La CNE suspende de forma cautelar el pago de las primas a 350 instalaciones fotovoltaicas

Los primeros resultados del proceso de investigación a las plantas fotovoltaicas que inició la CNE, a fin de verificar la fidelidad y cumplimiento de todos los requisitos, en el proceso de cambio del R.D. 661/2007 al R.D. 1578/2008 empiezan a ver la luz.

El proceso de cambio retributivo vino precedido de un vertiginoso proceso para conseguir la puesta en funcionamiento antes del 30 de septiembre de 2008, para que las instalaciones se acogieran a las condiciones retributivas precedentes, mucho más favorables económicamente. En algunos casos, se detectaron irregularidades en el cumplimiento de los requisitos y los plazos, lo que llevó al organismo presidido por Maite Costa a iniciar una investigación.

De este modo, el consejo de administración de la CNE ha decidido suspender de forma cautelar el pago de primas a 350 instalaciones fotovoltaicas que no han acreditado la instalación de los equipos necesarios para producir energía antes de esa fecha, que es cuando expiró el marco legal al que se encontraban acogidas.

Las instalaciones debían presentar documentos como facturas, albaranes de los equipos, certificados de instalación, justificantes de final de obra, acreditaciones catastrales y pagos de aduanas con el fin de demostrar que las plantas comenzaron a verter electricidad antes septiembre de 2008 y que, de esta forma, tenían derecho a recibir las primas contempladas en el real decreto 661/2007, superiores a las actuales.

En conjunto, dicho proceso, afectará globalmente a 9.112 instalaciones. De hecho, los servicios de inspección de la CNE habían solicitado 9.041 instalaciones, en aplicación del real decreto 1003/2010. Asimismo, también se ha procedido al estudio de otras 71 instalaciones, que directamente presentaron su documentación en el organismo sin habérsela requerido.

De estas 9.112 instalaciones, un total de 912 se han acogido a la llamada «amnistía fotovoltaica», renunciando así a unas condiciones retributivas superiores (de 47,5 céntimos de euros por kWh) a las que inicialmente se habían acogido, para acogerse por propia voluntad al R.D. 1578/2008 (que paga a 32,6 céntimos el kWh) y regularizar de este modo su situación. Así, y tras la renuncia de estas 912, el proceso investigador se ha centrado en las 8.201 instalaciones restantes.

Energía Diario ha tenido acceso, en exclusiva, al resultado de las primeras 1.001 instalaciones investigadas, es decir, el 12,20% del total. Como resultado de este primer análisis, 650 han acreditado completamente su situación retributiva y su sujeción al R.D. 661/2007, mientras que a 350 instalaciones se les propone la suspensión de la retribución, quedándose a precios de mercado.

Esta suspensión cautelar implica que estas instalaciones momentáneamente se quedan sin percibir primas y sus expedientes serán remitidos de la CNE al Ministerio de Industria, que será el encargado de iniciar de oficio un procedimiento en el que dará audiencia al interesado y adoptará la resolución correspondiente. Mientras, la CNE ha decidido remitir también a las comunidades autónomas competentes copia de los expedientes correspondientes.

En total estas instalaciones tienen una potencia instalada total de 32,5 MW y una producción de 61 GW/h. El ahorro anual de esta suspensión se estima en 26,5 millones de euros.

Por su parte, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) ha reclamado a la CNE que publique en su totalidad las conclusiones de su investigación acerca de las plantas fotovoltaicas y que evite difundir «resultados por entregas», que no hacen sino «dañar la imagen del sector».

«A falta de conocer más detalles, nos gustaría contar con los resultados de la inspección entera y no con unos resultados por entregas», ha indicado un portavoz de la asociación, quien además consideró que «cuanto antes se dé carpetazo, menos daño sufrirá el sector».

Junto a esto, la asociación ha recordado que su posición frente a las posibles irregularidades relacionadas con la actividad fotovoltaica siempre ha sido la de que las autoridades persigan cualquier tipo de fraude.