La CNMC considera que los nuevos parámetros retributivos reducirían en 1.700 millones de euros los ingresos de las renovables y la cogeneración

Este descenso en la retribución de las instalaciones hará que los incentivos al anteriormente conocido como régimen especial asciendan este año a 7.013 millones de euros, lo que supone un 3% más que los 6.804 millones de euros de 2011, ejercicio en el que la potencia instalada era un 8,4% inferior a la actual.

Así figura en el informe del regulador sobre la propuesta de orden del Ejecutivo, cuyo real decreto, aún pendiente de aprobación, regulará la actividad de producción de energía eléctrica a partir de estas instalaciones, caracteriza aproximadamente 1.300 instalaciones tipo, y fija para cada una de ellas unos parámetros retributivos de inversión fijados por el Gobierno. Este esquema prevé sustituir el antiguo sistema de primas por una retribución razonable a lo largo de la vida útil de la planta.

Con carácter general, contempla una clasificación por la que «se distinguen tantas categorías como circunstancias normativas históricas y años hayan transcurrido», lo que, según la CNMC, conlleva que las distintas instalaciones se vean afectadas «de forma dispar» en función de su grado de adaptación al nuevo estándar que se ha definido.

La CNMC estimó que la aplicación de los nuevos parámetros retributivos situaría la retribución regulada percibida por el conjunto de instalaciones en aproximadamente 1.700 millones de euros menos que con la regulación anterior durante 2014, en línea con los 1.750 millones previstos por el Gobierno, y «siempre que se cumplan las hipótesis incluidas en la propia propuesta». De aprobarse, esta retribución se situaría en los mismos niveles que la percibida en el ejercicio 2011.

Sin embargo, el impacto varía acusadamente entre tecnologías y entre Instalaciones Tipo, en función de la estandarización realizada y del volumen de ingresos regulados ya percibidos.

Según los cálculos de la CNMC, de los 1.700 millones de euros, 608 millones de euros corresponden a la eólica, 373 millones de euros a la fotovoltaica, 186 millones de euros a la termosolar, 176 millones de euros a la cogeneración, 150 millones de euros a la hidráulica y 30 millones de euros al tratamiento de residuos. La biomasa mejora en 13 millones de euros su retribución.

En términos porcentuales, el recorte global es del 19,24% aunque con grandes diferencias, con un impacto más acusado para la pequeña hidráulica (92,6%), el tratamiento de residuos (38,94%), residuos (37,4%), la eólica (33,72%), solar fotovoltaica (13,23%), solar termoeléctrica (12,92%) y cogeneración (10,41%), mientras que la biomasa eleva sus pagos en un 4,77%.

De este modo, se observa que los datos de ratios de inversión, en euros por megavatio (MW) instalado, empleados en su día por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la estimación de las tarifas y primas, aun cuando no eran en algunos casos estadísticamente significativos, se situaban, salvo excepciones, próximos o inferiores a los ahora propuestos.

Por lo tanto, la reducción de la retribución «no es atribuible con carácter general a la aplicación de ratios de inversión bajos, sino al establecimiento de una tasa de rentabilidad menor» a la implícita en las primas y tarifas vigentes en el marco retributivo anterior al real decreto de 2013.

No obstante, en su informe, el regulador calificó de «paradójico» que, en un contexto de «fuerte ajuste y posible cierre de plantas» como el actual, se produzca un incremento en la retribución de algunas plantas, al menos en los primeros años de explotación.

Asimismo, la CNMC echó «en falta» en la memoria que acompaña a la propuesta de orden aspectos tales como la justificación de los motivos por los que la vida útil regulatoria de las instalaciones de determinadas tecnologías fue extendida, la definición de los criterios empleados para conceder a determinadas instalaciones una retribución a la operación extendida más allá de dicha vida útil regulatoria, o la metodología empleada para estimar los precios medios de mercado durante el primer semiperíodo regulatorio (2014-2016).

Igualmente se refirió a aspectos «llamativos» como el incremento en la retribución de determinadas instalaciones en un contexto de ajuste, o «casos singulares» en los que la correlación de los parámetros retributivos dentro de una determinada instalación tipo o comparando instalaciones tipo entre sí, «no coincide con la esperable».

En el trámite de audiencia conducido a través del Consejo Consultivo de Electricidad fue masiva; se registraron 619 alegaciones procedentes de distintas administraciones y entes públicos locales y autonómicos, asociaciones sectoriales, un elevado número de muy diversas empresas de los sectores energético, industrial y agroganadero, así como centenares de particulares.