La CNE ve riesgos en usar subastas para fijar las tarifas de último recurso

El regulador energético estima que la ausencia de un mercado diario (spot) de gas líquido en España y la elevada volatilidad de los mercados internacionales implican riegos de que el precio que resulte de la subasta celebrada en una fecha determinada «no sea realmente representativo del coste del gas».

La CNE añade que la obligación de participar en la subasta por parte de los comercializadores, junto al riesgo de que no sea realmente un mercado competitivo, podría suponer para los consumidores «un encarecimiento injustificado del suministro» o que la Administración se vea obligada a implantar un sistema de reconocimiento de déficit tarifario.

Por otra parte, en su informe sobre la Orden del Ministerial que regulará las subasta, la CNE apunta que la competencia en la subasta podría verse mermada por el elevado grado de integración vertical que caracteriza la actividad de comercialización de gas.

El supervisor recomienda que previamente a la convocatoria de la subasta, se recabe información sobre la posibilidad de participación, así como que se adopten muchas cautelas sobre el volumen a subastar, entre otras medidas.

Según la CNE, las subastas que se utilicen como referencia para fijar las TUR deberían comenzar con un volumen subastado del 25 por ciento de la demanda de último recurso.

La tarifa de último recurso será la única regulada tras la previa liberalización del mercado y, según la Orden Ministerial, los comercializadores deberán adquirir obligatoriamente el gas destinado a ese segmento mediante este sistema, en el que podrán participar como vendedores todos los comercializadores autorizados.

Las subastas serán inversas, es decir, que parten de un precio de salida y se procede a la reducción progresiva del mismo hasta llegar al equilibrio entre la oferta y la demanda, con el fin de garantizar el mejor precio para el consumidor final.

Estas pujas se realizarán, preferentemente, cinco meses antes del comienzo del periodo de entrega y su coste será soportado por las empresas que resulten adjudicatarias.