las nuevas tasas e impuestos a los residuos nucleares aprobados por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica y que, en su opinión, hacía la central «inviable».

Por ello, la CNMC acordó iniciar un expediente regulador contra Nuclenor el 25 de julio de 2013, puesto que «la decisión de parar el funcionamiento de la central y la ejecución de las actuaciones necesarias para la descarga completa del combustible se adoptaron estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas de carácter técnico o de seguridad que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».

La planta nuclear cuenta con una potencia neta de 455,29 megavatios (MW) que no estuvo a disposición del sistema eléctrico en el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2012 y el 6 de julio de 2013.

Desde entonces, el Ejecutivo ha mantenido abierta la puerta a que la planta atómica retome la actividad y actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta el 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad.

El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y dos días después el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si este es negativo obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.

El importe de la sanción, añadió el organismo presidido por José María Marín, se calculó conforme a los criterios de graduación previstos en la Ley, en particular el daño causado y el beneficio ilícito obtenido.

No obstante, el importe final queda limitado por la regla de máximos, del artículo 67.2 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, en virtud de la cual la cuantía de la multa no podrá superar el 10% del importe neto anual de la facturación del infractor.

La cifra neta de negocio de Nuclenor en 2011 (último ejercicio completo antes del cese de actividad) ascendió a 184 millones de euros, por lo que la multa se limita a 18,4 millones de euros.