La CNE recibe la memoria técnica de Endesa sobre el apagón de marzo en Girona

A partir de ahora, el regulador energético deberá elaborar un informe, no vinculante, en el que determinará hasta dónde llega la responsabilidad de la compañía eléctrica en este caso y, por lo tanto, qué indemnizaciones deberá acometer. La decisión final corresponderá al Ministerio de Industria.

Según informaron fuentes cercanas al caso, Endesa envió a la CNE el citado documento el pasado lunes. El 25 de marzo, esta Comisión solicitó información a Endesa y a Red Eléctrica en relación a los cortes de suministro de Girona (marzo) y Tenerife (febrero), en el marco del expediente abierto a estas dos compañías al efecto.

En la citada memoria, que Endesa también ha presentado ante el Gobierno catalán, la compañía intenta demostrar que todas las instalaciones afectadas por el temporal de nieve cumplían con la normativa técnica exigible.

Por lo tanto, la tesis que defiende la empresa presidida por Borja Prado es que el apagón, que se prolongó durante una semana y llegó a afectar a 200.000 clientes en la primera jornada (el 8 de marzo), no tuvo nada que ver con el estado en que se encuentan las instalaciones.

Por contra, el informe defiende que se trata de una peculiar situación, con precedentes en otros países desarrollados como pueden ser Alemania, Canadá y Estados Unidos, y que este es un caso de fuerza mayor. Será la CNE quien discierna hasta qué punto este es, de hecho, un caso de fuerza mayor, circunstancia que trasladaría la responsabilidad de pagar las indemnizaciones a las autoridades autonómicas y/o estatales.

Endesa no cobrará a los afectados el suministro eléctrico de lo días en los que, efectivamente, tuvieron el servicio cortado y ha dejado clara su voluntad de responsabilizarse de todas las indemnizaciones que le corresponda pagar.

Además, la compañía hará público «en unos días» cómo se va a compensar a los consumidores afectados.

Para tratar sobre el caso, el presidente de la compañía, Borja Prado, mantuvo un encuentro en Barcelona con el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, y el presidente de la Generalitat, José Montilla.